lunes, agosto 07, 2006

NO LO OLVIDEN CAMARADAS, APUNTARSE EN LA CONVOCATORIA DE PROCESO AL VOTO POR VOTO CIUDADANO

Entre la hipocresía y el cinismo

: Análisis Político
La miseria atormenta a más de la mitad de los mexicanos, pero no lo admiten
foto: benjamín flores
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Entre la hipocresía y el cinismo
Álvaro delgado

México, D.F., 7 de agosto (apro).- Parece una paradoja: Desde la noche misma del 2 de julio surgieron, en alto número, asesores oficiosos de Andrés Manuel López Obrador para encomiarle, primero, haber puesto la pobreza en la agenda del país y luego, tras la protesta en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma, solicitarle deponer esa conducta que mina su patrimonio político y, ahora, le sugieren mirar como triunfo suyo la revisión del puñado de casillas ordenada por los jueces y conformarse.

Vaya, hasta Felipe Calderón le concedió ayer domingo 6 que el sistema electoral ya tronó --“muestra signos de agotamiento”--, y planteó a los legisladores de su partido, en un alarde de visión de Estado, emprender una nueva “reforma política” y la transformación de todas las instituciones del país “que hacen posible la relación entre poderes y la convivencia entre los mexicanos”.

Los asesores oficiosos imparten, desde sus atalayas en los medios y desde el PAN, lecciones de urbanidad a López Obrador quien, de no acatarlas, acredita que es efectivamente un “peligro para México”, un monstruo de apetitos de poder insaciables, de gran destreza manipuladora de masas ciegas --y a sueldo, por supuesto--, contumaz violador de la ley, destructor de instituciones y hasta fabricante de granizos para las trombas.

Tamaña lucidez no sólo proviene de la nomenclatura exquisita de México, a menudo atenida al erario --en realidad a los erarios, porque la manutención se consigue en estados y municipios--, sino de locutores de espectáculos transformados en repentinos analistas políticos, que repiten conmovedoras proclamas contra los “nacos” que afean el “corazón de México”. Y en este lance de decencia y buenas costumbres no dudan en lanzarle flores al pedestal en que levantaron el bronceo monumento de Cuauhtémoc Cárdenas –“¡cómo ha cambiado el ingeniero!”--, a quien no hace mucho asociaban al demonio en que se ha convertido hoy López Obrador, “su hechura”, dice una expresión de los políticamente correctos, esos ejemplares de la nomenclatura --y sus jilgueros-- que se hacen pasar como los faros del país.

Los juiciosos guías de la nación adjuntan a sus proclamas diversas iniciativas para conjurar la guerra, como vestir de blanco y portar moños del mismo color, encender los faros del auto, donar artículos de limpieza y alimentos a orfanatos, asilos y parroquias, pero también el “diálogo” inmediato y la inobjetable mano dura para poner en su lugar a los revoltosos.

Se trata, en realidad, del lenguaje de los hipócritas, los que ven en la transa cupular la única vía civilizada para compartir el poder, así sea espurio; los que creen que la “izquierda moderna” debe consagrarse incondicionalmente a participar en el sistema de privilegios; los que niegan el igualitarismo por antinatural y ven el sometimiento como fatalidad; los departen con patrocinadores para transmitir sus certeros juicios; los que ven el uso del lenguaje regional como antítesis de un cosmopolitismo rabón.

En fin, lo que descubren que la miseria atormenta a más de la mitad de los mexicanos, pero no admiten la osadía de dejarse obnubilar por un “loco” inescrupuloso, un “Mesías” que los usa como carne de cañón, que no se atiene a la ley y a las instituciones que “con tanto sacrificio hemos construido todos”.

En efecto, no es admisible la manipulación ni el engaño; es repugnante desacatar leyes e instituciones, sobre todo por parte de quienes las deben hacer valer; es oprobiosa la arbitrariedad de unos cuántos sobre la mayoría; ofende la amnesia y la sinrazón.

Pero hay que decir las cosas con claridad, sin desgarramiento de vestiduras: El orden constitucional, que garantiza el ejercicio de las diversas libertades, no ha sido roto por la indignación de mexicanos que --legítimamente-- protestan por haber sido ultrajados, con razón o sin ella, en la emisión de su voto.

Sin la histeria de la propaganda, que se reproduce como tormenta en el grueso de los medios de comunicación, particularmente audiovisuales, la inconformidad o conformidad con el resultado electoral sigue su marcha por las vías constitucionales tratándose de un proceso político.

Tan legítimo es protestar en las calles, aun con el taponamiento del Paseo de la Reforma --que a quienes vivimos aquí no nos gusta--, como que Calderón se reúna con toda suerte de prosélitos o aliados --haciéndose pasar como si estuviera ya investido de jefe de las instituciones nacionales--, entre ellos con quienes cometen descarados desafíos a la ley.

¿Es justificable que Elba Esther Gordillo usurpe facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para proclamar “presidente electo” a Calderón, y que él mismo lo exija --con insolencia-- ante los magistrados, a pesar de que se dice respetuoso de las leyes? ¿Son legítimos y democráticos los amagos del presidente Vicente Fox de “no jugar con fuego” y corresponder con insolencia a ciudadanos que actúan de manera análoga?

¿Son equiparables los conflictos en la Ciudad de México y los de Oaxaca con los del sindicato minero por el que han muerto mexicanos que valen igual que cualquier otro mexicano? ¿Son más peligrosos los mexicanos que protestan, como lo hicieron legítimamente por décadas los panistas, a los criminales del narcotráfico? ¿Son encomiables los cierres de carreteras y del aeropuerto de Silao, Guanajuato, por parte de Fox, en 1991, y repugnantes los campamentos en el Zócalo y Reforma?

Y si, en efecto, las acciones que llevan a cabo los simpatizantes de López Obrador --y aun él mismo-- conspiran contra el orden constitucional, entonces la autoridad facultada, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, debe proceder contra ellos, en vez de reunirse --en horario laboral-- con diputados y senadores de su partido, como lo hizo hoy lunes en Querétaro.

Hay que dejarse de hipocresías e imposturas, de descaros y cinismos, porque existe en México un problema político profundo que rebasa las proclamas de triunfo de uno y otro lado: Los que no votaron por uno son casi exactamente los mismos que no optaron por el otro, incluyendo a los abstencionistas.



Por ahora el TEPJF ha resuelto volver a escrutar y contar sólo casi 12 mil casillas, cancelando la solicitud de la coalición Por el bien de Todos, y hubo un mitin frente a las instalaciones de ese órgano. ¿Y qué? ¿O es que ya se le olvidó a los mexicanos, a todos, no solamente a quienes votan por una u otra opción que los avances democráticos han resultado de protestas, algunas de ellas violentas? ¿Ya cundió la amnesia de que sólo a partir de manifestaciones, civiles y pacíficas, se repararon arbitrariedades cometidas desde el poder, como en Guanajuato, en 1991, que es el origen de Fox y del PAN en el poder, o la destitución de Fausto Zapata en San Luis Potosí, gracias a la movilización del íntegro doctor Salvador Nava?

Dicho de otro modo, ¿para qué entonces Calderón plantea una nueva reforma política que sustituya al modelo electoral actual que “muestras signos de agotamiento”? ¿Es una iniciativa sincera o una muestra de hipocresía y cinismo sólo para dejar de ser un corcho en medio del océano?

En México tenemos un problema mayúsculo, y no es con hipocresías como saldremos de él. Urge una auténtica “purificación de la vida nacional”, que por cierto no es una frase de López Obrador, es de Daniel Cosío Villegas, a quien Enrique Krauze debería volver a leer, si es que se dice su discípulo, porque padece de amnesia.

Esto dijo sobre López Obrador en vísperas de las elecciones del año 2000: “Ahí está apuntando un líder nuevo en México: Es un tipo serio sin ser solemne, un tipo que habla claro y comunica bien, sin retóricas y sin rebuscamientos. Es un hombre evidentemente honesto, derecho, y que representa para la izquierda una alternativa muy importante de renovación. Me parece que él representa el embrión de una izquierda nueva que México necesita muchísimo.”

Tal cual.

Apuntes

Insisto: sin hipocresías ni cinismos.

Comentarios: delgado@proceso.com y www.proceso.com.mx

¿Sólo 9% de transparencia?

¿Sólo 9% de transparencia?

¿Sólo 9% de transparencia?
Manuel Camacho Solís
07 de agosto de 2006

¿ Puede un nivel de inconformidad ciudadana como el que produjo la elección pasar por la puerta que abrieron los magistrados del Tribunal Electoral? No. Pero por esa rendija de legalidad tendrá que respirar el movimiento para evitar que, mientras el Tribunal va al fondo, se desborde la movilización. El recuento parcial y limitado, bien conducido, puede terminar abriendo la puerta de la justicia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la decisión de abrir 9.07% de las casillas. Pudo haber seguido otro camino: contar 62% donde hay errores numéricos, o el 100%, es decir, todos los votos. Si lo hubiera hecho, se habría logrado legitimar la elección y resolver la crisis política. No lo hizo. Dejó ir una oportunidad de reconciliación. La inconformidad de la mitad de los ciudadanos que consideran que la elección fue fraudulenta (encuesta de Parametría) no alcanza a pasar por el umbral del 9% que decidieron los magistrados. La mayoría que apoya el recuento de todos los votos (Parametría e Ipsos-Bimsa) para que se conociera la verdad sobre la elección quedará insatisfecha. Si se valida la elección, siempre quedará la duda. Pero los magistrados dejaron una rendija abierta. La coalición puede aprovecharla para hacer uso, hasta el último momento, de los recursos que le da la ley.

El Tribunal procedió conforme a una interpretación estrecha de la ley. Se atuvo a una interpretación rigorista del Cofipe y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Pudo haber procedido conforme a la interpretación más generosa de la Constitución para mejor salvaguardar los principios de certeza, objetividad e imparcialidad. Nada habría dado más certeza que el recuento total.

Su decisión está tomada. Frente a ella, pienso que es preferible:

1) Ir al recuento. Al hacerlo se mantendrá la lucha en los espacios que nos otorga la ley. Pero también, porque aunque sólo vayan a abrir 9% de las casillas, se trata de un número mayor al que representaba la muestra del conteo rápido del IFE. Si ahí se demuestra que las diferencias a favor de la coalición son suficientes, ello dará fuerza a la demanda de transparencia total.

2) En la revisión de esas casillas será casi imposible revertir el resultado inicial. Sin embargo, no se debe desestimar que, si se anula un número suficiente de esas casillas, se podría, aún así, modificar el resultado del cómputo. Aunque no se logre el propósito, con el conteo parcial, al menos se reforzará la idea de que convenía limpiar la elección.

3) Ir al recuento parcial no impide mantener la bandera del recuento completo. Voto por voto. Casilla por casilla. Nuestra demanda ha sido tan convincente que 70% de los ciudadanos la respalda.

4) La organización del equipo que participará en el recuento adquiere la mayor importancia. Esta es la tarea. Nada debe distraernos. No podemos cometer ningún error o descuido; sería imperdonable.

5) Entre más tiempo pasa y con más información contamos, más queda claro que, el 2 de julio, hubo acciones fraudulentas que modificaron los resultados de la elección. Si no fuera así, sería inexplicable que Felipe Calderón no se hubiera pronunciado desde el principio por el recuento total de votos.

6) También, como ha quedado demostrado, las acciones previas ilegales que llevaron a cabo el PAN, el presidente Fox y sus aliados, impidieron que hubiera una elección libre y equitativa. Ellos saben que sin esos actos ilegales, no habrían ganado.

La decisión de los magistrados del TEPJF ha sido severísima, pero no es la decisión final. Yo todavía confío en que los paquetes que se van a abrir no hayan sido arreglados y que, con los elementos adicionales y con los que ya cuenta el Tribunal, los magistrados resuelvan con justicia. Con 9% de transparencia no se resolverá la crisis. Pero una mirada a ese 9% puede aportar información adicional que confirme que la elección no fue "la más limpia, justa y libre de la historia". Entonces sí los magistrados enfrentarán un dilema ético.

Diputado federal (PRD)

REGLAS PARA EL NUEVO ESCRUTINIO Y COMPUTO DE LOS VOTOS. TEPJF

REGLAS A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE EL NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLAS A CARGO DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO

http://www.trife.gob.mx/

TERCERO. Con el objeto de llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo ordenado en esta ejecutoria, en el brevísimo plazo necesario para desahogar todas las impugnaciones formuladas contra los cómputos distritales de la elección presidencial, al treinta y uno de agosto del presente año, inclusive, y en atención a la cantidad de asuntos en donde se ha tomado una decisión igual, que impediría a este órgano jurisdiccional llevar a cabo todas las diligencias simultáneamente, como lo ha hecho en otras ocasiones, procede acudir al auxilio de otras autoridades del país para que realicen la diligencia, en comisión de esta Sala, con fundamento en los artículos 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, párrafo 3, y 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según los cuales, para el desempeño de sus funciones, esta autoridad federal contará con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, y podrá ordenar que se realice alguna diligencia, siempre que no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación o sea un obstáculo para resolver en los plazos legalmente establecidos.

Al efecto, como se trata del cumplimiento de una resolución judicial, se considera conveniente que la actuación ordenada sea dirigida por un funcionario jurisdiccional, y como el objeto del juicio al que corresponde el incidente es la impugnación de una elección federal, resulta más acorde que tales funcionarios pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, como son los Magistrados electorales de las Salas Regionales, los Magistrados de Circuito o los Jueces de Distrito, los cuales, además, se encuentran ubicados en distintas partes del territorio nacional.

Asimismo, se considera que para el mejor cumplimiento y coordinación de ese auxilio en los distintos fallos emitidos en esta misma fecha, el conducto legal adecuado es el Consejo de la Judicatura Federal, pues a éste corresponde la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, la decisión tomada en esta resolución deberá comunicarse a dicho Consejo, por conducto de su Presidente, a fin de que determine el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito que será comisionado para dirigir la diligencia de recuento, asistido por un secretario, para dar fe.

En atención a que los paquetes electorales, objeto del nuevo escrutinio y cómputo, se localizan en las oficinas del Consejo Distrital Electoral, se considera conveniente que la diligencia se lleve a cabo en esas oficinas, con el apoyo ejecutivo de su Presidente y del Secretario, o de quienes legalmente puedan sustituirlos, así como con el personal que el presidente decida, para aprovechar la experiencia y profesionalismo de dicho órgano.

La apertura de la diligencia tendrá lugar el nueve de agosto, a las nueve horas, y deberá ser concluida, a más tardar, dentro de cinco días naturales.

La diligencia se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente:

1. El Magistrado o Juez de Distrito dirigirá la diligencia.

El Presidente y el Secretario del Consejo Distrital realizarán la labor de escrutinio y cómputo, auxiliados por el personal que al efecto designe dicho presidente.

2. Los Magistrados o Jueces encargados de llevar a cabo la diligencia no podrán ser recusados, ni excusarse, ya que su intervención en la diligencia no implica la toma de decisiones sustanciales en el recuento, por concretarse a la ejecución de una diligencia, en auxilio de las labores de esta Sala Superior. Al respecto, resulta ilustrativo lo dispuesto en el artículo 42, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVII, página 348, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del siguiente tenor: "RECUSACIÓN. Los Jueces serán recusables en las diligencias de ejecución mixta, pero no en las de mera ejecución."

3. Solamente podrán tener intervención en la diligencia: los funcionarios a que se refieren los puntos anteriores y un solo representante de cada partido político o coalición, que podrá ser el acreditado ante ese Consejo Distrital, o alguno con facultades de representación de esos entes políticos. Dicha representación podrá demostrarse con la presentación de un escrito simple, en el cual se confiera al compareciente autorización para ocurrir a la diligencia, por los órganos dirigentes nacionales, estatales o distritales del partido político o coalición, o por alguno de los medios establecidos en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En caso de concurrir varios representantes de un partido político o coalición, se atenderá al orden siguiente:

a. El que se determine entre ellos.

b. El representante acreditado ante el Consejo Distrital.

c. La persona autorizada por órganos partidistas nacionales.

d. La persona autorizada por órganos partidistas estatales.

e. La persona autorizada por órganos partidistas distritales.

4. Simultáneamente a la realización de la diligencia, se levantará el acta circunstanciada correspondiente, en la que se hará constar lo que ocurra respecto a los puntos siguientes.

5. En el acta se señalará el lugar, fecha y hora de inicio de la diligencia, asentándose quién la dirige, los nombres del Presidente y del Secretario del Consejo, y de sus auxiliares; así como el nombre e identificación de los representantes de los partidos y coaliciones que comparezcan. En caso de que éstos no sean los acreditados ante el Consejo Distrital, se hará constar el documento que exhiben para demostrar su representación.

6. Se describirán las medidas de seguridad con que cuente el lugar en donde estén resguardados los paquetes electorales, y se procederá a extraer los correspondientes a las casillas que serán motivo del nuevo escrutinio y cómputo, los cuales en todo momento se mantendrán a la vista de quienes participan en la diligencia. Si se trata de una cantidad que no fuera posible tener al mismo tiempo en el lugar en donde se lleva a cabo la diligencia, se extraerán por grupos y se volverá a cerrar el local donde estén resguardados, y una vez contabilizados los primeros, se regresarán éstos, y se sacará el siguiente grupo, así sucesivamente hasta que se agote el número de los que deben abrirse.

7. Se hará la revisión de todos los paquetes que fueron extraídos del lugar de resguardo, dando fe del estado que guardan.

8. Se procederá a abrir los paquetes electorales en el orden numérico de las casillas que serán objeto del nuevo escrutinio y cómputo.

9. Se describirá de manera general, en forma breve y concisa, lo que se encuentre en el paquete electoral, y de manera específica los sobres que contengan las boletas sobrantes y los votos emitidos.

10. Se abrirá el sobre que contenga las boletas sobrantes e inutilizadas y se contarán, asentándose ese dato en el formato que más adelante se insertará.

11. Se abrirán los sobres que contengan los votos. En su caso, se dará fe si se encuentran boletas de otras elecciones, procediendo a separarlas para regresarlas al paquete electoral.

12. Se procederá a separar los votos para cada partido político o coalición, candidatos no registrados y votos nulos.

En caso de que durante el escrutinio de los votos se presente oposición sobre la ubicación que deba corresponder a algunos, se anotará un número con lápiz, en la parte superior derecha del reverso de la boleta, según el orden en que sean discutidas; el mismo número escrito al reverso de las boletas se anotará en el acta, y se asentará el motivo del diferendo, en correspondencia con cada número; tales votos discutidos se reservarán y guardarán en un sobre separado por cada casilla, el cual tendrá la anotación de la casilla de que se trate, y se enviará para su posterior calificación a la Sala Superior, con la precisión del número de votos que estén en esa situación, en el formato que se inserta en el apartado siguiente.

13. Se contarán los votos para cada partido político, coalición, candidatos no registrados y los votos nulos, y se asentará en el formato que a continuación se inserta, debiendo reproducirse en el cuerpo del acta circunstanciada cuantas veces sea necesario.

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA:

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

CANTIDAD CON NÚMERO

CANTIDAD CON LETRA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

COALICIÓN ALIANZA POR MÉXICO

COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS

NUEVA ALIANZA

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA

VOTOS PARA CANDIDATOS NO REGISTRADOS

VOTOS NULOS

BOLETAS SOBRANTES E INUTILIZADAS

EN SU CASO, VOTOS RESERVADOS PARA SU CALIFICACIÓN POR LA SALA SUPERIOR

14. Se regresará la documentación al paquete electoral, se cerrará, sellará y firmará por el Magistrado o Juez que dirija y su Secretario, así como el Presidente y el Secretario del Consejo, y por los representantes de partido político que quisieren hacerlo.

15. En el curso de la diligencia, la intervención del representante de cada partido o coalición sólo podrá estar relacionada con el contenido específico de los votos y se limitará a señalar, en forma breve y concisa, el motivo de su oposición, según los siguientes supuestos: a) La marcación de la boleta comprende a varias opciones; b) Hay alteración o avería de la boleta, y c) La boleta carece de alguna marca; o bien, los argumentos contrarios, cuando se la intervención se dirija a sostener la validez de un voto.

16. La diligencia se desahogará en sesión ininterrumpida, durante un máximo de cinco días para concluir, en el entendido de que habrá posibilidad de relevo. En el caso de los funcionarios judiciales que dirigen la diligencia, por algún otro Magistrado o Juez, que precise el Consejo de la Judicatura Federal, o en su caso, por algún Magistrado de Sala Regional que comisione esta Sala Superior. En el caso del Presidente y del Secretario del Consejo Distrital, podrán ser relevados por alguno de los otros consejeros. En el caso de los representantes de partido político o coalición, el relevo se hará de entre los autorizados, en los términos establecidos en el punto 3.

La base para formar una mesa de recuento será hasta de cien paquetes electorales en un distrito, o un número aproximado. Cuando sea más de una mesa de votación, el auxilio del Consejo Distrital se podrá prestar por dos Consejeros, o por uno y un funcionario de alta jerarquía.

En aquellos distritos donde la carga de trabajo sea considerable, y exista el riesgo de no concluir en el plazo establecido, se abrirán simultáneamente más de una mesa de recuento. Asimismo, esta Sala Superior podrá adoptar medidas extraordinarias, cuando se le ponga en conocimiento la insuficiencia de esa medida, a efecto de cumplir en el plazo establecido.

17. Se hará constar la hora y fecha en que concluya la diligencia, debiéndose cerrar inmediatamente después el acta que será firmada por el Magistrado o Juez de Distrito que la haya dirigido, y el Secretario que da fe, así como por el Presidente y el Secretario del Consejo Distrital y los representantes de los partidos políticos y coaliciones. En caso de negativa de estos últimos se asentará el motivo que hubieran expresado.

18. Quien dirija la diligencia podrá ordenar a la fuerza pública que esté resguardando el local del Consejo, que desaloje a quienes no se apeguen al procedimiento establecido o caigan en actos de indisciplina.

19. Esta resolución se notificará a todos los partidos políticos o coaliciones contendientes en la elección presidencial, y la misma servirá de convocatoria para asistir a la diligencia, en la fecha y hora señaladas.

20. El acta circunstanciada y la documentación que se haya generado deberá ser enviada a esta Sala Superior por el o los Magistrados o Jueces de Distrito que haya dirigido la diligencia, en un solo paquete cerrado y rubricado por los funcionarios que actuaron y los representantes de partido político que deseen hacerlo; el cual será dirigido a la Oficialía de Partes, y remitido por el medio más expedito y seguro, como el servicio de mensajería.

21. Las cuestiones no previstas se resolverán de plano por la Sala Superior, en cuanto se le pongan en conocimiento, en cualquier forma, sin necesidad de mayores formalidades.

MODELO DE ACTA PARA NUEVO ESCRUTINIO Y VOTO

Modelo de acta para nuevo escrutinio y voto. TEPJF


ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA JUDICIAL ORDENADA EN LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECAIDA AL EXPEDIENTE SUP-JIN___/2006

En la ciudad de____, Estado de____, siendo las ____ horas con _____ minutos del nueve de agosto de 2006, el suscrito (Magistrado/Juez de Distrito)_____, asistido del secretario _______ que da fe, nos constituimos en el domicilio del Consejo Distrital Electoral ____, ubicado en____, para practicar en auxilio de las labores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo ordenada en la sentencia interlocutoria recaída al expediente SUP-JIN-___/2006.

Se hace constar que la realización del escrutinio y cómputo a que se refiere la interlocutoria de mérito, estará a cargo de ______y____, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente del Consejo Distrital Electoral________, con sede en ______, quienes serán auxiliados por________, personas que el Presidente de dicho Consejo designó al efecto.

Se hace constar asimismo, la representación de partidos políticos y coaliciones, en los siguientes términos:

Partido Acción Nacional, por conducto de _____, quien se identifica con______, y acredita su carácter de representante______, con el documento consistente en _______.

Coalición Alianza por México, por conducto de _____, quien se identifica con______, y acredita su carácter de representante______, con el documento consistente en _______.

Coalición Por el Bien de Todos, por conducto de _____, quien se identifica con______, y acredita su carácter de representante______, con el documento consistente en _______.

Partido Nueva Alianza, por conducto de _____, quien se identifica con______, y acredita su carácter de representante______, con el documento consistente en _______.

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, por conducto de _____, quien se identifica con______, y acredita su carácter de representante______, con el documento consistente en _______.

El objeto de la presente diligencia consiste en abrir los paquetes electorales de las (número) casillas identificadas como______,_______,________,______,_______,_______, y realizar el escrutinio y cómputo respecto de ellas, atendiendo a los lineamientos establecidos en los puntos del considerando tercero de la sentencia interlocutoria mencionada.

Acto seguido, el Presidente y el Secretario del Consejo Distrital, en presencia de los funcionarios judiciales federales y de los representantes de los partidos políticos y coaliciones que han quedado identificados se trasladan al lugar donde se encuentran resguardados los paquetes electorales; se da fe del estado en que se encuentra y se procede a (quitar los sellos, abrir los candados, etc.) de (la bodega, bóveda, etc.), lugar en que se encuentran resguardados los paquetes de las casillas electorales. Se da fe, de que dicho lugar cuenta con las medidas de seguridad siguientes:_______________________.

Enseguida, se localizan y extraen los paquetes electorales de las (número), casillas identificadas como _______,_______,______, dándose fe del estado que guardan, los cuales no muestran signos de haber sido violados o alterados, porque _______________________.

Cabe señalar que debido a que se trata de un número considerable de paquetes en los que se ordenó su apertura, se extrae un grupo de ___ de ellos, se cierra el lugar, para luego regresarlos y extraer otro tanto, hasta concluir con todos.

Acto seguido se procede a abrir el paquete electoral de la casilla (número) (tipo), y el Secretario da fe de que contiene: (descripción general, en forma breve y concisa, de lo que se encuentra en el paquete electoral, y de manera específica los sobres que contengan las boletas sobrantes y los votos emitidos). Primero se verifica la constancia del número de boletas recibidas, que generalmente se encuentra en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, y se toma nota de lo ahí asentado (asentar el número de boletas recibidas según dichos documentos). A continuación se abre el sobre que contiene las boletas sobrantes e inutilizadas y se procede a contarlas y anotar el resultado en el formato que enseguida se inserta. Acto continuo se abre el sobre que contiene los votos (en su caso, se debe de dar fe si se encuentran boletas de otras elecciones, procediendo a separarlas para regresarlas al paquete electoral) y se procede a separar y contar los votos de cada partido político o coalición, candidatos no registrados y votos nulos, en la inteligencia de que los votos objetados se reservaron para la siguiente parte del acta. Los resultados se expresan en la tabla siguiente:

SECCIÓN Y TIPO DE CASILLA:

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

CANTIDAD CON NÚMERO

CANTIDAD

CON LETRA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

COALICIÓN ALIANZA POR MÉXICO

COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS

NUEVA ALIANZA

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA

VOTOS PARA CANDIDATOS NO REGISTRADOS

VOTOS NULOS

BOLETAS SOBRANTES E INUTILIZADAS

EN SU CASO, VOTOS RESERVADOS PARA SU CALIFICACIÓN POR LA SALA SUPERIOR

Se hace constar que el representante de (partido o coalición) se opone a la ubicación que corresponde a (número de votos), por lo cual se procede a ponerles un número progresivo, con lápiz, en la parte superior derecha del reverso de cada boleta, para incluirlos en un sobre donde se anotará la casilla a la que pertenecen, con el fin de que se lleve a cabo su calificación por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos votos son:

¿Sólo 9% de transparencia?

¿Sólo 9% de transparencia?
Manuel Camacho Solís
07 de agosto de 2006

¿ Puede un nivel de inconformidad ciudadana como el que produjo la elección pasar por la puerta que abrieron los magistrados del Tribunal Electoral? No. Pero por esa rendija de legalidad tendrá que respirar el movimiento para evitar que, mientras el Tribunal va al fondo, se desborde la movilización. El recuento parcial y limitado, bien conducido, puede terminar abriendo la puerta de la justicia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la decisión de abrir 9.07% de las casillas. Pudo haber seguido otro camino: contar 62% donde hay errores numéricos, o el 100%, es decir, todos los votos. Si lo hubiera hecho, se habría logrado legitimar la elección y resolver la crisis política. No lo hizo. Dejó ir una oportunidad de reconciliación. La inconformidad de la mitad de los ciudadanos que consideran que la elección fue fraudulenta (encuesta de Parametría) no alcanza a pasar por el umbral del 9% que decidieron los magistrados. La mayoría que apoya el recuento de todos los votos (Parametría e Ipsos-Bimsa) para que se conociera la verdad sobre la elección quedará insatisfecha. Si se valida la elección, siempre quedará la duda. Pero los magistrados dejaron una rendija abierta. La coalición puede aprovecharla para hacer uso, hasta el último momento, de los recursos que le da la ley.

El Tribunal procedió conforme a una interpretación estrecha de la ley. Se atuvo a una interpretación rigorista del Cofipe y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Pudo haber procedido conforme a la interpretación más generosa de la Constitución para mejor salvaguardar los principios de certeza, objetividad e imparcialidad. Nada habría dado más certeza que el recuento total.

Su decisión está tomada. Frente a ella, pienso que es preferible:

1) Ir al recuento. Al hacerlo se mantendrá la lucha en los espacios que nos otorga la ley. Pero también, porque aunque sólo vayan a abrir 9% de las casillas, se trata de un número mayor al que representaba la muestra del conteo rápido del IFE. Si ahí se demuestra que las diferencias a favor de la coalición son suficientes, ello dará fuerza a la demanda de transparencia total.

2) En la revisión de esas casillas será casi imposible revertir el resultado inicial. Sin embargo, no se debe desestimar que, si se anula un número suficiente de esas casillas, se podría, aún así, modificar el resultado del cómputo. Aunque no se logre el propósito, con el conteo parcial, al menos se reforzará la idea de que convenía limpiar la elección.

3) Ir al recuento parcial no impide mantener la bandera del recuento completo. Voto por voto. Casilla por casilla. Nuestra demanda ha sido tan convincente que 70% de los ciudadanos la respalda.

4) La organización del equipo que participará en el recuento adquiere la mayor importancia. Esta es la tarea. Nada debe distraernos. No podemos cometer ningún error o descuido; sería imperdonable.

5) Entre más tiempo pasa y con más información contamos, más queda claro que, el 2 de julio, hubo acciones fraudulentas que modificaron los resultados de la elección. Si no fuera así, sería inexplicable que Felipe Calderón no se hubiera pronunciado desde el principio por el recuento total de votos.

6) También, como ha quedado demostrado, las acciones previas ilegales que llevaron a cabo el PAN, el presidente Fox y sus aliados, impidieron que hubiera una elección libre y equitativa. Ellos saben que sin esos actos ilegales, no habrían ganado.

La decisión de los magistrados del TEPJF ha sido severísima, pero no es la decisión final. Yo todavía confío en que los paquetes que se van a abrir no hayan sido arreglados y que, con los elementos adicionales y con los que ya cuenta el Tribunal, los magistrados resuelvan con justicia. Con 9% de transparencia no se resolverá la crisis. Pero una mirada a ese 9% puede aportar información adicional que confirme que la elección no fue "la más limpia, justa y libre de la historia". Entonces sí los magistrados enfrentarán un dilema ético.

Diputado federal (PRD)

Un 9 % de justicia

Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha
07 de agosto de 2006

Un 9 % de justicia

Por supuesto que la sentencia del Tribunal Electoral es una mala noticia para Andrés Manuel López Obrador. Pero lo es también para Felipe Calderón. Y sobre todo es una pésima noticia para el país.

En el caso del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, está claro que el voto por voto en todas las casillas hubiera representado la posibilidad matemática total de revertir el conteo del IFE en su favor. Con un porcentaje de apenas 9% de apertura de casillas y nuevo conteo esa posibilidad se reduce drásticamente.

Ahora requerirá de un promedio de 30 "nuevos votos" favorables en cada casilla para revertir el conteo preliminar -que el IFE difundió y oficializó ilegalmente- con una diferencia de 243 mil votos en su contra. Aun si el nuevo conteo le fuera favorable, pero en menor proporción a lo requerido, de poco le serviría la estadística de perder por menos votos. Aunque esta eventualidad detonaría un terrible escenario de rabia e incertidumbre sobre lo que pudiere haber arrojado el otro 91% de las casillas.

Creo también sinceramente que el fallo del Tribunal es una mala nueva para Felipe Calderón. Ahora resulta que le favorece, por lo menos en el terreno de las probabilidades. Pero Felipe perdió la oportunidad histórica y estratégica de haberse pronunciado por el voto por voto y casilla por casilla. Ahora nadie podría reclamarle nada porque esta decisión no habría dependido de él, sino del Tribunal.

Y en caso de que el nuevo conteo reafirmara el del IFE, habría obtenido una legitimidad prácticamente indiscutible. Lástima. Porque ahora persistirá el demonio de la duda.

Pero, sobre todo, la determinación del Tribunal es un fallo fallido. Se atuvo a una interpretación legalista a ultranza y menospreció grandes evidencias que han abrumado a la nación en los meses recientes. Y no me refiero únicamente al formidable reclamo popular de millones que fue absolutamente ignorado por los señores magistrados. Hay muchas otras obviedades. Pero las más importantes se nos han restregado en la cara: la intromisión escandalosa del presidente Fox en todo el proceso para destruir a López Obrador e imponer a Calderón; la ilegalidad del uso de recursos públicos con los mismos propósitos y la intervención abusiva y también ilegal de cúpulas y empresas del sector privado.

Conste que ni siquiera incluyo las campañas del miedo y el peligro que podrían estar sujetas a las más diversas interpretaciones. Pero, por si todo esto fuera poco, ahí está la mínima diferencia de medio punto porcentual en el sospechoso y cuestionado conteo del IFE, que es motivo suficiente para un nuevo conteo total en una elección tan cuestionada y en la que hasta errores involuntarios podrían haber determinado una ventaja tan reducida.

Pero se requería de un talante histórico y valiente que no tuvo el Tribunal Electoral. Claro que se trataba de una decisión política. Pero política es también la Constitución de todos los mexicanos. Además, sobraban los argumentos legales para sostenerla. Al fin y al cabo, todo era un asunto de interpretación. Sin embargo, el Tribunal no tuvo el valor de asumir la urgencia de certidumbre de la nación. Nos ha hecho justicia de menos de 10%.

Porque, hasta ahora, no queda claro en la resolución si el Tribunal pudiera ordenar la apertura total de las 130 mil casillas en caso de que el recuento en las 11 mil 839 que se abrirán evidencie las irregularidades denunciadas por la coalición. Pero se ve difícil, por lo que los magistrados han mostrado hasta ahora.

Por lo pronto, mas allá de los legalismos, la legitimidad ha quedado destrozada. La amarga lección de 2006 será que en este país la democracia es puro cuento. Que el presidente en turno se puede meter en los procesos electorales hasta donde se le pegue la gana. Que los señores del dinero también. Que el IFE puede ser un árbitro vendido o comprado, que para el caso es lo mismo. Y que es inútil acudir a votar porque ese voto no se cuenta y no se respeta.

Por lo pronto la coalición y López Obrador endurecen el discurso, y las acciones de resistencia civil estiran la liga al máximo y exasperan a seguidores y adversarios. Se avecinan pues las tres semanas más dramáticas y críticas de nuestra historia reciente. Y es que el Tribunal Electoral no nos concedió el voto por voto.

ddn_rocha@hotmail.com

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PERFIL
Ricardo Rocha ha sido redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas. En 1977 cubrió por dos meses la Revolución Sandinista en Nicaragua, lo que le valió el premio nacional de periodismo. Diseñó y condujo los programas "Para Gente Grande" y "En Vivo". Es co-autor de "Yo Corresponsal de Guerra" y autor de "Conversaciones para Gente Grande". En el 97 creó el concepto "Detrás de la Noticia" y en 1999, al separarse de Televisa, lo consolidó con la agencia informativa.
Columnas anteriores
Los paquetes de Pandora 31-julio -2006
Voto por voto 17-julio -2006
Hora del Tribunal 10-julio -2006
La elección de López Obrador 03-julio -2006
La malvada familia 19-junio -2006
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Bajo Reserva

Bajo Reserva
Los periodistas de EL UNIVERSAL
07 de agosto de 2006

Evita PRD que le coman el mandado

Asesores jurídicos de la coalición Por el Bien de Todos empujan al equipo de Andrés Manuel López Obrador para que el candidato presidencial recurra ipso facto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la primera resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el recuento parcial de los votos de los comicios del 2 de julio. La idea es invocar violaciones al artículo 97 de la Constitución por hechos que presuntamente constituyen violaciones al voto público.

¿Por qué la prisa?, se preguntará usted. Para los juristas cercanos a la coalición el tiempo es un elemento preciadísimo en estos momentos. Por ejemplo, si el Tribunal Electoral tardará cinco días en revisar 10% de las casillas, tardaría más de un mes en recontar el total de las casillas en el país.

Paralelamente a la estrategia legal, los integrantes de la coalición corrieron la versión de que Horacio Duarte ha comenzado a elaborar un manual que será entregado a los representantes de la coalición Por el Bien de Todos en los distritos de los 26 estados que tendrán recuento de votos de la elección presidencial. Guadalupe Acosta Naranjo y Claudia Sheinbaum conformarán un equipo de liderazgos con experiencia en materia electoral, que adiestrará fast track a sus representantes en los consejos distritales del IFE. La idea central es que "no les coman el mandado" en la revisión de las 11 mil 839 casillas, según los datos del perredismo.

A una semana del plantón de la coalición Por el Bien de Todos en el zócalo y Paseo de la Reforma algunos sectores de la población se preguntan ¿y dónde anda el secretario de Gobernación, Carlos Abascal ?, ¿qué hace el encargado de mantener las relaciones políticas del gobierno federal con los partidos y los actores sociales? En Bucareli dicen que Carlos no ha parado de trabajar y que la semana pasada se reunió en dos ocasiones con Alejando Encinas y otros personajes de la vida política. Mire parte de la lista: Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio Gamboa, Mariano Palacios, Miguel de la Madrid, Enrique Jackson y Juan Ramón de la Fuente .

La llegada de Heliodoro Díaz a la Secretaría de Gobierno de Oaxaca ha sido acompañada de cambios y señales de "nuevas alianzas" al interior del grupo del gobernador Ulises Ruiz . Aquí se puede ver la llegada de personajes cercanos a Diódoro Carrasco , ex mandatario estatal y ahora legislador del PAN. Una de las primeras lecturas es que Ulises intenta enfrentar con más fuerza a José Murat , el hombre del autoatentado. Entre los funcionarios que se sumaron está Luz Divina Zárate , quien encabeza ahora el área de comunicación social. Ella fue secretaria particular de Carrasco.

El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Francisco Martínez Neri , se ha mantenido al margen del conflicto en el estado, pese a que los simpatizantes del movimiento magisterial han tomado edificios y la radio universitaria. El silencio se debe, acusan los analistas políticos locales, a la relación familiar que tiene con el ex rector Felipe Martínez Soriano , el llamado "ideólogo" del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), antecedente político del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia estrenarán hoy los cambios que le hicieron a la sede alterna, ubicada en el sur de la ciudad, para que contara con las mismas comodidades que tiene la original del centro histórico, incluido el equipo, luces y cámaras necesarias para transmitir por televisión sus sesiones. El máximo tribunal instaló esta sala hace tres años para evitar a los ambulantes en la temporada decembrina, los plantones y marchas y evadir los problemas para llegar hasta el zócalo.

EL TRIBUNAL.

Carlos Montemayor

El tribunal

He comentado aquí, hace algunas semanas, que en la democracia hay que saber perder. Pero también, y sobre todo, que en la democracia hay que saber ganar. Particularmente en México, donde el poder político ha formado parte del patrimonio privado de pequeñas familias revolucionarias, económicas, o de la transición democrática. Estas familias no aprenden a perder. Pero aun reteniendo el poder, no han aprendido a ganar. En la democracia, aprender a ganar significa aceptar resultados de comicios donde no haya la menor sombra de duda.

En el México de 2006, aprender a ganar debería significar que el recuento de voto por voto sería la mejor manera de confirmar cuál fue verdaderamente el voto ciudadano. De lo contrario estaríamos obligando a los ciudadanos a creer que el que gana tiene que hacerlo como sea, sin demostrar hasta el último instante que ganó. También estaríamos proponiendo que el perdedor tiene que aprender a perder como sea, sin que le demuestren que efectivamente perdió.

Pero en el México de hoy conviene que anotemos otro rasgo además de la naturaleza indudable que exigimos del proceso electoral: la legalidad, el someter a derecho, a cauces de leyes también indudables, los recursos de inconformidad que los partidos políticos consideren necesarios para confirmar la validez de los comicios. Esto implica que los partidos políticos deben aprender también a acotar sus propios espacios de persuasión, presión o negociación política durante las campañas o fuera de ellas, y a reconocer los espacios donde el derecho y los recursos procesalmente válidos son el único camino para asegurar la transmisión pacífica y legítima del poder. Es decir, debemos aprender a perder y a ganar, pero también aprender derecho. Cada partido o coalición de partidos debe tener políticos hábiles, ciertamente, y combativos, pero ahora, además, abogados hábiles, competentes y combativos.

Afirmo esto porque a ninguna de las partes contendientes parece haber dejado satisfecha la primera decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este conflicto. En su alegato ante el tribunal electoral, la coalición Por el Bien de Todos argumentó errores en 72 mil l97 casillas, pero ante el IFE sólo interpuso recursos formalmente en 2 mil 249 casillas. El tribunal electoral juzgó necesaria la apertura de paquetes en 11 mil 839 casillas, no en 2 mil 249.¿Qué debemos esperar de un tribunal electoral? O mejor, ¿cómo queremos que actúe un tribunal electoral? La presión política sobre los magistrados es diversa y compleja. La visible es la presión de la coalición. La invisible y seguramente más poderosa y violenta es la de las elites del poder federal y empresarial. Esta presión invisible doblegó a los consejeros del IFE y produjo el conflicto poselectoral que estamos viviendo.

Pero la respuesta de los magistrados a tales presiones sociales debe corresponder a su carácter de magistrados, no de negociadores políticos. Si hemos establecido en México un tribunal electoral es para que actúe como tal, no como instancia última de negociación política. Si el tribunal electoral no debe apegarse a la ley para atender todos los recursos de inconformidad que se le presenten, sino actuar en función de la presión política, entonces ¿para qué queremos tribunal y leyes electorales? Debemos reflexionar en esto, ahora que estamos a tiempo.

La desconfianza que los mexicanos tenemos en el Poder Judicial es inmensa. Desde los jueces de primera instancia hasta en ocasiones la Suprema Corte de Justicia (caso de la reciente extradición de seis ciudadanos vascos), las resoluciones suelen apartarse de la ley y someterse a intereses de autoridades políticas o de grupos económicos. Mal comienzo sería el nuestro si los magistrados del tribunal electoral se dieran a la opción de no actuar conforme a la ley, sino conforme a la presión o negociación política.

Que la ley es un camino más largo y más técnico que la presión, la corrupción, el autoritarismo o la negociación política nadie lo puede negar. Pero durante décadas el poder político ha actuado por encima de leyes. Durante décadas el poder se ha acostumbrado a negociaciones políticas sólo entre las mismas elites, en el interior de la misma familia del poder. Desde el fraude de 1988 el neoliberalismo ha sentado sus reales ininterrumpidamente a través de las administraciones de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox. Ahora esta nueva familia política aspira a continuar con la administración de Felipe Calderón. Por ello es importante que acotemos ya los espacios propios de la acción política y de la acción jurídica.

La vieja familia revolucionaria no sabía negociar fuera de ella. La nueva familia neoliberal (engrandecida ahora en su faceta económica con el fraude Fobaproa-IPAB) tampoco sabe negociar políticamente fuera de ella misma. Por eso creo conveniente proteger el espacio jurídico del tribunal electoral. Hacer a un lado las leyes electorales que hemos acordado nosotros mismos podría allanar el camino a una incertidumbre jurídica donde la negociación política, a veces justa y útil, la mayoría de las veces injusta y simulada, tendría siempre la primera y la última palabra. Acotar los espacios propios de la acción política y de la acción jurídica es lo más conveniente y útil para el país hoy y mañana. La ley es incómoda cuando se aplica y cuando debemos someternos a su lógica. Pero más peligroso es favorecer la consolidación de un poder que se acostumbre hoy y mañana a no tener ley.

Hay espacios para la política y espacios para la ley. Quizás son cada vez más escasos los espacios para la ley en el México actual. No hay ley en la intervención arbitraria y violenta del gobierno federal en las organizaciones sindicales mineras. No hay ley en los centenares de allanamientos y aprehensiones en Atenco. No hay ley en la extradición inconstitucional de ciudadanos vascos. No hay ley en el apoyo del gobierno federal y del gobierno de San Luis Potosí a la trasnacional Minera San Xavier, pisoteando sentencias de jueces de distrito que demuestran la ilegalidad de los actos de la compañía trasnacional. No hay ley en el desmantelamiento del sector energético. No hay ley en la protección permanente a los fraudes del Fobaproa-IPAB. Tenemos poco espacio para la ley. México está a merced de la elite económica y de las elites políticas que aplauden la ley o la sustituyen cuando les place.

¿Queremos quitar también el dique legal que constituye el tribunal electoral? Si lo eliminamos México quedará solamente a merced de la negociación política. Y México ha perdido siempre ante los más fuertes. Conviene que la coalición esté presente en el recuento selectivo que ha decidido el tribunal electoral. Con esta decisión de los magistrados no han concluido las acciones del tribunal. Falta un proceso de calificación que podría verse influido de manera relevante e imprevisible por este recuento inicial. No le conviene a ningún partido ausentarse de este recuento. No acabemos antes de tiempo ni apresuradamente con este proceso legal que se ha iniciado.

La presión social tiene su espacio. Las leyes, si las queremos efectivas, también. La negociación política es un camino más corto de solución. El derecho es un camino más largo y técnicamente más complejo, y quizás tedioso para muchos. Pero es más seguro para civilizar a los poderes económicos y políticos que suelen enseñorearse de México.

EL TRIBUNAL.

Lunes 7 de agosto de 2006

Carlos Montemayor

El tribunal

He comentado aquí, hace algunas semanas, que en la democracia hay que saber perder. Pero también, y sobre todo, que en la democracia hay que saber ganar. Particularmente en México, donde el poder político ha formado parte del patrimonio privado de pequeñas familias revolucionarias, económicas, o de la transición democrática. Estas familias no aprenden a perder. Pero aun reteniendo el poder, no han aprendido a ganar. En la democracia, aprender a ganar significa aceptar resultados de comicios donde no haya la menor sombra de duda.

En el México de 2006, aprender a ganar debería significar que el recuento de voto por voto sería la mejor manera de confirmar cuál fue verdaderamente el voto ciudadano. De lo contrario estaríamos obligando a los ciudadanos a creer que el que gana tiene que hacerlo como sea, sin demostrar hasta el último instante que ganó. También estaríamos proponiendo que el perdedor tiene que aprender a perder como sea, sin que le demuestren que efectivamente perdió.

Pero en el México de hoy conviene que anotemos otro rasgo además de la naturaleza indudable que exigimos del proceso electoral: la legalidad, el someter a derecho, a cauces de leyes también indudables, los recursos de inconformidad que los partidos políticos consideren necesarios para confirmar la validez de los comicios. Esto implica que los partidos políticos deben aprender también a acotar sus propios espacios de persuasión, presión o negociación política durante las campañas o fuera de ellas, y a reconocer los espacios donde el derecho y los recursos procesalmente válidos son el único camino para asegurar la transmisión pacífica y legítima del poder. Es decir, debemos aprender a perder y a ganar, pero también aprender derecho. Cada partido o coalición de partidos debe tener políticos hábiles, ciertamente, y combativos, pero ahora, además, abogados hábiles, competentes y combativos.

Afirmo esto porque a ninguna de las partes contendientes parece haber dejado satisfecha la primera decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este conflicto. En su alegato ante el tribunal electoral, la coalición Por el Bien de Todos argumentó errores en 72 mil l97 casillas, pero ante el IFE sólo interpuso recursos formalmente en 2 mil 249 casillas. El tribunal electoral juzgó necesaria la apertura de paquetes en 11 mil 839 casillas, no en 2 mil 249.¿Qué debemos esperar de un tribunal electoral? O mejor, ¿cómo queremos que actúe un tribunal electoral? La presión política sobre los magistrados es diversa y compleja. La visible es la presión de la coalición. La invisible y seguramente más poderosa y violenta es la de las elites del poder federal y empresarial. Esta presión invisible doblegó a los consejeros del IFE y produjo el conflicto poselectoral que estamos viviendo.

Pero la respuesta de los magistrados a tales presiones sociales debe corresponder a su carácter de magistrados, no de negociadores políticos. Si hemos establecido en México un tribunal electoral es para que actúe como tal, no como instancia última de negociación política. Si el tribunal electoral no debe apegarse a la ley para atender todos los recursos de inconformidad que se le presenten, sino actuar en función de la presión política, entonces ¿para qué queremos tribunal y leyes electorales? Debemos reflexionar en esto, ahora que estamos a tiempo.

La desconfianza que los mexicanos tenemos en el Poder Judicial es inmensa. Desde los jueces de primera instancia hasta en ocasiones la Suprema Corte de Justicia (caso de la reciente extradición de seis ciudadanos vascos), las resoluciones suelen apartarse de la ley y someterse a intereses de autoridades políticas o de grupos económicos. Mal comienzo sería el nuestro si los magistrados del tribunal electoral se dieran a la opción de no actuar conforme a la ley, sino conforme a la presión o negociación política.

Que la ley es un camino más largo y más técnico que la presión, la corrupción, el autoritarismo o la negociación política nadie lo puede negar. Pero durante décadas el poder político ha actuado por encima de leyes. Durante décadas el poder se ha acostumbrado a negociaciones políticas sólo entre las mismas elites, en el interior de la misma familia del poder. Desde el fraude de 1988 el neoliberalismo ha sentado sus reales ininterrumpidamente a través de las administraciones de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox. Ahora esta nueva familia política aspira a continuar con la administración de Felipe Calderón. Por ello es importante que acotemos ya los espacios propios de la acción política y de la acción jurídica.

La vieja familia revolucionaria no sabía negociar fuera de ella. La nueva familia neoliberal (engrandecida ahora en su faceta económica con el fraude Fobaproa-IPAB) tampoco sabe negociar políticamente fuera de ella misma. Por eso creo conveniente proteger el espacio jurídico del tribunal electoral. Hacer a un lado las leyes electorales que hemos acordado nosotros mismos podría allanar el camino a una incertidumbre jurídica donde la negociación política, a veces justa y útil, la mayoría de las veces injusta y simulada, tendría siempre la primera y la última palabra. Acotar los espacios propios de la acción política y de la acción jurídica es lo más conveniente y útil para el país hoy y mañana. La ley es incómoda cuando se aplica y cuando debemos someternos a su lógica. Pero más peligroso es favorecer la consolidación de un poder que se acostumbre hoy y mañana a no tener ley.

Hay espacios para la política y espacios para la ley. Quizás son cada vez más escasos los espacios para la ley en el México actual. No hay ley en la intervención arbitraria y violenta del gobierno federal en las organizaciones sindicales mineras. No hay ley en los centenares de allanamientos y aprehensiones en Atenco. No hay ley en la extradición inconstitucional de ciudadanos vascos. No hay ley en el apoyo del gobierno federal y del gobierno de San Luis Potosí a la trasnacional Minera San Xavier, pisoteando sentencias de jueces de distrito que demuestran la ilegalidad de los actos de la compañía trasnacional. No hay ley en el desmantelamiento del sector energético. No hay ley en la protección permanente a los fraudes del Fobaproa-IPAB. Tenemos poco espacio para la ley. México está a merced de la elite económica y de las elites políticas que aplauden la ley o la sustituyen cuando les place.

¿Queremos quitar también el dique legal que constituye el tribunal electoral? Si lo eliminamos México quedará solamente a merced de la negociación política. Y México ha perdido siempre ante los más fuertes. Conviene que la coalición esté presente en el recuento selectivo que ha decidido el tribunal electoral. Con esta decisión de los magistrados no han concluido las acciones del tribunal. Falta un proceso de calificación que podría verse influido de manera relevante e imprevisible por este recuento inicial. No le conviene a ningún partido ausentarse de este recuento. No acabemos antes de tiempo ni apresuradamente con este proceso legal que se ha iniciado.

La presión social tiene su espacio. Las leyes, si las queremos efectivas, también. La negociación política es un camino más corto de solución. El derecho es un camino más largo y técnicamente más complejo, y quizás tedioso para muchos. Pero es más seguro para civilizar a los poderes económicos y políticos que suelen enseñorearse de México.

OTRO CARTEL MUY BUENO


EL ASTILLERO DE HOY.

Lunes 7 de agosto de 2006

Astillero

Julio Hernández López

El privilegio de dudar (y denunciar)

Solecito Tribunal convalida movilización
Solecito Avance insuficiente (y manipulable)
Solecito IFE e intelectuales 9.07, damnificados

El recuento de votos (así sea selectivo y bajo sospecha) es un triunfo insuficiente, pero no desdeñable, logrado por la resistencia cívica que desde el 2 de julio impugnó un proceso electoral que claramente se percibía fraudulento, aunque en esas horas, y en los primeros días siguientes, parecía difícil demostrar.

Aun cuando la maquinaria mediática oficializada quiso imponer en aquellos días iniciales de julio una especie de golpe informativo de Estado -que convertía en virtual delito social, casi una traición a la patria, dudar de las cifras y los procedimientos ensalzados-, un mes y tres días después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubo de establecer como verdad jurídica que una de las fases de los comicios presidenciales -la fase aritmética, el simple hecho de contar bien- era comprobadamente irregular al menos en 9.07 por ciento y, por ello (contra la propaganda expresamente pagada -los comerciales- y la manipulación de noticieros y espacios de opinión -los negocios de los patrones-), era necesario aceptar, así fuera en casi una décima parte, la exigencia hasta entonces desdeñada y estigmatizada del nuevo conteo voto por voto y casilla por casilla.

La resolución judicial cambia el discurso y el posicionamiento político de las partes en contienda. La lucha de quienes han denunciado fraude electoral, y las molestias y enconos que inevitablemente se han producido, han tenido razón jurídica trascendente. Contra la pretensión fascistoide de abolir los derechos políticos relacionados con la manifestación de las ideas, la libre expresión y la controversia judicial, los "renegados" (según míster Fox) han recibido una declaración institucional de que al menos parte de sus exigencias específicas han tenido fundamento. Hoy, quienes se han plantado en vialidades o han denunciado fraude pueden estar seguros de que gracias a su empeño se demostró que no era cierta la ilusión mediática y política que pretendía convencernos de haber vivido una elección de primer mundo (México súbitamente convertido en Suiza).

Pero ese primer logro conceptual (la elección no fue limpia) no necesariamente se traducirá en la caída del hasta ahora raquítico presunto ganador. Hay fundados motivos para la reticencia, y a nadie debería sorprender que el recuento de los votos alojados en paquetes electorales previamente manipulados acabe siendo como las curvas estadísticas de ilusión del cómputo distrital que generaron esperanza al lopezobradorismo para luego aplastarla con desenlaces científicamente improbables. Los geniecillos de la perversidad que han controlado el proceso electoral tratan de provocar frustración y desánimo entre los seguidores de López Obrador mediante golpes y fluctuaciones agridulces.

Como resultado de esa acotada legitimación judicial de la tesis del fraude electoral, los principales damnificados son los consejeros del IFE, en especial el presidente y la burocracia directiva del instituto. Luis Carlos Uh fraude y sus 40 padrones (nótese lo modoso de este tecleador que se niega a utilizar términos cabríos) deben renunciar, pero no sólo eso: deben ser consignados como presuntos delincuentes electorales, pues los errores de circunstancia pueden ser perdonados, pero no la intencional comisión de hechos ilícitos que realizó la camarilla de la profesora Elba Esther, y el yerno Fernando González, al utilizar la estructura y los recursos del IFE para servir al proyecto hildebrándico de defraudación de voluntades votantes.

Otros lastimados por la resolución del sábado son ciertos intelectuales acomodaticios -usted sabe: los negocios editoriales, las concesiones, la publicidad a las revistas anexables o literales (la literalidad no se refiere a las letras, sino a las literas en que se duerme con los poderes político y económico: Literas Libres), los premios y privilegios. Esos personajes, que sólo vieron elecciones limpias e intachables, pueden ser catalogados empresarialmente como Intelectuales 9.07, no porque ésta fuese alguna clave de contenido metálico (monedas que piensan en plata), sino porque su rango confiable de visión puede tener ese margen de error (si el IFE fuera empresa, y buscara su certificado de calidad, tendría no un ISO-9000, sino un IFE-9.07).

Se debe tener presente, sin embargo, que la fase aritmética del proceso electoral siempre estará sujeta a la suerte mayor de la ruta jurídica que será la declaración de validez o invalidez de la elección presidencial en sí. El proceso parece encaminado a la búsqueda largamente preparada de la anulación de los comicios. Contar de nuevo no obliga a dar por válido el proceso total, que incluye la realización original de sumas y su eventual revisión. Por ello es que el movimiento de López Obrador se alista para una jornada larga de resistencia. En ese camino estarán la provocación, la división y el desaliento como riesgos inducidos.

Astillas

El pasado 30 de julio fueron presentadas ante el TEPJF las pruebas científicas de irregularidades detectadas en los pasados comicios. El abogado René Sánchez Galindo elaboró una "diligencia para mejor proveer", y en ella se presenta el conjunto de dudas razonables, "estadísticamente insoslayables", que obligan a un recuento global, no parcial de los votos, y a que, en caso del nuevo conteo integral, haya un sistema de procesamiento imparcial en sistemas de cómputo alternativos al IFE. Por otra parte, desde hoy están a la venta en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, Centro Histórico, con Lupita Alfaro, en el primer piso) los devedés de las grabaciones hechas por el Grupo Urratemai (dirigido por Juan Francisco Urrusti) con las intervenciones de esos mismos matemáticos y físicos, quienes el pasado 26 se reunieron en ese inmueble para explicar a un público amplio (y heroicamente paciente) las inconsistencias que detectaron. El par de discos tiene un costo de recuperación de 50 pesos. Los expositores son Luis Mochán, Víctor Romero Rochín, Francisco Xavier Portillo, Luis Horacio Gutiérrez, Javier Enríquez Brito, Gerardo Horvilleur, Martín Hardy, Pedro Antonio Martínez y Julio Boltvinik. ¡Llévelo, llévelo, como una oferta, como una novedad!... ¡Hasta mañana!

Fax: 55 45 04 73 Solecito juliohdz@jornada.com.mx

NO NOS VAMOS A RENDIR: OBRADOR.

CONQUE DUDANDO DE LOLITA LA ENFERMERA. HERNANDEZ

La defensa del voto, lección de democracia al mundo: Encinas

La defensa del voto, lección de democracia al mundo: Encinas

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, está en el ojo del huracán. La prensa, la televisión, la radio lo bombardean: "Exige la iniciativa privada a Encinas aplicar la ley o irse", "Baja la credibilidad de Encinas", "Piden a Encinas: haga su chamba", "O cumple o deja su puesto". Sin embargo Enrique Quintana, comentarista político y analista financiero -absolutamente creíble, y a quien respeto desde hace muchos años- asegura que el conflicto poselectoral no parece estar haciendo mella en la economía. Ante su satanización, Encinas, seguro de sí mismo y de lo que está haciendo, sonríe desde lo alto de su buena disposición hacia la vida. Jovial, tranquilo, a él tampoco parece estarle haciendo mella el plantón en el Zócalo ni el cierre del Paseo de la Reforma, que según los analistas afecta a millón y medio de autos y causa incontables problemas a los usuarios del transporte público que cruzan la ciudad para ir a su trabajo. Ya de por sí la tienen difícil, pero ahora su travesía se ha vuelto infernal. A Encinas le reprochan ser juez y parte; él es perredista y sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Respuesta de Germán a Polix en el foro.



Muy buenos comentarios Polix, llevaselos al foro de Julio Hernandez para que sepan que eso de rasurar post y censurar temas es una chingadera; en Crónica mis respetos mi databank está completo, no le falta ni un sólo post de los que he dado; el otro día en el foro de jhdez, me di cuenta que muchos de mis post no estaban, no importando que fueran a favor de Obrador.

En cuanto lo que comentas, veo argumentos válidos para estar en contra de Obrador, pero otros tantos no me lo parecen, son más bien un pretexto para aumentar la animadversión que sientes por Obrador. Te lo digo por aquello del "denme por muerto". Polix, no puedes ser más papista que el Papa y tomar a calzador todo lo que dicen los políticos. Obrador no mintió, simplemente bateaba el tema para no dar de que hablar a sus adversarios; el mismo lo dijo: "Miren si les digo que me den por muerto y aún así vemos como me atacan con todo (los panistas) que hubiera sido si desde un principio hubiera dicho que quería ser presidente".

En cuanto a lo de Ponce, Imaz y Bejarano, ya es más difícil exculpar a Obrador, porque si bien se entiende que la excepción no hace la regla, el los puso y eso es su responsabilidad, en otro lado del mundo ya ese alcalde hubiera renunciado por el escándalo; pero estamos en México, en donde todo en política es relativo. En todo caso esto es sintomático de que no importa que tan bueno o malo sea Obrador, los cuadros del PRD son la misma retería de siempre.

En Crónica, siempre me mantuve a la reserva del programa y acción de López Obrador; porque se que un partido de izquierda política o institucional dentro de un sistema capitalista, no deja de ser la misma cosa. Mi postura estaba más cercana a la del Sup Marcos; tampoco fui un crédulo de los 50 puntos, porque pecan de presuntuosos, porque son imposibles en un periodo de seis años y parten de la visión unipersonal de
Obrador y no de un entendimiento amplio o compartido.

No los considero demagogia, sino paliativos para las necesidades del país; buscan la solución tentativa a problemas pero no hay una proyección estadísta de largo plazo. Así que estuve muy reservado con Obrador, porque de lo que se trata es de derribar al Stablishment opresor y transformar nuestra cultura cívica desde las bases.

Empero, me he dado cuenta que desde no hace dos sino hace seis años, el país vive un ávido proceso de busqueda de transformación, de concretar una transición política aún pendiente; desde que Obrador fue atacado con el paraje Sn, Juan, el desafuero; dimos cuenta de que la bronca va más allá de la sucesión; nuestro sistema político y equilibrio social se está tambaleando, viene algo grande polix; algo que ya superó la mera sucesión, a Obrador o Fecal, lo electoral.

La actual polarización es indicativo de que la lucha de clases está más vigente que núnca, que la paz social que nos vendió el PRI por 70 años fue una quimera; ahora el país está destapando su cruda realidad. Esto es apenas el principio de un espiral de acontecimeintos que puede desencadenar un cisma en la vida política y social de México.

Mi defensa de Obrador no es por su supuesto proyecto, ni por el mismo, ni por el PRD; sino por el contrario es una lucha por la democracia; por la limpieza de la elección, por la certidumbre, que redundan en el futuro de la República; sea Obrador o quién sea, el Stablishment está dispuesto a operar de la misma forma; a tanto similar aparezca, siempre le vendra una guerra sucia institucional y mediática. Eso es también violencia.

No podré estar de acuerdo con Obrador en su programa, ni forma de hacer política, pero ante un desafuero injusto a todas luces, no puedes quedarte callado; ante una guerra de lodo e inequitativa, no puedes estar al margen; si mi voto no conto, independientemente de a quién haya sido dirigido; sino me vale, lo roban u omiten, eso si me emputa y tengo que salir a defender mi derecho. El stablishment es uno y ataca lo mismo a radicale, moderados, a grupos sociales y sindicatos como a partidos burgueses, si, el PRD no es la izquierda, es un partido burgués con tendencia de izquierda política, pero burgues al fin; pero aún así se lo quieren chingar; así si nodejan pasar al PRD, a un movimiento legitimo, amplio y social desde abajo pues menos. Los hacen mierda como en Atenco.

No es Obrador, es lo que hay detrás; la conciencia de que por difícil que parezca este país debe transformarse para bien; si las pinches señoras no dejan de ver telenovelas y los señores de ver futbol y tragar cerveza; ese es su pinche pedo; si pasarán generaciones para desterrar la estructura mental del mexicano; pero ocupamos revolucionar, en todos los aspectos.

Así como un poste que permanece pintado de blanco, con el tiempos se despinta y enmohece; sin mantenimiento; va terminar por caer y deshacerse irremediablemente; pero si lo pintas, lo mantienes, lo limpias. Lo estarás renovando; eso es revolucionar. Las cosas en movimiento tal como lo diría Heráclito de Efeso.

Así pues Polix; mientras vivamos en el país más desigual de la tierra después de Arabia Saudita; con 60 millones bajo la línea de la inanición, la enajenación y pobreza, frente a un millar de mezquinos miserables que quieren manipular al país; los López Obrador, Marcos o quien sea siempre serán Bienvendos; yo prefiero a un país donde no falten los movedores de conciencia; los agitadores a uno donde impere la paz burguesa y la ideología conformista del dinero a toda costa. El trasfondo es mucho más fuerte que la disputa por boletas, si se cierra o no Reforma y Madero; el fraude o si Obrador engaña o no les gusta a muchos. Si las cosa no cambian vendrán más López.

No dudo que burocráticamente el DF sea un desastre, en el Zócalo yo vi varias mantas de los taxistas "panteras"; pero eso ha sucedido siempre polix; ustedes los chilangos siempre han estado desamparados; al arbitrio del Virreinato, del PRI y su departamento; no son ni Estado, ni municipio, viven en el limbo jurídico somentidos a los vaivenes de la vida política. Esa es la naturaleza del DF, y en ello se debe mucho la corrupción.

El país debe transformarse con la ayuda de todos y no de un Tlatoani; eso no exime que en la vida siempre surjan lideres y seguidores; ahora Obrador aglutina los sentimientos de la nación, es el medio por el cual los excluidos, inconformes y hasta oportunistas de buena fé pueden hacer valer sus puntos de vista. Por ello el número de seguidores, tan plural pero cohesionado en principios fundamentales como la justicia social y la democracia. Siempre habrá paja y efectos colaterales, pero los broncudos, las clientelas, la ignorancia, el apoyo por una casa o despensa son un mal necesario y no por ello se va a descalificar todo un movimiento.

Saludo y que mejor que descargar la catarsis en foros con ideas e imagenes a estar haciendo chingaderas o andar de intolerantes por las calles.