La factura militar pendiente
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/01/12/index.php
EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
La factura militar pendiente
Al término de la primera etapa de la Revolución Mexicana concluida con el Constituyente de 1917, los militares se apoderaron del Estado y del gobierno en México. La Presidencia de la República estuvo en manos de militares desde Venustiano Carranza hasta Manuel Avila Camacho con dos excepciones, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, ambos sin embargo, maniatados por el verdadero poder ejercido por el general Plutarco Elías Calles en el llamado maximato.
En el proceso que siguió al Constituyente de 1917, la dirección pequeño burguesa de la élite mexicana fue transformada por la revolución en una burocracia militar y política, que se significó como la única fuerza capaz de estructurar al nuevo Estado. El vacío político propiciado por la destrucción del Estado liberal–oligárquico–porfirista fue cubierto por una coalición de fuerzas, precarias y contradictorias, la mayoría de ellas armadas, bajo la jefatura de una burocracia político–militar.
Por ello, la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR) por el presidente Plutarco Elías Calles implicó, además de reforzar la posición del Presidente de la República, garantizar a los altos mandos militares sus posiciones dentro de la burocracia, siempre y cuando aceptaran las reglas del partido para establecer un marco institucional que beneficiara la transferencia pacífica del poder y permitiera crear una base social de apoyo para la burocracia político–militar.
Al paso de los años el PNR se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y durante la presidencia de Manuel Avila Camacho fue suprimido el sector militar en el PRM; ese proceso desembocó en la postulación de un civil a la Presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés. Así, los militares aceptaban desempeñar un nuevo papel en el control del Estado mexicano por parte de la clase política triunfadora en la revolución. Si bien, el color verde olivo mostró poca objeción en ceder la Presidencia, su actitud “institucional” la cobrarían a un precio cada vez más alto.
Las primeras reglas no escritas del nuevo Estado mexicano comenzaron a ejecutarse y el Presidente de la República fue incrementando cada sexenio el número de Generales en el Ejército Nacional. En la actualidad México cuenta con más de cuatrocientos generales entre sus filas. Más temprano que tarde, los civiles necesitaron del Ejército para “solucionar” las pifias cometidas durante los gobiernos civilistas, y los militares se hicieron presentes siempre prestos a realizar las actividades necesarias para mantener el status quo priísta y ahora panista. Resultan abundantes las muestras de “apoyo” que los militares ofrecen a los presidentes civiles de México para que estos salgan airosos de los grandes atolladeros donde suelen meterse. El papel del Ejército en la guerra sucia, en las represiones estudiantiles, campesinas e indígenas ha sido frecuente. Las fuerzas armadas han aceptado cargar con el desprestigio social y el rechazo de amplias capas de la sociedad por sus actos de represión a cambio de mejorar sus condiciones de vida y sus posiciones políticas.
No obstante, el pago efectuado puntualmente por los presidentes civiles, la factura por los favores recibidos fue creciendo a niveles insospechados, tanto que no pocos analistas pensamos que el día en que el Ejército cobre por completo la deuda tendrán que pagarle con la Presidencia de la República nuevamente. Parece que ese día se acerca. Las señales del gobierno calderonista así hacen pensar.
Desde el momento en que Vicente Fox se despojó de la banda presidencial y la colocó bajo el resguardo de una cadete del Colegio Militar se mandó la primera señal de quién mandaría durante este sexenio. Quién legitimaría por la fuerza, evidentemente, la presidencia de Felipe Calderón. Posteriormente, por si quedaba alguna duda, el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite militar encargado de la seguridad del presidente, desplegó un gran operativo que permitió a Felipe Calderón rendir protesta en una Cámara de Diputados literalmente asaltada por las fuerzas militares. A estas dos acciones han venido una serie de señales que nos hacen pensar que el gobierno calderonista está empeñado en ejercer el poder y no la autoridad apoyándose en todo momento en los militares.
No han sido pocos los eventos que el Presidente le ha dedicado al Ejército, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Armada de México, en los cuales abundan las expresiones de adulación que rayan en la subordinación. El mismo primero de diciembre en contra de la austeridad anunciada, anunció un incremento considerable en los sueldos de los militares, y el presupuesto de este año contempla un aumento para seguridad nacional que no corresponde al discurso oficial mediante el cual se trata de justificar un considerable recorte presupuestal a la educación.
Asimismo, en los primeros días de este sexenio se incrementó la militarización de la Policía Federal Preventiva y se puso al frente de los operativos especiales en contra de la delincuencia organizada al Ejército y la Marina, no obstante, que con ello se viole el artículo 129 de la Constitución Mexicana que establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
De tal manera que la utilización de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y la persecución de delincuentes del fuero común, lejos de convertirse en una solución en la lucha contra la delincuencia organizada, violenta la Constitución y representa un claro mensaje de que Felipe Calderón y el grupo en el poder que lo encumbró están dispuestos a reprimir cualquier brote de inconformidad por parte de la población.
Nuevamente el uso de las fuerzas armadas para amedrentar a los movimientos sociales, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y para mantener por medio del uso de la violencia estatal a un presidente que cada día muestra más su debilidad y sujeción a los militares. Parece que la hora de cobrar la factura le ha llegado al Ejército Nacional.
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE MEXICO, apoyemos a Obrador
EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
La factura militar pendiente
Las fuerzas armadas han aceptado cargar con el desprestigio social y el
rechazo de amplias capas de la sociedad por sus actos de represión a cambio de
mejorar sus condiciones de vida y sus posiciones políticas.
Al término de la primera etapa de la Revolución Mexicana concluida con el Constituyente de 1917, los militares se apoderaron del Estado y del gobierno en México. La Presidencia de la República estuvo en manos de militares desde Venustiano Carranza hasta Manuel Avila Camacho con dos excepciones, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, ambos sin embargo, maniatados por el verdadero poder ejercido por el general Plutarco Elías Calles en el llamado maximato.
En el proceso que siguió al Constituyente de 1917, la dirección pequeño burguesa de la élite mexicana fue transformada por la revolución en una burocracia militar y política, que se significó como la única fuerza capaz de estructurar al nuevo Estado. El vacío político propiciado por la destrucción del Estado liberal–oligárquico–porfirista fue cubierto por una coalición de fuerzas, precarias y contradictorias, la mayoría de ellas armadas, bajo la jefatura de una burocracia político–militar.
Por ello, la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR) por el presidente Plutarco Elías Calles implicó, además de reforzar la posición del Presidente de la República, garantizar a los altos mandos militares sus posiciones dentro de la burocracia, siempre y cuando aceptaran las reglas del partido para establecer un marco institucional que beneficiara la transferencia pacífica del poder y permitiera crear una base social de apoyo para la burocracia político–militar.
Al paso de los años el PNR se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y durante la presidencia de Manuel Avila Camacho fue suprimido el sector militar en el PRM; ese proceso desembocó en la postulación de un civil a la Presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés. Así, los militares aceptaban desempeñar un nuevo papel en el control del Estado mexicano por parte de la clase política triunfadora en la revolución. Si bien, el color verde olivo mostró poca objeción en ceder la Presidencia, su actitud “institucional” la cobrarían a un precio cada vez más alto.
Las primeras reglas no escritas del nuevo Estado mexicano comenzaron a ejecutarse y el Presidente de la República fue incrementando cada sexenio el número de Generales en el Ejército Nacional. En la actualidad México cuenta con más de cuatrocientos generales entre sus filas. Más temprano que tarde, los civiles necesitaron del Ejército para “solucionar” las pifias cometidas durante los gobiernos civilistas, y los militares se hicieron presentes siempre prestos a realizar las actividades necesarias para mantener el status quo priísta y ahora panista. Resultan abundantes las muestras de “apoyo” que los militares ofrecen a los presidentes civiles de México para que estos salgan airosos de los grandes atolladeros donde suelen meterse. El papel del Ejército en la guerra sucia, en las represiones estudiantiles, campesinas e indígenas ha sido frecuente. Las fuerzas armadas han aceptado cargar con el desprestigio social y el rechazo de amplias capas de la sociedad por sus actos de represión a cambio de mejorar sus condiciones de vida y sus posiciones políticas.
No obstante, el pago efectuado puntualmente por los presidentes civiles, la factura por los favores recibidos fue creciendo a niveles insospechados, tanto que no pocos analistas pensamos que el día en que el Ejército cobre por completo la deuda tendrán que pagarle con la Presidencia de la República nuevamente. Parece que ese día se acerca. Las señales del gobierno calderonista así hacen pensar.
Desde el momento en que Vicente Fox se despojó de la banda presidencial y la colocó bajo el resguardo de una cadete del Colegio Militar se mandó la primera señal de quién mandaría durante este sexenio. Quién legitimaría por la fuerza, evidentemente, la presidencia de Felipe Calderón. Posteriormente, por si quedaba alguna duda, el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite militar encargado de la seguridad del presidente, desplegó un gran operativo que permitió a Felipe Calderón rendir protesta en una Cámara de Diputados literalmente asaltada por las fuerzas militares. A estas dos acciones han venido una serie de señales que nos hacen pensar que el gobierno calderonista está empeñado en ejercer el poder y no la autoridad apoyándose en todo momento en los militares.
No han sido pocos los eventos que el Presidente le ha dedicado al Ejército, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Armada de México, en los cuales abundan las expresiones de adulación que rayan en la subordinación. El mismo primero de diciembre en contra de la austeridad anunciada, anunció un incremento considerable en los sueldos de los militares, y el presupuesto de este año contempla un aumento para seguridad nacional que no corresponde al discurso oficial mediante el cual se trata de justificar un considerable recorte presupuestal a la educación.
Asimismo, en los primeros días de este sexenio se incrementó la militarización de la Policía Federal Preventiva y se puso al frente de los operativos especiales en contra de la delincuencia organizada al Ejército y la Marina, no obstante, que con ello se viole el artículo 129 de la Constitución Mexicana que establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
De tal manera que la utilización de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y la persecución de delincuentes del fuero común, lejos de convertirse en una solución en la lucha contra la delincuencia organizada, violenta la Constitución y representa un claro mensaje de que Felipe Calderón y el grupo en el poder que lo encumbró están dispuestos a reprimir cualquier brote de inconformidad por parte de la población.
Nuevamente el uso de las fuerzas armadas para amedrentar a los movimientos sociales, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y para mantener por medio del uso de la violencia estatal a un presidente que cada día muestra más su debilidad y sujeción a los militares. Parece que la hora de cobrar la factura le ha llegado al Ejército Nacional.
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE MEXICO, apoyemos a Obrador
publicadas por GERMÁN ROBLES a la/s
7:38 p.m.
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