sábado, agosto 05, 2006
RESISTENCIA. PUBLICADO EN LA JORNADA
Sábado 5 de agosto de 2006
Resistencia
El 30 de julio: una marcha por todo Paseo de la Reforma. Solidaridad. Sentimiento co- lectivo de esperanza, en la confianza de estar en lo justo.
Recuerdo hace mucho otra marcha semejante. Era la manifestación de la sociedad civil para protestar por la represión del movimiento estudiantil de 1968. Hace ya cerca de 40 años. Desde entonces no recuerdo un movimiento civil semejante. La marcha se detiene ahora varias veces en su recorrido. No puede pasar fácilmente. Todos se apretujan para acercarse al Zócalo. Se llena todo Paseo de la Reforma. Más de un millón de personas de todas las edades y condiciones. Todos movidos por una misma decisión, por una misma confianza. La marcha era signo de lo que puede llegar a ser un movimiento general de resistencia. Era la presencia de la sociedad civil en resistencia.
Un movimiento de resistencia puede ser del todo diferente a un movimiento revolucionario. En efecto, una revolución se efectúa en una ruptura violenta; un movimiento de resistencia, como el que empezó a manifestarse en la marcha, rehúsa la violencia. Otra diferencia: muchos movimientos revolucionarios se expresaron con ideologías conceptuales precisas (por ejemplo, el marxismo). Un movimiento de resistencia civil no violento, en cambio, no se expresa en una ideología, sino en una actitud colectiva de rechazo ante una injusticia sufrida, que podría expresarse en varias concepciones. Esta actitud está más allá de una ideología política específica o de alguna adhesión religiosa; se manifiesta en una actitud de rechazo común ante una injusticia sufrida. Y ese movimiento, si logra fuerza, puede ser el impulso que conduzca a una transformación radical de la sociedad.
No sólo en México, en otros países ha habido ejemplos paradigmáticos de movimientos de resistencia civil que transformaron una sociedad. Así, la lucha de Gandhi frente a la violencia (ahimsa), que logró el fin del dominio británico en la India. O el movimiento encabezado por Nelson Mandela en Sudáfrica contra el salvaje apartheid, que condujo a una nueva democracia multirracial. O aun la lucha por los derechos civiles encabezada, entre otros, por Martin Luther King, en Estados Unidos. Inclusive, por fin, la llamada "revolución de terciopelo", en la antigua Checoslovaquia y en Polonia, que terminó con los regímenes dictatoriales soviéticos.
Todos esos movimientos empezaron con una resistencia civil que condujo al afianzamiento de una democracia que, en su inicio, había sido objeto de una injusticia. También en nuestro país una chispa la incendió. Fue el desafuero injustificado del jefe del gobierno capitalino; luego la sospecha de un fraude electoral masivo. Como en los movimientos amplios en el extranjero que he recordado, es la conciencia de un acto de injusticia realizado el que puede encender un movimiento masivo de resistencia.
Pero la resistencia civil, aunque incitada por un acto de injusticia, expresa -tal vez sin enunciarlo claramente- el síntoma de una actitud permanente de sorda indignación ante un sistema que nos divide entre los privilegiados y los excluidos, entre los que pretenden tenerlo todo y los que defienden sólo su dignidad frente a una desigualdad social inadmisible. Por eso frente a la corrupción general del sistema sólo cabe la resistencia.
Ante el movimiento de resistencia civil, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo tiene una respuesta: contar voto por voto para limpiar la elección. Todos debemos aceptar su propuesta; es la única manera de salvar nuestra frágil democracia. Pero esa acción, necesaria, es sólo el comienzo. ¿Basta con ello? Pienso que no.
Porque el posible fraude es solamente el fondo de un pozo más profundo que se fue cavando en las largas y costosas campañas cargadas de improperios y calumnias, con la permisión de un Instituto Federal Electoral incompetente y de un Presidente parcial. El fraude tuvo una condición: sólo fue posible en un México escindido, dividido en dos, entre ricos y pobres, entre privilegiados y excluidos, que se nos quiere imponer.
Supongamos, en efecto, que frente a la posibilidad de un fraude el tribunal electoral diera la razón a la impugnación de la coalición Por el Bien de Todos. Eso podría darnos una satisfacción pasajera, que permitiría justificar moralmente la resistencia. ¿No habría, sin embargo, que continuarla? Porque después del fallo del tribunal se iniciaría un camino lento, sembrado de obstáculos, para eliminar la corrupción y aminorar la desigualdad y la injusticia existentes.
Pensemos, en cambio, que el tribunal fallara en favor de la derecha y diera, aunque por estrecho margen, el triunfo a Calderón. Sería necesaria entonces una acción colectiva permanente de la sociedad, hasta lograr la transformación del sistema que auspició, directa o indirectamente, el fraude. Abriría el camino a una resistencia esta vez organizada, pacífica sin duda, pero sin tregua. Sería una lucha ardua, pero sería necesaria.
Así, pienso que, sea cual fuere la decisión del tribunal, es indispensable tratar de abrir el camino que nos acerque a una sociedad más igualitaria. Sólo mediante la resistencia de la sociedad civil podemos lograr que no curvemos la cabeza ante la injusticia.
Cierres viales en Centro Histórico por asamblea de AMLO
Eje Central Lázaro Cárdena, Fray Servando Teresa de Mier e Izazaga son algunas de las vialidades que se han cerrado debido al mitin del político tabasqueño
Redacción EL UNIVERSAL.com.mx
El Universal
Ciudad de México
Sábado 5 de agosto de 2006
El político tabasqueño ha convocado a una sesión en la que hablará sobre el fallo que emitió hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el recuento total de votos de las elecciones del 2 de julio.
Los cortes viales afectan a las calles 5 de Mayo, República de Brasil, por lo que se recomienda como alternativa la avenida Chapultepec para ingresar a la zona Oriente de la ciudad.
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AL TEPJF SE LE DOBLAN LAS MANOS, NO VA EL VOTO X VOTO
Por unanimidad, los siete magistrados estimaron procedente efectuar un nuevo escrutinio y cómputo en 11 mil 839 casillas ubicadas en 26 entidades del país; previamente anunciaron un recuento en 50% de los distritos electorales
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Jorge Herrera y Arturo Zarate
El Universal
Ciudad de México
Sábado 5 de agosto de 2006
Para la jornada electoral del 2 de julio fueron instaladas 130 mil 477 casillas, ante lo cual las 11 mil 839, que representan el 9.07 por ciento.
La autoridad no ha dado de conocer el número estimado de votos que el recuento representará.
Lo anterior, fue resuelto tras dos horas de discusión, en la que se dieron a conocer los argumentos por los cuales fue rechazada la solicitud de la coalición para proceder al recuento total de los sufragios presidenciales.
El magistrado presidente, Leonel Castillo González, informó que tras el análisis y evaluación de 174 incidentes de previo y especial pronunciamiento, de ellos, 25 se consideraron infundados, seis debidamente fundados y 143 parcialmente fundados.
De esta revisión, finalmente se determinó un nuevo escrutinio y cómputo de 11 mil 839 casillas, cuyo proceso estará a cargo de jueces y magistrados del distrito, que serán designados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Inicialmente, el tribunal informó que el recuento de votos presidenciales se realizará en 50% de los 300 distritos electorales en que se dividió el país para los comicios del pasado 2 de julio.
La coalición Por el Bien de Todos había exigido el recuento total de los sufragios electorales, haciendo uso de la frase política "voto por voto, casilla por casilla".
Este proceso durará cinco días, a fin de que el día 14 de agosto se tenga el resultado del recuento de esta votación.
En materia electoral no se contemplan descansos ni días festivos, por lo que el recuento será continuo, sin importar que se atraviesen fines de semana o alguna festividad.
El Consejo de la Judicatura Federal será el órgano del Poder Judicial el responsable de la designación de los jueces y magistrados que habrán de estar al frente de este recuento de votos.
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TACTO DE ELEFANTE DE LA SCJN, AHORA SALIERON CON ESTA ESTUPIDEZ DEL "CAPRICHO"
“Donde hay un tirano, monarca o quien sustituye con su voluntad lo que es el derecho, está destinado a desaparecer”, explicó el magistrado.
La historia —continuó— nos muestra que el Estado de Derecho debe ser salvaguardado; para ello demandó el impulso de una cultura jurisdiccional, que es someterse a debate y consensos las normas para aceptar y respetar sus decisiones.
Así, sostuvo que una de las expresiones “más claras de la creatividad humana y uno de los inventos más extraordinarios del ser humano es el derecho que viene a hacer expresión de las reglas, que por encima de caprichos individuales invita a todos a someterse a ella”.
Azuela Güitrón, quien estuvo acompañado por el gobernador Miguel Osorio Chong, instaló en el estado el Consejo de la Judicatura.
En su visita por Hidalgo para la sesión solemne del Consejo de la Judicatura, con lo cual inició trabajos oficialmente, también puso en marcha el Juzgado Tercero de Distrito, para dirimir con prontitud las controversias.
Por su parte, el gobernador Miguel Osorio Chong sostuvo que la creación del Consejo de la Judicatura, el arranque del Juzgado Tercero de Distrito y la permanencia del Tribunal Unitario de Justicia, refuerzan la impartición eficaz de la justicia.
Subrayó que en Hidalgo se entiende por Estado de Derecho al instrumento que organiza imparcial y eficazmente la justicia, que armoniza la convivencia humana, que simplifica los procedimientos y que acorta los tiempos para una sentencia en firme.
El mandatario insistió en que la impartición de la justicia apegada a derecho, es una de las primeras condiciones para asegurar que los ciudadanos puedan alcanzar su realización personal, a través del desarrollo, progreso e igualdad.
Francisco Díaz Arriaga, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, dijo que en la entidad se privilegia el diálogo y la legalidad. Es el medio con el que se mejora la calidad de vida de todos los habitantes.
Por ello, convocó a perfeccionar las instituciones de procuración y aplicación de la justicia, acercándolas a la sociedad, para que sean más abiertas, funcionales y modernas, para que dignifiquen su actuar ante la sociedad mexicana.
Mal menor
Jesús González Schmal
05 de agosto de 2006
Lo peor del engaño electoral es cuando el victimario se convierte en víctima. Con el transcurso del tiempo se encuentran más evidencias de la suciedad del proceso electoral (ya no sólo en el inocultable operativo preelectoral con la carga de todo el dinero y el poder del Ejecutivo detrás del candidato oficial), sino en la misma elección con las alteraciones de resultados atomizados en 72 mil 197 casillas. Ahora resulta que el culpable de todo ello es un pueblo lastimado y burlado que tiene que callar hasta que el último engrane de la maquinaria pueda, o no, convalidar el asalto a la voluntad popular.
En estos largos días de espera, recopilación de información, difícil preparación de las impugnaciones legales y tortura de una campaña difamatoria que hace al verdugo héroe y a la víctima villano, la doble moral del seudodemócrata que llega al poder por el voto y que le niega validez para reemplazarlo, se convierte en una dura prueba para la autoestima de una sociedad en la que todo lo invita al cansancio y al abatimiento frente a la fuerza de la manipulación; sin embargo, el espíritu libertario y de dignidad ciudadana se resiste hasta lo último.
La resistencia civil pacífica no se construye artificialmente. Deviene de una conciencia en amplios sectores mayoritarios de la población que saben y sienten que el poder político, si no es legítimo, es despótico y autoritario. Que el compromiso es consigo mismos y con la comunidad. Cuando se atenta contra los valores de la democracia no se pueden regatear esfuerzos, y aun con sufrimiento e incomprensión de los que no saben o por comodidad se repliegan, se tiene que buscar la verdad electoral como principio irrenunciable de la convivencia política en el orden.
Por eso se opta por el mal menor. Las molestias, sufrimientos y desgaste económico y aun de salud de muchos mexicanos en los actos de resistencia civil son, sin duda, costos menores que permitir el atropello de la derecha armada hasta los dientes (de dinero y conveniencias, con cruces de intereses), para demeritar y devaluar lo que es más grande y trascendente de un pueblo, que es su capacidad para no retroceder en su lucha política por la elección de un gobierno responsable, honrado y efectivo. La duda fundada de la certeza de la elección no puede tener otra satisfacción que el recuento voto por voto, casilla por casilla. Lo demás es violencia contra la inteligencia y el buen juicio.
No por otra razón, Andrés Manuel López Obrador solicitaba a Felipe Calderón hace ocho días que si políticamente (no desde luego con efectos jurisdiccionales) declaraba, sin ambigüedades, que estaba dispuesto a la revisión voto por voto en las casillas que se considerara necesario recontar, entonces se abstendría de convocar al pueblo a la movilización. Calderón tuvo esa oportunidad; era una petición elemental, y si hubiera sido congruente y estuviera seguro de su triunfo, la habría aceptado. La negativa a acceder al recuento sólo confirma que detrás del proceso está el fraude preparado por sus operadores y que en consecuencia quedaría al descubierto. Ahora es Calderón el que convoca a una campaña de desprestigio contra los patriotas mexicanos que dejan todo para representar a una nación ofendida por los "arreglos" de la ingeniería electoral que pretende imponer a quien la casa presidencial asumió como sucesor. Imaginémonos el desastre que supondría, ya con el conocimiento generalizado de la alquimia electoral desplegada, el imponer a un presidente cuestionado. Esa suerte, a un pueblo que no se resigna a perder sus derechos políticos, no generaría sino ingobernabilidad por falta de autoridad.
La toma simbólica de bancos extranjeros (saneados con dinero del IPAB) pagados a magnates que eludieron los impuestos, y de la Bolsa de Valores; plantones en Paseo de la Reforma y la comunicación al pueblo del sentido y el fondo de una presencia testimonial pacífica para exigir el respeto al voto es la vía civilizada que, incluso, contiene las posibilidades de otras respuestas violentas que pueden ser en legítima defensa pero que entrañan el desorden, el precio del dolor de víctimas inocentes y el riesgo de la capitalización del movimiento por los más audaces. México está en el centro. Su futuro no puede quedar a expensas de un gobierno espurio que provoque más atrasos a los habidos este sexenio y el peligro de irrupciones crecientes de protestas.
Diputado federal (Convergencia)
Las soluciones: 1.1. La legalidad
Las soluciones: 1.1. La legalidad
Porfirio Muñoz Ledo
04 de agosto de 2006
La simultaneidad y estridencia de los mensajes que se producen en torno al conflicto postelectoral han convertido en rareza el análisis sensato de la realidad, así como el planteamiento de soluciones que, para ser eficaces, han de ser justas.
Ocurre además que algunos intelectuales prestigiados, bajo el manto de la defensa del orden jurídico existente, lo que están propiciando es su parálisis y violación.
Las opiniones dignas de ser consideradas corren por vías distintas. La primera, que aun sin confesarlo, hace el juego del gobierno y su partido, se concentra en la apología de los "avances alcanzados en materia electoral y en la obligación absoluta de los ciudadanos y de los partidos de acatar la resolución del Tribunal Electoral", cualquiera que ésta sea. Otros van todavía más lejos, cuando refrendan su "confianza en la imparcialidad e independencia del IFE"; añadiendo como salvaguarda, "más allá de errores puntuales", sin averiguar si éstos pudieron cambiar el resultado de la elección.
La segunda vertiente está integrada por otras voces que exigen al Tribunal ejercer su plena jurisdicción constitucional y verificar por todos los medios a su alcance los vicios del proceso.
La mayor parte opina que la única manera de conocer a ciencia cierta cuál fue la voluntad ciudadana expresada en las urnas, es el conteo "voto por voto y casilla por casilla". Habida cuenta de las ostensibles violaciones a la ley ocurridas desde antes del inicio de las campañas, otros se inclinan por la decisión salomónica de anular las elecciones.
Los "guardianes de la institucionalidad" convierten a los organismos que defienden en castillos de la pureza. Pasan por alto las contradicciones y lagunas de la legislación vigente, reconocidas por el propio Tribunal Electoral, y olvidan sobre todo que esta última instancia tiene la responsabilidad irrenunciable de velar por que se satisfagan los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Que su deber más alto es salvaguardar la legitimidad de las autoridades elegidas mediante el sufragio a través de decisiones justas y socialmente respetadas.
Vale recordar que la negociación de la más reciente reforma electoral concluyó con el desacuerdo de los partidos de oposición, que nos rehusamos a suscribir posteriormente las modificaciones legales correspondientes. En efecto, las conclusiones alcanzadas el 25 de julio de 1996 y firmadas por Felipe Calderón, Santiago Oñate, Alberto Anaya y quien esto escribe, no fueron cabalmente respetadas en la redacción de los ordenamientos. Tampoco lo fueron las conclusiones a las que arribamos en la Mesa de Reforma Política del Distrito Federal.
Como declaré a la revista Proceso en aquel entonces en relación con la reforma: "Difícilmente será definitiva y es sin duda la más larga, la más irregular y tal vez la más tramposa de las que hayamos hecho". Dije además que "cuestiones relevantes que habíamos acordado y habían sido presentadas públicamente fueron violentadas en la redacción de la ley". Reconocí que, a pesar de todo, contenían "el máximo de avances en materia electoral que se hayan alcanzado en el país", pero subrayé que se había "faltado a la regla del consenso" y se habían introducido disposiciones que ponían en peligro "la equidad en las elecciones que les otorga verdadera legitimidad".
Esa es la razón primordial por la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está hoy obligado a resolver en conciencia, subsanando inconsistencias legislativas, rigiéndose por el mandato constitucional y aplicando todos los instrumentos jurídicos relevantes. No sólo la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Cofipe y el capítulo de delitos electorales del Código Penal. El profesionalismo y aun el patriotismo de los magistrados se medirá por su genuina voluntad de descubrir la verdad mediante el empleo de todo el arsenal jurídico a su alcance.
En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, que confiere la jerarquía de ley suprema a los tratados suscritos y ratificados por México, el Tribunal debiera tomar en cuenta el carácter de derecho humano que esos instrumentos otorgan al sufragio y que la propia Constitución reconoce cuando recoge, en el artículo 41, el mandato universal de renovar los poderes mediante "elecciones libres, auténticas y periódicas".
Para referirnos tan sólo al ámbito jurisdiccional de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 8-91, había ya establecido que "México debe cumplir con su obligación de adecuar su legislación interna, a fin de garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos políticos reconocidos por la Convención" y brindar "recursos sencillos rápidos y efectivos ante tribunales imparciales e independientes".
En su informe 14-93 advierte: "No es aceptable que los recursos revistan un carácter en extremo formalista", lo cual puede redundar en que "se haga primar lo procedimental sobre lo sustantivo".
Estos criterios han sido recogidos ya en jurisprudencias del Tribunal. El magistrado de su Sala Superior, J. Jesús Orozco Enríquez, sostiene de manera vigorosa en un ensayo titulado "Jurisprudencia electoral y garantismo jurídico", "la vocación antiformalista de ese órgano judicial" y establece que basta "que el actor exprese su demanda con claridad (la causa pretendida) para que el Tribunal se ocupe de su estudio", subsanando incluso "el error en la elección o designación de la vía impugnativa" y privilegiando las interpretaciones amplias que permiten garantizar en plenitud la defensa de los derechos ciudadanos.
En el presente juicio de inconformidad, el Tribunal ha resuelto ya a través de dos acuerdos incidentales las vías procesales por las que dará curso a las impugnaciones presentadas por la coalición Por el Bien de Todos.
La primera se refiere a la solicitud de recuento total de la votación en la elección presidencial, sobre la cual habrá de resolver en breve, como cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Formó además otro incidente para resolver sobre la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas específicamente cuestionadas. Se entiende que primero resolverá sobre el cómputo total y, si no lo aceptara, ordenaría entonces el cómputo parcial. Pero ello no impide que, a la luz de las inconsistencias y violaciones que encuentre en este último, decida más tarde el conteo total.
Aclara el Tribunal que las sentencias tendrán como efectos: confirmar el acto impugnado, declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas y en consecuencia modificar el cómputo o bien hacer la corrección de los cómputos distritales cuando sean impugnados por error aritmético.
Parece obvio que aun decidiendo hacer primero el recuento parcial, si el número y gravedad de las irregularidades encontradas es susceptible de cambiar el resultado de la elección, se verá obligado a resolver el incidente del cómputo total. Hasta el momento ninguna de las vías jurídicas está cerrada y podríamos abrigar la certidumbre de que antes de que el Tribunal decida validar o invalidar la elección, habrá de investigar quién tuvo en verdad la mayoría de los votos emitidos.
Estado de Derecho es aquél en el que la ley sirve para proteger al ciudadano frente al poder. Los regímenes autoritarios emplean en cambio el aparato jurídico para encubrir la arbitrariedad. Que cada quien reconozca el bando en el que milita.
Calderón se tambalea
Raymundo Riva Palacio
04 de agosto de 2006
Calderón se tambalea
Entre las clases empresariales están convencidos de que la solución para el país pasa por la anulación de la elección presidencial
F elipe Calderón parecía empezar a coagular de diferente manera este domingo cuando, en una iniciativa sin precedente, acudió él mismo ante los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a defender la elección y el cómputo oficial del voto que lo dio ganador en la elección presidencial. La síntesis de lo que muchos de sus seguidores veían como un cambio de metabolismo se encontraba en 21 palabras: "No permitiremos que esos votos emitidos por millones y millones de mexicanos se cancelen por la demagogia y la sinrazón". Desde entonces, Calderón continuó con el discurso, incluido un spot de cobertura nacional este miércoles para hacer un llamado a la paz -sugiriendo que su adversario está por la violencia- en una estrategia de contraataque para tomar la iniciativa política que desde el 2 de julio le arrebató sin mayor problema Andrés Manuel López Obrador.
No le queda otra al panista, que se ha quedado solo para defender lo que él considera un triunfo legal y legítimo en la elección, y cuya inacción lo ha venido colocando en una situación muy vulnerable. La iniciativa de Calderón pretende, visto desde afuera, evitar que en el camino de la crisis postelectoral se convierta en una pieza desechable y que siga siendo percibido como hasta ahora: un actor de reparto, donde debía ser el central. Problemas no le han faltado, particulares como su personalidad atolera y antídoto contra pasiones, internos como lo enano de su kitchen cabinet, o externos, como el que sus simpatizantes más influyentes consideren que, aún si le ratifican la victoria en la Presidencia, no podrá gobernar.
La historia de un preámbulo que se está pintando de negro, comienzan a ser narradas por personajes estelares.
Por ejemplo, el episodio sucedido hace un par de semanas cuando en su cuarto de guerra discutían la posibilidad de que anunciara su disposición a un recuento de voto por voto, casilla por casilla, como demanda López Obrador, acudió a un encuentro no publicitado en Los Pinos con el presidente Vicente Fox. De acuerdo con personas que conocen detalles de la conversación, Calderón le expuso no tener miedo alguno en el cómputo distrital que le dio la victoria el 2 de julio, y que no tendría problema alguno en que se abrieran todos los sobres con los votos presidenciales. Pero la respuesta fue negativa. Peor aún, cuentan que Fox, además, le hizo sentir que la victoria se la debía a él.
Clausurada esa vía, Calderón volteó a la estructura de poder dentro del PAN, que lo abandonó casi por completo, comenzando por el presidente del partido Manuel Espino, quien prefirió tomar vacaciones a ser uno de los voceros del triunfo reclamado por su candidato y regresó a la actividad cuando todo el potaje estaba descompuesto. Ordenó entonces que pidieran una cita de urgencia con El Jefe Diego Fernández de Cevallos, cuyo delfín para la candidatura había sido Santiago Creel, quien no tuvo reparo en otorgársela, aunque no sabía bien a bien para qué lo buscaban. Se llevó una enorme sorpresa, según personas que platicaron con él después del encuentro, cuando el kitchen cabinet de Calderón, con Josefina Vázquez Mota, Juan Camilo Mouriño y César Nava a la cabeza, le pidieron, papel y pluma en mano, recomendaciones de cómo reaccionar ante las declaraciones y acciones de López Obrador, qué tipo de iniciativas emprender y hasta la forma como debía vestirse el virtual presidente electo.
Débil durante la campaña, débil durante el periodo postelectoral, Calderón se ha visto obligado a reaccionar de otra manera. Su alegato ante los magistrados electorales es lo más publicitado. El deslinde del PAN ante las renovadas escaramuzas entre legisladores y la primera dama Marta Sahagún, que insiste en la inocencia de la meteórica carrera de sus hijos hacia la bonanza económica, es lo más simbólico. Parece claro que si el tribunal ratifica su victoria, la gobernabilidad de su gestión, que será cuestionada por amplios sectores como ilegítima, cuando menos, pasará no sólo por las alianzas que pueda hacer con los partidos, sino por algunos golpes políticos y mediáticos espectaculares, como podría ser, en reedición del quinazo que le dio a Carlos Salinas el mandato presidencial que no logró en las urnas, enfocar sus baterías en contra de la familia política del Presidente.
Se antoja una escalada política complicada para Calderón, dado que no ha mostrado un talante enérgico, pese a su bien guardado dogma autoritario, pero ¿tendría otros márgenes de maniobra? En este momento no se ven muchos, pero tiene que encontrarlos rápidamente para revertir la creciente convicción dentro de sectores que lo apoyaron que, aún cuando los magistrados electorales ratificaran el cómputo distrital del IFE, esté en condiciones de gobernar. Más bien, como han estado conversando las cúpulas empresariales en las dos últimas semanas, Calderón no estaría en condiciones de gobernar el país.
Varios de los empresarios más importantes del país lo ven sin posibilidades de salir con la fuerza para conducir el gobierno. No ven en sus análisis que el tribunal electoral le pudiera dar la victoria a López Obrador, pero están acariciando con mayor fuerza la idea de una anulación que permitiera un presidente interino que convocara en 18 meses a una nueva elección. Inclusive tienen un nombre para ese interinato: José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si bien hay indicios de que el Tribunal Electoral no seguirá el camino de la anulación, nadie puede, en estos momentos, asegurarlo, sobre todo con un órgano que ha jugado, particularmente su presidente, Leonel Castillo, del lado del PRD.
Si el triunfo legal de Calderón está todavía en manos del Tribunal Electoral, su presidencia virtual es mucho más incierta. Remontar la mala percepción sobre su figura, prestancia y capacidad de actuar se ve difícil ante la pobreza política y estratégica que ha mostrado. Calderón está fallando. El bajo perfil inteligente que mantiene no ha ido acompañado por un trabajo paralelo de certidumbre con la clase gobernante. Su equipo no inspira respeto y no ha ido incorporando públicamente a personajes que tengan un peso político superior. No ha sabido enfrentar política y mediáticamente a López Obrador, dejándolo que lo descarrile. Es una caída en cámara lenta de un presidente virtual que no ha mostrado tener los arrestos para ser Presidente, que ha dado paso a que la discusión sobre un interinato deje de ser un debate de medios y pase a formar parte de las discusiones de fondo entre quienes manejan y sostienen el país.
P.D. Por un error atribuible únicamente al autor, en la columna del miércoles se escribió incorrectamente que James Dean murió en un accidente de motocicleta. En realidad, murió a bordo de un automóvil Porsche.
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NUEVO GRUPO DE INTELECTUALES PIDEN EN RECUENTO
Sale esta nota en El Universal:
Nuevo grupo de intelectuales pide recuento
Alberto Cuenca
El Universal
Ciudad de México
Viernes 04 de agosto de 2006
Personajes como Víctor Hugo Rascón Banda y Guadalupe Loaeza consideraron que quienes ayer firmaron una carta en la que rechazan un fraude electoral se precipitaron y asumieron cargos que no les corresponden
16:33 Un nuevo grupo de intelectuales, académicos y políticos se pronunció hoy por el conteo voto por voto y criticaron a los consejeros del IFE.
Además consideraron que quienes ayer firmaron una carta en la que rechazan un fraude electoral se precipitaron y asumieron cargos que no les corresponden.
En una conferencia de prensa, personajes como Víctor Hugo Rascón Banda, Guadalupe Loaeza, Yeidckol Polenvsky, Fernando Schütte, Virgilio Caballero y otros 50 escritores y académicos, dieron a conocer una carta dirigida a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual los exhortan a hacer transparente ante la nación los resultados
y resolver sobre la procedencia de contar nuevamente los votos de la elección presidencial.
Consideraron que en los pasados comicios hubo errores, omisiones e irregularidades que deben ser considerados y resueltos, como alteraciones de actas, un sistema de cómputo manipulado, apertura irregular de paquetes en el DF y Querétaro, así como votos agregados o eliminados ilegalmente.
“El recuento de la totalidad de los votos emitidos es jurídicamente posible y políticamente necesario. Sería sumamente grave soslayar o minimizar las numerosas expresiones de este conflicto”, se lee en esta misiva a la cual, a decir de Soledad Loaeza (Me imagino que aquí debería de decir Guadalupe, porque Soledad firmó el otro, el de los espurios), se sumarán más personajes a lo largo de la tarde, como Lydia Cacho, Humberto Mussaccio y Jorge
Zepeda Patterson, a fin de publicarla como desplegado en diversos diarios de circulación nacional.
Víctor Hugo Rascón Banda rechazó que, con esta carta, los firmantes se manifiesten en contra de las instituciones o de otros intelectuales, pero lamentó que los cien personajes que suscribieron la misiva en la cual se rechace un fraude, se hayan erigido como un tribunal y calificado de antemano la elección. Fustigó con severidad a los consejeros del IFE, pues dijo que la elección estuvo mal manejada por el actual consejo general, el cual no detuvo las campañas de difamación y calumnia.
"Para nada estamos en contra de otros intelectuales, estamos en contra de los consejeros del IFE que deben ser castigados, enjuiciados y despedidos", dijo el presidente de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).