¿Una ley para la reforma del Estado?

Cuarta República
Germán Robles
12 de febrero de 2007

¿Una ley para la reforma del Estado?

La verdadera transición política mexicana aún sigue pendiente, pues si bien en el año 2000 asomamos a la democracia, en el fondo los actores neoliberales que están detrás del poder estatal siguen siendo los mismos, sólo cambiaron de siglas. El único pacto visible es el de las élites, el de tipo social sigue siendo el gran pendiente.

En este país de enormes desacuerdos y polarización, donde no se cumplen las leyes y la justicia, máxime con el enorme retroceso que vivimos el dos de julio por el fraude electoral, es imperativo establecer las bases para la transición política, lo que sigue después de nuestra fantoche alternancia.

De ahí que desde que Fox asumió la presidencia la tarea de la reforma del estado fue una exigencia fundamental que fue ignorada, no importando las mesas de debate, los diálogos y los foros que dieron excelentes resolutivos y establecían un programa primario para la reforma del estado; Fox se empecinó absurdamente en impulsar otro tipo de reformas, sin el consenso necesario, ni los interlocutores políticos adecuados. Ni el ejecutivo sabía proponer y negociar, ni el legislativo supo tampoco disponer. Ambos actores dilapidaron las labores de la comisión de la reforma que era presidida por Porfirio Muñoz Ledo; quién ya dejo esos tejes para asumirse como el cerebro jurídico del nuevo constituyente que propone Andrés Manuel.

Al foxismo le fallo el cálculo político, se fue el sexenio, y hoy en el marco del 90 aniversario de la constitución del 17 y del 150 del 1857 es que se retoma en la agenda la necesidad de impulsar la reforma del estado a partir de una ley que rija las obligaciones, plazos y actores en la iniciativa.

Sólo que se les olvida un pequeño detalle; a saber que toda ley es una instrumentación para la normatividad social y las reglas de convivencia que dota de derechos y obligaciones, pero además establece sanciones; ¿si se aprueba dicha ley de reforma estatutaria, dónde quedarían las penalidades o sanciones?; sino hay tales no puede ser llamada ley, y por ende no sería el instrumento técnico adecuado para reformar al estado dadas las impericias que provocaría. Nadie obligaría a los diputados a cumplirlas, no habría posibilidad para demandarlos pues ellos fijan las reglas, no pueden ser sancionados amén del fuero constitucional.

¿Cómo establecer los tiempos? ¿Sino se cumplen quién va a la cárcel o paga alguna sanción?; ¿vamos a perder más tiempo para dotar de un marco normativo en la materia? No hay duda que a nuestros representantes les encanta buscarle tres pies al gato. Lo preocupante de dicha iniciativa es que podría ser un instrumento de simulación y negociación de cuotas de poder en las élites vía ley; pues se cancelarían de facto los resolutivos y los foros, simposiums, plebiscitos; es decir, la discusión social así como sus propuestas para tan fundamental tarea de reforma. Es el pacto nacional lo que está en juego, el cambio democrático en la relación entre poder y gobernados, por ello la discusión es de todos.

Posiblemente la ley de la reforma del estado que busca aprobarse podría incluir estos elementos para el análisis pero la experiencia nos señala que los relegaría a un papel secundario, de ignorancia testimonial. El congreso tiene todos los mecanismos a su mano para establecer una agenda de reforma urgente de estado, donde pasa la reforma electoral, al cofipe, al sistema de justicia, a la necesidad de un sistema semi parlamentario y dotar al presidente de mecanismos más eficaces de gobierno acordes a los tiempos, que no implica necesariamente acotarlo hasta dejarlo sin dientes.

Voluntad política de los actores se requiere, en el congreso están copados de iniciativas, minutas y todo tipo de propuestas que habitan en la congeladora, cada partido tiene su programa y la discusión podía ampliarse para establecer una agenda común sin necesidad de una “ley” para motivar dichos propósitos, la idea de una ley que te obliga a hacer leyes es tautológica y raya el la ridícula obviedad.

El traspatio.

Carlos Briseño, el más priísta de los padillistas, ha anunciado que al término de su gestión no habrá más rechazados en el SEMS, bueno; lo que le acompaña a esta iniciativa es la impronta de querer cobrar cuotas “diferenciadas” entre los alumnos. Las grande obras cuestan, todo se puede la cosa es quién paga. ¿Ya no les alcanzan los impuestos?; ¿por qué la iniciativa no se acompaña de un programa de austeridad y reestructuración universitaria? De ahí podrían salir muchos pesos y centavos. Entonces la buena noticia: habrá cupo para todos, la mala: a pagar cuotas, las más de las veces difíciles para amplios sectores y en violación al artículo tercero constitucional.

La exigencia de reformar la ley orgánica y la entrada de un camaleón del poder como Carlos Briseño avizoran el principio de la privatización de la educación pública universitaria. En el 2000 la UNAM ya mostró la crisis social que significa anunciar medidas de este tipo, hechas a la ligera sin un plan integral, dónde los costos no los pague el estudiantado. La plantilla de aspirantes y estudiantes tendrá que estar muy alerta.

gerarq22@hotmail.com

YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE MEXICO, apoyemos a Obrador