El crecimiento promedio de la economia durante la gestion de Fox

El crecimiento promedio de la economia durante la gestion de Fox ha sido el mas mas bajo de los ultimos 17 años. 1.8 %


YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE M?XICO, apoyemos a Obrador

EDITORIAL DEL NYTIMES

Opinion

Op-Ed Contributor

Recounting Our Way to Democracy

By ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Published: August 11, 2006

Mexico City

NOT since 1910, when another controversial election sparked a revolution, has Mexico been so fraught with political tension.

The largest demonstrations in our history are daily proof that millions of Mexicans want a full accounting of last month’s presidential election. My opponent, Felipe Calderón, currently holds a razor-thin lead of 243,000 votes out of 41 million cast, but Mexicans are still waiting for a president to be declared.

Unfortunately, the electoral tribunal responsible for ratifying the election results thwarted the wishes of many Mexicans and refused to approve a nationwide recount. Instead, their narrow ruling last Saturday allows for ballot boxes in only about 9 percent of polling places to be opened and reviewed.

This is simply insufficient for a national election where the margin was less than one percentage point — and where the tribunal itself acknowledged evidence of arithmetic mistakes and fraud, noting that there were errors at nearly 12,000 polling stations in 26 states.

It’s worth reviewing the history of this election. For months, voters were subjected to a campaign of fear. President Vicente Fox, who backed Mr. Calderón, told Mexicans to change the rider, but not the horse — a clear rebuke to the social policies to help the poor and disenfranchised that were at the heart of my campaign. Business groups spent millions of dollars in television and radio advertising that warned of an economic crisis were I to win.

It’s my contention that government programs were directed toward key states in the hope of garnering votes for Mr. Calderón. The United Nations Development Program went so far as to warn that such actions could improperly influence voters. Where support for my coalition was strong, applicants for government assistance were reportedly required to surrender their voter registration cards, thereby leaving them disenfranchised.

And then came the election. Final pre-election polls showed my coalition in the lead or tied with Mr. Calderón’s National Action Party. I believe that on election day there was direct manipulation of votes and tally sheets. Irregularities were apparent in tens of thousands of tally sheets. Without a crystal-clear recount, Mexico will have a president who lacks the moral authority to govern.

Public opinion backs this diagnosis. Polls show that at least a third of Mexican voters believe the election was fraudulent and nearly half support a full recount.

And yet the electoral tribunal has ordered an inexplicably restrictive recount. This defies comprehension, for if tally sheet alterations were widespread, the outcome could change with a handful of votes per station.

Our tribunals — unlike those in the United States — have been traditionally subordinated to political power. Mexico has a history of corrupt elections where the will of the people has been subverted by the wealthy and powerful. Grievances have now accumulated in the national consciousness, and this time we are not walking away from the problem. The citizens gathered with me in peaceful protest in the Zócalo, the capital’s grand central plaza, speak loudly and clearly: Enough is enough.

In the spirit of Gandhi and the Rev. Dr. Martin Luther King Jr., we seek to make our voices heard. We lack millions for advertising to make our case. We can only communicate our demand to count all the votes by peaceful protest.

After all, our aim is to strengthen, not damage, Mexico’s institutions, to force them to adopt greater transparency. Mexico’s credibility in the world will only increase if we clarify the results of this election.

We need the goodwill and support of those in the international community with a personal, philosophical or commercial interest in Mexico to encourage it to do the right thing and allow a full recount that will show, once and for all, that democracy is alive and well in this republic.

Andrés Manuel López Obrador, the mayor of Mexico City from 2001 to 2005, was a candidate for president in 2006, representing a coalition led by his Party of the Democratic Revolution. This article was translated from the Spanish by Rogelio Ramírez de la O.

EL PUSILÁNIME DE FECAL, PINTA A MÉXICO DE BLANCO (PROCESO)

CARTONES Naranjo Rapé Monosapiens Rocha El columnista

pintemos a méxico de blanco Rapé

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Gobierno de ornato

:: Análisis Político

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Vicente Fox foto: germán canseco

Otros análisis

:: La debilidad de los pacíficos :: Cambios en el IFE :: Tribunal, los escenarios del recuento :: Entre la hipocresía y el cinismo :: ¿Qué pasó con los paquetes que se abrieron?

Gobierno de ornato
alejandro pérez utrera /apro

México, D. F., 10 de agosto (apro).-- Un país convulso no necesita peor calamidad que un gobierno omiso. Y un régimen que sigue como empezó, viendo los toros desde la barrera, no tiene que verse acorralado ni por un conflicto poselectoral ni por una insurrección civil para evidenciar su ineptitud.

Si acaso el gobierno de la derecha no le apostó a la descomposición social para tener a quién culpar de ello, para justificar su invocación del espantajo ese del “peligro para México” endilgado a López Obrador, lo cierto es que hoy tiene ante sí un escenario de ingobernabilidad que, por lo visto, tampoco le importa contener.

El infalible “y yo por qué”, diamante de orgullosa manufactura foxista, refulge ahora con poder renovado: En otras palabras, la inacción presidencial apunta a que el movimiento de renegados acabe rindiéndose por cansancio, a riesgo de que semejante indolencia se lleve entre las botas a la nación completa.

Una presidencia frívola que abdica de su obligación de tender puentes entre las fuerzas políticas en pugna, que parcha con chicle los problemas nacionales, que delega en Televisa el privilegio de mandar, que martiriza a sus adversarios, es una presidencia peligrosa. ¿A quién debemos levantarle un monumento por haber difundido la puntada de que Vicente Fox, aunque incapaz para el gobierno, es un buen hombre?

La era del PRI –esa escoria que todavía alucina creyendo gozar de autoridad moral para validar comicios y reivindicar instituciones– dio muestras espléndidas de lo que entraña tal peligro: así como sus presidentes vejaron al pueblo por sistema, el pueblo no perdonó... Por desgracia, los daños ya estaban hechos, y fueron irreversibles. Algo parecido vemos ahora: daños consumados cuyas secuelas son, por lo pronto, la división nacional, el odio de clase y la zozobra ciudadana.

Cuando el presidente Fox insiste en que no reprimirá a quienes denuncian ya no sólo un fraude electoral, sino a un gobierno incapaz, ¿habrá que creerle si en su discurso echa al ejército por delante como “defensor de la democracia”?

Ya no preguntemos por Vicente Fox sino por Carlos Abascal... ¿Dónde ha estado el secretario de Gobernación en esta crisis? ¿Qué ha hecho para mediar, para crear espacios de interlocución política? Si velar por la gobernabilidad de un país es dictar sentencias y moralejas, siempre a toro pasado, México sería a estas alturas un ejemplo universal de civilidad.

En lo más reciente de la esquizofrenia foxista sorprende otro requiebre del discurso: de la amenaza velada contra el movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador a la conmovedora oferta de “conciliación” nacional, hipocresía secundada por Felipe Calderón mediante el típico formato panista de kermés: con una camiseta promocional (“Por un solo México”) y un llamado a hermanarse con el adversario.

Ni modo. Los renegados se quedarán frustradísimos: no se aguantan las ganas de ir corriendo a Los Pinos a suplicar represión divina.

Comentarios: aperez@proceso.com.mx

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YA LE TOCABA A PENDEJIZA UN POCO DE RESISTENCIA

RESISTENCIA FRENTE A TELEVISA

Simpatizantes de AMLO clausuran simbólicamente Televisa

Amas de casa y niños se unen a las acciones de resistencia civil a las afueras de las instalaciones de Televisa Chapultepec

Sara Pantoja
El Universal
Ciudad de México
Viernes 11 de agosto de 2006

12:22 Cerca de 300 personas se manifiestan frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec, cerrando la circulación de dicha avenida en dirección hacia la avenida Cuauhtémoc. Dejando sólo un carril para el tránsito de los automóviles.

Los manifestantes, entre ellos amas de casa y hasta niños, gritan consignas como "Televisa entiende, la patria no se vende".

También clausuraron simbólicamente las puertas de la televisora con calcomanías que tienen el logotipo de la empresa pero con el lema "¡Di la verdad! ¿tienes el valor o te vale?".

También hay una manta que hacer un recuento de momentos históricos en el país "En 1968 mentiste y juzgaste al joven, en 1988 mentiste y ocultaste el fraude, y hoy 2006 mientes y condenas al pueblo pero no puedes ocultar la verdad. AMLO Presidente".

Al lugar ya están arribando elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, para resguardar el orden y evitar algún tipo de confrontación.

Frente a la televisora se ha montado un templete en el que se prevé habrá un mitin con la presencia de algunos dirigentes perredistas y funcionarios electos.

En el templete se muestra un cartelón con las figuras caricaturizadas de los principales conductores de Noticieros Televisa.

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A ver que comenta hoy en la noche el levantacejas, vocero de la Nomenclatura; seguro y se hacen pendejos con la nota.

Encuentran paquete electoral vacío en Durango

Encuentran paquete electoral vacío en Durango

Denuncia la coalición Por el Bien de Todos que otras irregularidades han sido boletas con firmas múltiples en la parte posterior de las mismas y 63 casillas con errores de cómputo

- A A A + Termina recuento en Nuevo León; AMLO gana cuatro votos 16:35 Recupera AMLO 115 votos en Veracruz 16:00 Concluye recuento de votos en distritos del Noroeste 15:25 Avanza 70% el recuento de votos en Puebla 15:11 Resultados son consistentes en 75% del recuento: PAN 14:33 Prohíben acceso de partidos a paquetes electorales 12:36 Pide López Obrador apoyo internacional para recuento 10:10 Recuento parcial alcanza ya 60% Reportan avance de 60% en el recuento de votos Magistrados valorarán caso de paquetes abiertos: IFE

Mónica Perla Hernández / Corresponsal
El Universal
Durango, Durango
Viernes 11 de agosto de 2006

17:00 La casilla número 263 básica que fue abierta dentro del recuento de votos que se desarrolla en el Distrito 04, apareció vacía.

De acuerdo con lo manifestado por el representante de la coalición Por el Bien de Todos, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, el citado paquete electoral sólo contenía algunos sobres, a pesar de que la citada casilla se había computado el pasado 5 de julio en el conteo distrital.

Acusó como grave esa irregularidad que se detectó esta mañana en la citada junta distrital, en la cual hasta el momento se han contabilizado 102 paquetes de un total de 138.

Ante esta situación, el juez de Distrito, Luis Hannibal Pescador Cano, determinó que el caso de este paquete electoral se turnará a la sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A su vez, Primitivo Ríos denunció que otro paquete electoral que se revisó contenía boletas con firmas múltiples en la parte posterior de las mismas, cuando la ley sólo establece que deben de tener una firma por el anverso.

A su vez, en rueda de prensa el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Durango, el senador Marcos Cruz Martínez, dijo que en el recuento hasta el avance que se tiene en los distritos 1 y 4, y con la conclusión del 3, se detectaron un total de 63 casillas con errores de cómputo.

Mientras que en 59 de 174 casillas contabilizadas de las 344 que se tienen que revisar de acuerdo con el TEPJF, se encontraron un total de 205 boletas sobrantes y en 39 casillas hubo un total de 679 boletas faltantes.

Por su parte, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Gerardo Pérez Ibarra, minimizó los señalamientos de la coalición y aseveró que manipulan información con fines políticos, "tratan de distorsionar la verdad".

goc/dm

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Crecimiento y equidad

Crecimiento y equidad José Luis Calva 11 de agosto de 2006

" La lucha contra la pobreza no sólo sirve a los pobres; también es positiva para toda la sociedad". Esta frase no es de Andrés Manuel López Obrador, sino de Guillermo Perry, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, al presentar el informe Poverty reduction and growth: virtuous and vicious circle, recientemente publicado. El informe documenta la existencia en nuestra región de círculos viciosos entre bajos niveles de crecimiento económico y altos niveles de pobreza, que a su vez generan bajos niveles de crecimiento. A juicio del Banco Mundial, para transitar a "círculos virtuosos en los cuales la reducción de la pobreza y el crecimiento elevado se refuercen mutuamente", el desafío más urgente consistiría en transformar al Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades. Parece un paso hacia el aire fresco.

Sin embargo, es necesario ir más lejos: el círculo vicioso entre pobreza y bajo crecimiento económico constituye una suerte de nudo gordiano que sólo puede ser desatado al estilo Alejandro Magno, es decir, de manera heterodoxa, mediante un conjunto articulado de políticas públicas -en su mayoría herejes al Consenso de Washington-, que incluya no sólo políticas sociales reductoras de desigualdades, sino también políticas industriales y macroeconómicas contracíclicas, además de políticas sociales de cobertura universal y programas microeconómicos y microrregionales que incorporen a la población marginada a las tareas y los beneficios del desarrollo. Por eso, durante los últimos tres lustros ha venido conformándose un consenso entre los economistas del desarrollo de América Latina (neoestructuralistas y poskeynesianos) en el sentido de que el crecimiento sostenido con equidad sólo será factible mediante estrategias que tengan por lo menos cinco componentes:

Primero: políticas macroeconómicas contracíclicas para minimizar la volatilidad en el crecimiento del producto nacional y del empleo. Su necesidad deriva de los elevados costos económicos y sociales de esta volatilidad -que en América Latina es la más alta del mundo-, la cual genera una enorme subutilización promedio de la capacidad productiva instalada, afectando las utilidades empresariales y reduciendo las tasas medias de crecimiento de la inversión, del PIB y del empleo, con impactos adversos sobre el bienestar de los hogares.

Segundo: políticas de fomento económico general y sectorial que amplíen y mejoren la infraestructura, impulsen el desarrollo de las ramas productivas estratégicas y estimulen los encadenamientos productivos. Su pertinencia deriva de la necesidad de crear sinergias permanentes entre los sectores productivos para asegurar la generación de suficientes empleos dignos; para reconstruir y articular los eslabones de las cadenas productivas, hoy rotas por el creciente componente importado de las exportaciones industriales; para cerrar la brecha tecnológica y de productividad entre nuestros países y el mundo industrializado, impulsando el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, pero también las industrias y servicios de alta tecnología, como lo han hecho países exitosos que han partido de un nivel de desarrollo inferior. Esto permitiría mejorar la calidad de los empleos, diversificar nuestra planta productiva y elevar su eficiencia, permitiendo mejorar el nivel de vida de la población de manera sostenible.

Tercero: políticas educativas, de desarrollo científico-técnico, capacitación laboral e inducción de la innovación, que contribuyan a la elevación general de la productividad y al desarrollo de industrias del conocimiento. Hay que recordar que la formación de recursos humanos a través de estas políticas se encuentra en la base del éxito económico de las naciones; constituye una poderosa palanca para elevar la productividad y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es la clave para ir cerrando las brechas -de productividad, ingreso y calidad de vida- que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.

Cuarto: políticas sociales de cobertura universal (además de la educación, sistemas eficaces de salud, seguridad social, nutrición, vivienda digna, etcétera), combinadas con una estrategia claramente orientada a mejorar gradualmente la distribución del ingreso. Estas políticas resultan ser -como lo evidencian las economías exitosas- componentes esenciales de un desarrollo económico robusto e incluyente, sustentado en un vigoroso mercado interno y en una sólida cohesión social.

Quinto: programas orientados a la atención de los grupos sociales más vulnerables y rezagados (ergo, marginados), los cuales son cruciales para romper los círculos viciosos de la desigualdad, a través del acceso integral -acelerado- a los satisfactores básicos de alimentación, vestido y vivienda, así como a los servicios de salud, educación, infraestructura, pero también a través de programas microeconómicos y microrregionales que impulsen la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos locales.

La plena incorporación de todos los segmentos sociales a las tareas y los beneficios del desarrollo no sólo es palanca fundamental para una sociedad más equitativa y cohesionada, sino también para lograr un crecimiento económico acelerado y una inserción digna en la economía internacional.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

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HABLANDO DE LAS CAUSAS SOCIALES DEL CONFLICTO.

Daltonismo social Fernando Ortiz Proal 11 de agosto de 2006

E n la trastienda del conflicto postelectoral que tiene sumergido al país en un estado de creciente volubilidad, se oculta el fantasma de la pobreza. El profundo abismo social que ha generado la inequitativa distribución del ingreso en el mundo, es un fenómeno que en la actualidad ha alcanzado alarmantes dimensiones.

Las diferencias en cuanto al ingreso anual per cápita son escandalosas; por citar un ejemplo, mientras que Suiza tiene uno de más de 40 mil dólares, Mozambique y Etiopía tienen 80 y 100 dólares, respectivamente. Esto significa que en estos últimos dos países sus habitantes tienen un ingreso anual equivalente a 0.2% del ingreso de un suizo.

Desafortunadamente la situación latinoamericana no es muy diferente y nuestro país tampoco puede escapar a esa penosa realidad. Hace unas cuantas semanas, el Banco Mundial hizo público un informe titulado "Redistribución del ingreso a los pobres y ricos; transferencias públicas en América Latina y el Caribe".

En este análisis, la reconocida institución financiera internacional afirma que si bien los países latinoamericanos no se cuentan entre los más pobres del orbe, en estas naciones, incluyendo a nuestro país, predomina una desigual distribución de la riqueza respecto de otras regiones.

En lo que toca a México, las conclusiones del informe son desalentadoras y exhiben la demagogia con la que el gobierno federal ha hablado del combate a la pobreza, cuando en realidad son magros los resultados obtenidos. En principio, se afirma que la mitad de los mexicanos viven en situación de pobreza, con esta triste revelación se echan por tierra las cifras alegres de la actual administración, que sufre de daltonismo social puesto que desde hace algunos años ya no ve pobres en México.

Por un lado, se sostiene que el gasto público en apoyo a los más pobres ha sido muy bajo. Y, por otro lado, se afirma que los verdaderos beneficiarios de algunos programas sociales implementados en México con la intención de contrarrestar los efectos de la pobreza, como el Procampo, no han sido los más pobres.

Así las cosas, resulta increíble que ante la evidencia de las necesidades más elementales que padecen millones de mexicanos, el gasto en protección social se ha limitado a 3.5% del PIB, cuando el gasto social total es de 9.8%.

En estas condiciones vale la pena recuperar algunas ideas que a finales de la década pasada publicó el jurista y novelista mexicano Gerardo Laveaga -cuya reciente novela histórica El sueño de Inocencio recomiendo ampliamente- en un ensayo titulado "La cultura de la legalidad", y que en forma muy general son del siguiente orden: la fuerza del Estado encuentra su razón de ser en el consenso social. La clase dominante en un Estado -gobierno y grupos de poder- se legitima en la medida que logra mantener la cohesión social. Y esto sólo es posible cuando los distintos grupos que integran la comunidad, independientemente de sus particulares intereses gremiales, encuentran en ésta un ambiente adecuado para satisfacer sus necesidades, cuando menos aquellas que les son básicas. En este sentido, la pobreza es la más elocuente manifestación de la ausencia de entendimiento entre los grupos.

El consenso legitima al Estado, brinda estabilidad y permite promover una axiología afín en la comunidad; y en este punto, valores como la justicia, la legalidad y la democracia encuentran las vías para su perfeccionamiento. Por su parte, el distanciamiento social que induce la pobreza fomenta el desencuentro, mientras que la continuidad del conflicto es el principal obstáculo para el desarrollo.

Lamentablemente todo parece indicar que en este momento precisamente nos encontramos en esta coyuntura. Y es que en última instancia, tras bambalinas del conflicto postelectoral que vivimos subyacen los abismos sociales generados por la pobreza. Incluso el discurso de los pobres no resultaría políticamente rentable si la pobreza no fuera una realidad generalizada.

Por ello, independientemente de quien o quienes resulten favorecidos al final de la escaramuza electoral de 2006, sin importar qué principio o instituciones prevalezcan al terminar este asunto, no se debe perder de vista que detrás de esta cuestión está la pobreza, y que ninguna determinación será lo suficientemente sólida hasta en tanto no se combata esa injusticia.

ferortiz@consultoreslegislativos.com

Abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM

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Suerte echada

Estrictamente personal Raymundo Riva Palacio 11 de agosto de 2006

Suerte echada

Ulises Ruiz se ha vuelto insostenible como gobernador y no parece haber más cauce de retorno a la gobernabilidad en Oaxaca que su destitución

L a decisión está tomada: el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, será destituido. El problema es cuándo será y cómo lo harán, lo que no es un asunto menor.

El conflicto magisterial es el origen de la pronta salida de Ruiz, pero no todo el fondo. Este fondo se encuentra en el carácter de un sátrapa que tiene un amplio sentido patrimonialista del poder y un galopante autoritarismo para la administración pública. Quien piense que son calificativos, se equivoca; es una descripción de su estilo de gobernar.

El destino de Ulises Ruiz lo marcó él, por sobre todos y sobre todas las cosas. Pero la desgracia de Oaxaca que ha tenido una sucesión consecutiva de dos talibanes de la política -José Murat, su antecesor, es una perla dentro del folclor de la política mexicana-, ya entró en fase terminal.

La figura de Ulises Ruiz como gobernador saltó al escenario nacional al estallarle un conflicto magisterial que, en su contexto preelectoral, daba todo el diagnóstico de haber sido construido artificialmente para afectar la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. En su equipo de campaña así entendían los síntomas de descomposición en Oaxaca, a fin de neutralizar al gran operador electoral que tenía el priísta en el sur del país.

Lo que nunca pudieron articular los estrategas de Madrazo con claridad racional es cómo se daba esta conspiración contra él y Ruiz. El conflicto magisterial fue desatado -y se mantiene así- por la protesta de la Coordinadora del magisterio en contra de la autoridad federal en busca de una retabulación salarial, pero vinculaban el atizamiento de ella a la enemiga a muerte de Madrazo, Elba Esther Gordillo, líder del magisterio oficial del cual la Coordinadora, una facción disidente, siempre ha sido su enemiga. Tanto, que dirigentes de la Coordinadora fueron financiados repetidas veces por Ruiz y Murat para realizar acciones de choque contra Gordillo, y mantenían una iguala del gobierno oaxaqueño.

A esa alianza extraña se le sumaba, en el operativo contra Madrazo y Ruiz, el propio gobierno federal, con lo cual se entraba en otro problema de racionalidad política, pues la Coordinadora ha tenido históricamente una influencia de la guerrilla, actualmente el Ejército Popular Revolucionario y previamente sus precursores en la lucha armada. Entonces ya eran dos enemigos dentro del magisterio y un enemigo del Estado, en la confabulación. No se metió al PRD ni a su candidato Andrés Manuel López Obrador quienes, al final de cuentas, fueron los ganadores electorales en Oaxaca. Cuando el escenario se desmoronó con la derrota de Felipe Calderón, al que respaldaban el gobierno federal y Gordillo, pero de ninguna manera la Coordinadora o el EPR, la mentira comenzó a aparecer.

Ruiz había convencido a Madrazo de que todo era una trapacería electorera para que perdiera la elección presidencial, por lo que rechazó negociar con los maestros. No atendió el problema pensando que se desgastaría y trató de cobrar los privilegios otorgados. Es decir, cuando se reclamaba hacer política, la canceló. Ahí están los resultados. Oaxaca, capital, es hoy el foco de ingobernabilidad más grande del país. Ingobernabilidad no está asociada siempre con violencia, pero lo que sucede en Oaxaca ha golpeado enormemente a la economía y a la sociedad. El gobierno de Oaxaca dice que no hay ingobernabilidad, pero miente. La ausencia de poderes ha convertido el centro de la capital en una selva hobbsiana. Un ejemplo: los comerciantes se están valiendo de silbatos para alertar cuando son asaltados, a fin de que el resto de los comerciantes puedan acudir en su ayuda, pues no hay policía que entre al perímetro tomado por los maestros. La actividad turística se ha desmoronado y la derrama económica dejó de fluir debido a que el gobierno no es capaz de cumplir con su función primaria: proporcionar seguridad a las personas.

Pasadas las elecciones, el gobierno federal trató de entrar al rescate de Ruiz y empezó a dialogar con todos. ¿Qué encontró? Con los maestros, imposible un diálogo porque lo odian. Fue con los empresarios. Igualmente lo odian. Llegó a la Iglesia, pero también fue inútil. ¿Cómo logró Ulises Ruiz el consenso en su contra? Lo descubrieron rápidamente: a través de la represión política contra sus adversarios, a los que no le bastó derrotarlos, sino trató de meterlos en la cárcel; a través de la represión hacendaria contra los empresarios que no lo ayudaron financieramente en su campaña, enviándoles auditorías por todos lados; a través del acoso a líderes sindicales y periodistas para acallar sus voces; y manejando monárquicamente la administración pública, pisoteando sin sentido a los poderes locales. La Iglesia, que es la institución más refractaria del país, recibió quejas y denuncias morales de todos los campos, y los desprecios de Ruiz, por lo que tampoco quieren nada con él.

Es impresentable. Le quedaba el PRI, pero ya lo ven como un lastre. Hay un acuerdo político en principio sobre su destitución. De hecho, en una escondida declaración del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, esta semana, dio a conocer que el caso de Ruiz lo tiene el Senado, que es la instancia legal para la desaparición de los poderes. El gobierno federal preferiría que el gobernador Ruiz pidiera licencia, pero la única persona que puede hacerle la petición es Madrazo, quien se encuentra fuera de México. Si el ex candidato presidencial no lo persuade de que se vaya por las buenas, se irá por las malas. En cualquier caso, la cabeza de Ruiz tendrá que formar parte de una negociación con el nuevo gobierno federal dentro de lo que se supondrían acuerdos marco de gobernabilidad. Pero ese es el primer obstáculo a salvar. El segundo es quién lo relevaría, en el entendido de que el gobernador entrante no sería un interino sino terminaría el mandato constitucional de Ruiz.

La figura aceptable para el gobierno federal, para el PAN, para el PRD y para la mayor parte del PRI es Gabino Cué, quien contendió contra Ruiz por los colores de la alianza Convergencia-PRD. Pero Cué no es aceptable ni para Ruiz ni seguramente para Madrazo, al ser un protegido del ex gobernador Diódoro Carrasco, quien en plena campaña presidencial abandonó al PRI y se fue a contender por una diputación del PAN.

Esta es la negociación política que se dará en las próximas semanas para abrir la puerta de salida a la ingobernabilidad en Oaxaca, que tiene como fecha mínima de puesta en práctica una vez que el Tribunal Electoral valide la elección presidencial y declare a un presidente electo. Es cuestión de tiempo la estadía de Ruiz en el gobierno. Por lo que concierne al minúsculo pero poderoso núcleo priísta que lo apoya, tendrán que hacer sus cuentas rápidamente y entender que su salida no tiene punto de retorno y que será mejor que recorten sus pérdidas antes de que se hagan más profundas.

rriva@eluniversal.com.mx

r_rivapalacio@yahoo.com

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Gober y presi preciosos

Gober y presi preciosos

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Astillero

Julio Hernández López

En movimiento

Oaxaca, muerte y represión
DF: manifestantes de cuello blanco
Denuncia penal por fraude electrónico

La crisis de Oaxaca es una reserva regional de escándalo que el foxismo (o, más bien, los geniecillos del mal que lo manejan) mantiene lista para ser detonada en el momento que mejor convenga al supremo interés de la defraudación electoral nacional (cuando la señora MH -me harta- ha sufrido a causa de indagaciones sobre la Fundación (Ro)Vamos México o sobre los hijitos bribiescones, siempre han aparecido escándalos oportunos que mueven la atención pública a otros ámbitos). Ulises Ruiz, el fracasado mapache madracista, es una pieza sacrificable a la hora en que el desgobierno federal decida dar el banderazo de salida a la estrategia de provocación, violencia y represión que trate de frenar el movimiento lopezobradorista de resistencia al fraude. Como en Pasta de Conchos, Ciudad Lázaro Cárdenas y San Salvador Atenco, el gobierno foxista-yunquista está usando en Oaxaca los conflictos sociales para propósitos facciosos, sin darse cuenta de que sus siempre lamentables maquinaciones politiqueras acaban ensangrentadas y que, en casos como el de Oaxaca (donde ayer hubo un muerto durante una marcha), los juegos de poder dados en la capital del país están siendo rebasados por la realidad de una movilización social desconocida, insuficientemente apreciada, que en aquella entidad ha establecido una distancia extrema entre los gobiernos (estatal y federal) y las instituciones respecto al pueblo y sus intereses.

Muerte por causas políticas en Oaxaca mientras los patrones han decidido en la ciudad de México que es hora de que algunos de sus empleados ejecutivos salgan a las calles. Ya habían estado los intereses de esos patrones en las pantallas, patrocinando o sirviendo de prestanombres para desplegar campañas propagandísticas de miedo, odio y confusión y, desde luego, también habían estado en las campañas electorales subvencionando a sus favoritos, presionando a sus empleados y chantajeando luego con el riesgo de la desestabilización económica. Pero ayer algunos de los representantes de esos membretes empresariales (dos centenas, aseguró el diario de la derecha vuelta a formar, es decir, reformada) saltaron durante media hora al segmento de la avenida de los Insurgentes donde está el World Trade Center, para protestar mediante cartelones contra el movimiento de resistencia al fraude electoral que se mantiene del Zócalo al Periférico. Los manifestantes de cuello blanco habrían sido organizados por una vertiente de la Coparmex llamada Sociedad en Movimiento (el líder de este grupo, y de la movilización de ayer, es exactamente el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Alberto Núñez Esteva) y su aparición sería el inicio de acciones abiertas de parte de ese conglomerado de derecha que pretende apuntalar públicamente el presunto triunfo electoral de Felipe Calderón.

Astillas:

Más vale tarde que nunca: el comité del PRD en el Distrito Federal, encabezado por Martí Batres, presentó ayer una denuncia de hechos por presunciones de fraude electrónico ante la fiscalía federal de asuntos electorales. La denuncia ha sido enderezada contra los consejeros electorales, con Luis Carlos Ugalde a la cabeza, René Miranda (jefe del área de computación del IFE) y el presunto beneficiado, Felipe Calderón. Los perredistas mencionan que hay bases razonables para presumir fraude electrónico "al modificarse los datos de las actas cuando éstas ingresan a los sistemas informáticos del IFE o, en su caso, cuando ya están dentro del sistema mismo al momento de contarlos". Recordando los casos ejemplares de adulteración cibernética habidos en Florida y Ohio en las pasadas elecciones presidenciales estadunidenses, se asienta que en México pudieron darse "modificaciones directas y puntuales sobre las bases de datos, programas exteriores que cambian el contenido de las mismas, rutinas especiales de modificación aleatoria o programada de datos al momento de la introducción (...) e incluso incursiones externas dentro del sistema que modifiquen el programa de ejecución y/o las bases de datos en sí mismas y sus resultados"... Respecto a los presuntos empleados del IFE que fotocopiaban actas electorales el pasado 7 de julio en Hiperlumen de Insurgentes Sur, un informante de esta columna reportó que el vehículo en que aquéllos huyeron, un Platina, placas 706-SWX, pertenece a la Junta Local Ejecutiva del IFE en el Distrito Federal. Es un modelo 2003, motor Q075297, serie 3N1JH01S73L062177. Esa misma fuente afirma que "los mandos medios, encargados del 'nuevo recuento' que se organizó en la encerrona del Centro del Desarrollo Democrático, estuvieron sacando copias de actas y boletas todavía un día antes del minirrecuento ordenado por el tribunal. La sacadera de copias fue día y noche ininterumpido durante este periodo" (la citada encerrona fue denunciada aquí el pasado 27 de julio, en una entrega titulada "IFE inicia recuento", en la que se dio cuenta de las maniobras secretas que ordenó el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, con 100 empleados como ejecutores, para analizar y modificar boletas de la elección presidencial)... Carmen Huerta escribe: "Sí: Espinosa Villarreal y Raulito Salinas pueden ser absueltos y salir en libertad después de haber robado. Echeverría es absuelto a pesar de ser genocida. Así también será exonerado Succar Kuri. Pero nuestros compañeros de Atenco, los presos bases de apoyo zapatistas, los hermanos Cerezo, etcétera, o sea los luchadores sociales... ellos seguirán adentro, porque ellos también son 'un peligro para México'"... La secretaria de gobernación del hipotético gabinete calderónico, Elba Esther Gordillo, ha hecho los arreglos adecuados para que las siglas del PRD tengan menos posibilidades de ganar la gubernatura de Chiapas. La profesora en Hoffa (léase: jefa) ordenó a su pupilo panalero, Emilio Zebadúa, que decline a favor del priísta José Antonio Aguilar Bodegas, declinación que también ha hecho el PAN con Francisco Rojas. El cierre de filas (Panal, PAN, PRI, Verde Ecologista) trata de impedir que el otro góber precioso, Pablo Salazar, imponga a Juan Sabines como sucesor dizque perredista (Sabines era priísta hasta antes de que el tricolor designara a Aguilar Bodegas como candidato)... Y aquí nos veremos el próximo domingo, en una entrega especial, mientras sigue el recuento programadamente gatopardista...

Fax: 5605-2099 juliohdz@jornada.com.mx www.juliohernandez.com.
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE M?XICO, apoyemos a Obrador

Luis Javier Garrido

El cochinero

La pretensión de Vicente Fox de imponer en 2006 en la silla presidencial a su sucesor, utilizando de manera ilegal toda la fuerza del Estado y pretendiendo hacer creer que el proceso electoral era democrático, fracasó estrepitosamente desde mucho antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezara actuar a todas luces bajo la consigna de convalidar el fraude.

1. El anuncio del tribunal de que se negaría a hacer un recuento "voto por voto" de la elección presidencial, a pesar de las evidencias de fraude, anunciando, para cubrir las formas, que en su lugar se abrirían 11 mil 839 casillas (9.07 por ciento de las 130 mil 477 instaladas), constituye una decisión política y no jurídica, y no hace sino agravar la crisis en la que se halla inmerso el país. Los magistrados de la sala superior tenían conforme al marco legal vigente facultades para hacerlo, y su sumisión al gobierno foxista, anteponiendo las exigencias de los extremistas de derecha que se han apoderado del aparato estatal a los intereses de la República, constituye un hecho de vergüenza que deteriora aún más la vida institucional de México.

2. Es una decisión política, como ya se sabía que sería, no jurídica, pues en pleno uso de sus facultades, con base en el Cofipe y en la ley de medios el tribunal pudo asumir un papel histórico dadas las evidencias descomunales del fraude que ahora se reconfirman al abrir el conteo parcial y constatar los operativos para falsificar resultados y violar urnas, que quieren culminar la que fue desde sus preparativos una elección de Estado con un fraude contra López Obrador y el pueblo de México. No en balde el IFE impidió en las sesiones de cómputo del miércoles 5 que conforme a la ley se abrieran los paquetes electorales impugnados, y desde entonces quién sabe cuántos paquetes falsificaron Ugalde y sus amigos.

3. Los analistas que dicen "confiar plenamente" en el TEPJF y en "las instituciones del Estado" no manifiestan más que una soberana tontería. En un régimen económico y político como el que se instauró en México desde 1982, del cual el gobierno foxista es un eslabón, las instituciones jurídicas expresan decisiones del poder tomadas con criterios políticos. Y para eso fue creado el tribunal: para dar cobertura seudo jurídica a las decisiones políticas que se toman conforme a relaciones de poder.

4. Los magistrados de la sala superior, designados en 1996 entre oscuros abogados conservadores para hacer valer los intereses del régimen, podían haberse rebelado a los mecanismos de control con los que se les ha sujetado desde Los Pinos, y recordando que el Poder Judicial es presuntamente autónomo haber fallado conforme al derecho y a la razón. Aún están a tiempo de rectificar aunque se ve difícil, pues requerirían dejarse de simulaciones y tener respeto por la legalidad constitucional del país, pero, sobre todo, dignidad y patriotismo.

5. En este escenario debería pesar a los señores magistrados que el fraude cometido por la ultraderecha tiene como finalidad llevar a Los Pinos a Calderón, quien durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía no sólo cometió presuntos gravísimos ilícitos de tráfico de influencias, con su cómplice y ahora vocero César Nava (entonces oficial mayor de Pemex) y en beneficio de su cuñado, Diego Hildebrando Zavala, sino que los hechos lo están evidenciando como un delincuente electoral.

6. El escenario que vive México es inédito, y muchos no lo entienden porque viven aferrados a conceptos y prácticas del pasado. Lo que está en juego tras el fraude es el destino de todos para las décadas por venir, pero hay mucho de distinto a otros momentos de nuestra historia reciente, que algunos ya advertieron. En más de medio siglo el país no había tenido un dirigente político tan comprometido con sus ideas ni tan lúcido para entender la realidad como López Obrador, ni sectores tan significativos del pueblo que al luchar con él por la democracia como ahora, están defendiendo la integridad de la República con un objetivo muy claro. Como ha subrayado López Obrador, el país tiene que decidir ahora si avanza por la vía de la democracia o se hunde en la pendiente de la simulación.

7. La apuesta de Fox y de la ultraderecha mexicana, atrás de la cual se hallan unidos salinistas y yunquistas, en el sentido de que en esta ocasión, como en el pasado, la resistencia se doblegaría con el tiempo, los dirigentes del movimiento se dividirían y los medios lograrían con sus campañas de mentiras acallar la verdad, está fracasando. El movimiento en vez de disminuir crece, en tanto que los autores del fraude, desde Salinas y Fox hasta Ugalde, Abascal y Gordillo, o Ramón Muñoz y Manuel Espino, carecen de una respuesta política, al igual que su cada vez más insignificante candidato: un Felipe Calderón, de espaldas a la realidad, que no balbucea desde su escondrijo más que una propuesta para legitimarse si se le deja usurpar el poder, intentando la réplica de lo que hizo Salinas en 1988, como si nada hubiese cambiado en México: cooptando a dos o tres tránsfugas de la oposición, proponiendo negociar una reforma electoral y haciendo llamados a "la unidad nacional".

8. La preocupación por lo que acontece, que se manifiesta en los sectores medios, en la Iglesia, en las fuerzas armadas y en un amplio sector de empresarios, algunos de los cuales están arrepentidos de haber secundado a Fox en su absurda empresa de imponer el fraude, es patente, pues a pocas semanas de la elección ha quedado claro que el único que ha tenido una propuesta para sacar adelante al país y un consenso social es López Obrador y que, al contrario de lo que dice la "propaganda negra", Calderón sólo llevaría a profundizar la crisis económica y a un desastre social, pues el respaldo popular que tiene es nulo.

9. La resistencia civil que crece con convicción, pero también con la dignidad y la madurez de un pueblo ultrajado al que se quiere pisotear una vez más, entraña una actitud moral, pues es por el bien de todos y del país. La carta de López Obrador sobre ésta, dirigida a los mexicanos, en particular a los molestos por las movilizaciones (La Jornada, 9/8/06), recuerda por eso cuáles son sus razones y concluye que para muchos mexicanos la democracia es "un asunto de sobrevivencia".

10. El país tiene una salida política y jurídica, y puede venir si el tribunal, en vista del cochinero evidenciado en el nuevo conteo parcial, ordena un conteo "voto por voto" o anula parcialmente los resultados falsificados que pretenden imponer a Calderón, quien perdió la elección presidencial. Pero si los magistrados, de espaldas a la razón y a la ley, insisten en anteponer los privilegios de unos cuantos grupos oligárquicos sobre los derechos de la nación llevarán al país a una crisis mayor.

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Jorge Camil

Fox: la caída

La reforma política, la energética, la fiscal, y el olvidado tema del aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros proyectos, se quedaron atrapados en el tintero, víctimas de la inactividad y de la cortedad de miras, del conformismo, de la ausencia de planeación y de la falta de liderazgo. Hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy, hoy, se acaba el sexenio a velocidad vertiginosa. Las horas vuelan y el país se dirige a lo desconocido: a un rompimiento, a la violencia, hacia el interinato; rumbo al caos.

Tras un siglo de frustración sacamos al PRI de Los Pinos y confundimos la alternancia con la alborada de una transición democrática. Pero en su lugar instalamos a un presidente ausente, un hombre que se prepara a "besar al nieto" mientras los mexicanos nos asomamos al abismo. Un hombre bueno -afirman sus amigos- que abdicó al cargo desde el primer momento y cedió espacios de poder al Congreso, a sus colaboradores, a la oposición, al clero y a los gobernadores; a los empresarios que lo llevaron al poder y a las televisoras; a su esposa, y también a los hijos de la señora Marta: juniors anacrónicos que traicionaron los principios de un panismo que hoy debe lamentar haberles prestado el registro para llegar al poder.

La euforia del nuevo gobierno duró unos cuantos meses. Pronto comenzamos a desandar lo andado y a vivir la triste realidad de tropiezos, errores y correcciones de un rumbo nebuloso que jamás fue del dominio público. La boda con la señora Marta, celebrada en el entorno solemne de una cena de Estado en honor del señorito José María Aznar, fue el principio del fin. ¿Se casa, o no se casa?, especulábamos hundidos en la frivolidad. Y se casó, dando nacimiento a la inusitada figura de la pareja presidencial. A partir de entonces la mujer atrajo los reflectores y tomó las riendas del poder; hundió el sexenio del marido. Asistía, orgullosa de su triunfo personal y tomada de la mano del Presidente, a todos los actos oficiales: con militares, empresarios, pontífices, políticos, gobernadores y jefes de Estado visitantes. Besó al Presidente en la boca en la Plaza de San Pedro, una forma descarada de mandar al Vaticano a freír espárragos. Sin más representación que la abulia del marido se atrevió a representar a México en actos oficiales en el extranjero. Pronto caímos en la cuenta de que estaba dedicada en cuerpo y alma a aprender el oficio; preparándose para suceder al Presidente en flagrante violación del principio de no relección.

A medida que se elevaba la estrella fulgurante de Marta comenzaba a extinguirse la figura de Vicente Fox. Y a paso y medida que se consolidaba la pareja presidencial se deslavaba la dignidad del Poder Ejecutivo. En un atentado contra la ciudadanía comenzaron a salir de Los Pinos sondeos de opinión autocomplacientes que otorgaban a Marta, como a Santa Evita en Argentina, atributos milagrosos: defensora de los pobres, protectora de los desheredados, refugio de los niños de la calle. Se llegó a afirmar que aventajaba a López Obrador en las encuestas de popularidad, dando inicio con ello a un culto a la personalidad que alentaron y aprovecharon quienes ocuparon el vacío de poder para gobernar en las sombras. El fenómeno desembocó en el desafuero, una irresponsable decisión política que manchó la elección del 2 de julio y continúa afectando la secuela de un proceso electoral inconcluso. El marido le cedió la silla y ella traicionó su confianza. Lo despojó del último vestigio que justificaba su popularidad: la aureola de honradez; lo involucró en escándalos de corrupción.

El caos que envuelve la caída del "sexenio del cambio" es monumental. A tres meses de la transferencia de poderes no tenemos presidente electo y los dos candidatos que reclaman victoria acuden desesperadamente al pueblo, o a grupúsculos de poder, en busca de la legitimidad que les deberían otorgar las instituciones, incluyendo al Poder Ejecutivo federal. "¿Y yo por qué?", debe repetir el Presidente, "si no soy PREP ni IFE ni tribunal electoral ni presidente de casilla".

El Presidente continúa aun hoy, en medio de la debacle electoral, despreocupado y cediendo espacios de poder a los medios, a los partidos, a los candidatos y a las fuerzas del mercado. (A propósito del mercado debe sentirse orgulloso del entorno económico: el peso a la alza, la inflación controlada, los intereses a la baja y las reservas más altas de los últimos tiempos, ¿hay motivo de preocupación?)

Aun hoy, en medio del incendio que envuelve a su gobierno, el Presidente, desubicado, advierte: "¡no jueguen con fuego!" Con característico escapismo confía en que el tiempo trabaja a su favor: la gente se cansará de López Obrador, el tribunal electoral declarará eventualmente un ganador, el Congreso designará a un presidente interino, él pronunciará su último informe y, parafraseando a la malograda Melina Mercouri en Nunca en domingo: "todos nos iremos a la playa" (con perdón de Melina, actriz comprometida, ex ministra y destacada diputada socialista).

¿Liderazgo? ¿Responsabilidad histórica? ¿El presidente Fox? ¡Por favor!

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Viernes 11 de agosto de 2006
Gilberto López y Rivas

El movimiento por la dignidad ciudadana

Por su firmeza, congruencia, imaginación, abnegación y capacidad organizativa, el movimiento popular contra el fraude y la imposición de un presidente espurio y en favor de los derechos democráticos ciudadanos rebasó a todos los actores políticos del país, incluyendo a los partidos de la izquierda institucionalizada y a la otra campaña. A más de un mes de las elecciones y con la certeza de un fraude electoral -orquestado y consumado desde las estructuras mismas del Instituto Federal Electoral (IFE), con la intervención especializada de las huestes de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y sus avispados discípulos en Acción Nacional-, este movimiento no tiene visos de desgaste o mengua y, por el contrario, enfrenta con éxito, incluso entusiasmo, las estrategias gubernamentales, la satanización mediática, empresarial y eclesiástica, la intelectualidad sistémica, las agresiones, infiltraciones y provocaciones, los naturales desacuerdos internos e, incluso, las deslealtades y omisiones de uno que otro funcionario y representante popular electos de la coalición Por el Bien de Todos, para quienes la resistencia cívica es un estorbo en el futuro desempeño de sus importantes funciones públicas o tareas legislativas.

Con la sabiduría que otorgan la experiencia traumática de más de 70 años de régimen priísta, una transición democrática y reforma del Estado frustradas, una democracia tutelada por los grandes intereses corporativos y grupos delincuenciales, el movimiento popular no tiene la menor confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su resolución inicial, el recuento de 9.07 por ciento de las casillas de votación, expresa la rutinaria, burocrática y limitada interpretación de las leyes y la Constitución, en un país en donde magistrados y jueces adecuan el derecho y la administración de justicia a las necesidades y exigencias de los poderosos. Resultó grotesco escuchar al presidente magistrado del tribunal en su alocución final referirse al concepto jurídico de certeza, cuando las profusas pruebas de la defraudación, dolo, irregularidades, errores aritméticos y programas electrónicos arreglados a modo de los delincuentes electorales son de dominio público. La primera sesión del tribunal fue una lamentable demostración de la necesidad imperiosa de transformar a fondo todo el andamiaje jurídico de la República y la composición del Poder Judicial, con base en un cambio de rumbo con orientación popular en el sistema de hegemonía de la nación mexicana.

También, en los campamentos de la resistencia existe una justificada desconfianza en el conteo iniciado el miércoles pasado, dada la eventual manipulación previa de los paquetes por los funcionarios del IFE y la no descartada intervención de mapaches profesionales que cuadran cifras y sustituyen actas y documentos. La coalición, por su parte, aceptó participar bajo protesta en el nuevo conteo, en el entendido de que ahora sí no descuidarán ninguna de las casillas ni confiarán en las supuestas vocaciones democráticas e imparcialidad de los magistrados y jueces federales que dirigen y supervisan todo el proceso, ¡la iglesia en manos de Lutero!

Los medios de comunicación masiva, particularmente los televisivos, radiales y algunos de la prensa escrita han perdido toda legitimidad frente a millones de mexicanos. Como resultado, estos medios no sirven de mucho al poder establecido para las tareas de manipulación y deformación de la opinión pública. La histeria, simplificación y el maniqueísmo de locutores, conductores, editorialistas y, en suma, sicarios de la información, han producido un efecto inverso a sus pretensiones de ganar adeptos a la causa del orden, el estado de derecho y la lucha contra los violentos y renegados.

En el campo de la derecha las cosas no van bien. Su candidato no convence ni a sus propios seguidores y dirigentes partidarios, que en lugar de respaldarlo, prefieren irse de vacaciones, eso sí, de naturaleza muy recatada y religiosa. El bajo perfil político, intelectual y moral de quienes rodean a Calderón y sus conexiones directas con El Yunque y otros agrupamientos confesionales, así como los apoyos solícitos de las mafias sindicales, dan una idea de lo que sería el gobierno en caso de que se imponga el golpe de Estado técnico que pretenden consumar con el fraude y la presidencia espuria. Por ello, los grandes electores no descartan la posibilidad de la presidencia interina, cuyo titular sería nombrado por la mayoría cómplice de lo que queda del PRI y el PAN. Con el interinato consideran que se podría desactivar el movimiento popular, reagruparse, realizar las ansiadas reformas estructurales que Vicente Fox no pudo efectuar del todo y enfrentar una nueva elección de Estado en mejores condiciones de consenso y "gobernabilidad".

Muchos se preguntan acerca de lo que piensan los miembros de las fuerzas armadas en torno a la coyuntura política, que en un país como el nuestro son tema tabú y fuera del control y escrutinio de la sociedad y el Congreso de la Unión. Los transportes militares con civiles de indumentarias y apariencias de "estudiantes", "campesinos" y "tercera edad" son una demostración de que la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional recaba datos claves sobre el movimiento democrático popular, sin cuidar las formas de discreción que suponen sus labores de inteligencia. Ojalá que esta información no sea para otro baño de sangre como el que llevaron a cabo contra los movimientos populares del pasado, con su secuela de asesinados, desaparecidos, presos y torturados. Fortalecer el movimiento popular es clave para triunfar en esta lucha por el rescate de la nación y la dignidad ciudadana.

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Gustavo Iruegas

Summum ius, summa iniuria

Summum ius, summa iniuria es un aforismo latino que alude al peligro de que el rigor legalista resulte en injusticia. Sería tan impensable que los miembros del tribunal electoral no lo conocieran como es sorprendente que no lo aplicaron al tomar su decisión respecto de no contar nuevamente los votos emitidos el día 2 de julio. En cambio, se hizo una simple descripción de los reglamentos y los procedimientos que deben regir el proceso y se ignoró la queja por la aplicación viciada de esas normas en favor del Partido Acción Nacional. Se señaló enfáticamente la necesidad de certeza que tienen los comicios, pero la certidumbre que se abonó es la que existe en la población respecto de la adulteración del proceso electoral. El pueblo de México no confía en sus autoridades ni cree en las instituciones. Esa desconfianza no ha sido gratuita, se debe a una larga cadena de engaños, fracasos e incapacidades sistemáticos -y a veces crímenes- cometidos desde el poder, de los que la autoridad termina absolviéndose a sí misma.

Aun si la decisión del tribunal fuera jurídicamente correcta, en los hechos simplemente se sumó a la lista de actos de poder destinados a cancelar la posibilidad de que México tenga como su presidente a un aspirante popular. La autoridad no tiene crédito; sus cuentas deben ser claras y transparentes para que sean bien recibidas.

El abuso del derecho desde el poder ha estado presente en cada uno de los escollos que López Obrador ha tenido que superar desafiando a la autoridad abusiva respaldado por el movimiento popular que sostiene su candidatura. No indemnizar a los supuestos dueños del Paraje San Juan, desacatando una orden judicial espuria, no ceder en el desfigurado caso de El Encino, resistir el desafuero y desafiar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coludidos en su contra; resistir las intromisiones de empresarios, de los medios de comunicación y del Presidente de la República en las campañas electorales, rechazar las malas cuentas y el indebido dictamen del IFE, y ahora el cuestionamiento a la denegación al recuento de los votos han sido todos actos defensivos contra la injusticia.

El episodio que transcurre actualmente es el más trascendente de ellos porque, al evadir el recuento de los votos, el tribunal electoral desatendió también su principalísima obligación de dirimir con veracidad y nitidez una controversia nacional sobre algo que atañe gravemente a la armonía de nuestra convivencia: la legitimidad del poder político.

No solamente por los tapujos y fullerías que dan motivo a la querella social, sino también por la histórica confrontación de nuestras clases sociales, tenemos una democracia consustancialmente deficiente. Una inconveniencia que se traduce en ingobernabilidad. No puede ser de otra manera en una sociedad estratificada a la manera del subdesarrollo: una minúscula cúpula opulenta, una enorme masa explotada y sometida y una reducida clase media, que debiera ser amortiguadora del choque entre pobres y ricos, pero que ahora también se divide. Por el contrario, en sociedades más igualitarias, aquéllas en las que las clases medias son mayoría, la democracia electoral suele ser funcional y sus instituciones gozan de crédito suficiente para solventar algún errorcillo y hasta un dislate. En una democracia como la nuestra el remedio a la desconfianza está en que las instituciones mantengan su credibilidad a partir de una imparcialidad inflexible, una probidad inquebrantable y una sostenida eficacia.

La concusión y el latrocinio son subsanables, pero la lucha de clases no se extingue: es posible, en cambio, atenuarla o exacerbarla. Si por mezquindad, capricho o miedo se descuida el hecho de que el pueblo mexicano, tan largamente sometido a toda clase de abusos, ha despertado de su aletargamiento y se encuentra decidido a defender su derecho y su voluntad, las posibilidades de someterlo se hacen mucho más remotas. Si se optara por la represión del movimiento popular -dice nuestra experiencia nacional- solamente podríamos esperar la radicalización de la protesta.

Andrés Manuel López Obrador ha probado ser un conductor de masas y tiene a su disposición los instrumentos de la lucha popular. En primer lugar tiene una causa que es mucho más que una aspiración personal al poder, es una causa popular reivindicatoria de la justicia social y del derecho a una representación legítima. En segundo lugar está la estrategia: la acción popular pacífica como método de lucha de la resistencia civil, aplicada en sus términos más clásicos:

Un objetivo lícito . Contrariamente a lo que se ha usado como propaganda electoral en la campaña conocida como guerra sucia, el movimiento no pretende acabar con el partido opositor ni con sus beneficiarios más notorios. Lo que busca es consolidar la democracia que tanto sacrificio ha costado construir "... no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" según previó la Constitución de 1917.

Una solución aceptable . Ni el gobierno ni la sociedad mexicana se encuentran en un callejón sin salida. En los más altos niveles de los poderes nacionales, en la dirigencia de los movimientos sociales, en las cúpulas partidistas y empresariales, en la actitud de los contrincantes y en la conciencia de los dirigentes está el encontrar la solución que no es otra que verificar a la luz del día y a la vista del pueblo las cuentas impugnadas. El rigor excesivo conduce a la injusticia y ese agravio no lleva a la paz.

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Por el Bien de Todos presentó 233 recursos de impugnación y el PAN 131

Empezará el TEPJF el análisis sobre la anulación de 36 mil 326 casillas

Ayer la sala superior admitió 9 demandas contra el cómputo distrital en Puebla

ALONSO URRUTIA Y JESUS ARANDA

Ayer continuaba el recuento de votos ordenado por el tribunal electoral en el distrito 15 de la ciudad de México Foto Cristina Rodríguez

En la ruta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para emitir la declaratoria de validez de la elección presidencial, se prevé que apenas concluya el recuento de las 11 mil 839 casillas ordenado por la sala superior, los magistrados entrarán al análisis de aquellas que fueron impugnadas con el propósito de lograr su anulación.

En esta fase, que se espera sea desahogada la próxima semana, se revisarán de manera particular las casillas impugnadas en cada uno de los juicios de inconformidad que presentaron tanto la coalición Por el Bien de Todos como por el Partido Acción Nacional (PAN).

En el primer caso, los 233 juicios de inconformidad incluyen la petición de nulidad de 31 mil 336 casillas, en tanto que las del PAN, en 131 recursos, abarcan 4 mil 990 en total.

También falta el análisis sobre causales abstractas

Una vez realizado el recuento y que se hayan procesado las solicitudes de nulidad de casillas, se procedería al análisis sobre las causales abstractas que la coalición Por el Bien de Todos interpuso en el distrito 15 de la ciudad de México, con la finalidad de que la resolución del TEPJF repercuta en el conjunto de la elección presidencial y, en consecuencia, no sea declarada la validez de los comicios.

Sin embargo, en este punto de la ruta el rumbo que tomará la decisión de los magistrados se mantiene en la incertidumbre, a partir de las interpretaciones que se han hecho acerca de la resolución sobre la demanda del cómputo general que pedía la coalición.

Es decir, la acumulación de impugnaciones sólo para efectos del cómputo, anticipa que los magistrados no concentrarán el resto de los agravios incluidos en el "recurso madre", en función de que la coalición Por el Bien de Todos no impugnó los 300 distritos, como ocurrió en respuesta a la demanda del nuevo cómputo general, de acuerdo con algunas interpretaciones de fuentes judiciales.

Otra interpretación, explicaron, es que una vez desahogados los temas de los cómputos y de nulidad de casillas, los magistrados se aboquen de fondo a los otros agravios que, según argumenta la coalición, se cometieron durante los comicios, como son la intervención del Presidente en la campaña electoral, el involucramiento de organismos empresariales en la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, o la actuación parcial del Instituto Federal Electoral.

En este contexto, la sala superior del TEPJF admitió ayer nueve recursos de inconformidad interpuestos por la coalición Por el Bien de Todos contra el cómputo distrital de votos de la elección presidencial en el estado de Puebla.

Las demandas corresponden a los resultados que arrojó el conteo en los distritos 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 y 15 de esa entidad el pasado 5 de julio, y corren el riesgo de ser declaradas improcedentes por haber sido presentadas de forma extemporánea, debido a que ya transcurrió el plazo legal para hacerlo.

El plazo para la finalización del recuento que lleva a cabo el TEPJF vence el próximo domingo, con lo que se desahogaría en su totalidad el incidente de previo y especial pronunciamiento en los 149 distritos involucrados.

Una vez que los magistrados electorales reciban la información respectiva, procederán a procesarla y, en su caso, harán el recuento de los votos obtenidos por los candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, quedan pendientes recursos en los que se solicitó la nulidad de casillas, lo que podría influir también en el conteo definitivo de sufragios.

De inmediato se abocarían al tema de la nulidad, para lo cual los magistrados han realizado ya diversas solicitudes de documentación para verificar la viabilidad de estas peticiones.

En el caso de la coalición Por el Bien de Todos, algunas de las 31 mil 336 casillas donde solicitó la nulidad se incluyeron en las que el TEPJF ordenó que se hiciera un recuento.

La coalición apela a la certeza

De acuerdo con la coalición, aun en los casos en que se haya realizado el recuento ciertas votaciones podrían ser anuladas, en virtud de que al momento de efectuar el mismo se encontraron los paquetes abiertos o se advirtieron otras anomalías que no permiten dar certeza a los resultados.

Esto, independientemente de que esas casillas involucren otras causales de nulidad, como instalar una mesa de votación, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el consejo distrital; entregar, también sin causa justificada, el paquete electoral al consejo distrital fuera de los plazos legales; realizar, sin justificación, el escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por el consejo distrital, o recibir la votación en fecha distinta a la fijada para celebrar la elección.

De igual forma, recibir la votación por parte de personas u órganos distintos a los establecidos en la ley; por haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos, siempre que esto sea determinante para el resultado de la votación -esta es la causal que podría subsistir, a decir de la coalición, por la manipulación de paquetes-; permitir el sufragio sin credencial de elector o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, cuando esto también sea determinante para el resultado.

Asimismo, impedir el acceso a los representantes de los partidos o haberlos expulsado de las casillas sin causa justificada; ejercer violencia física o presión sobre la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes; impedir sin justificación el ejercicio del derecho de voto y que también sea determinante, y la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

En el caso de Acción Nacional, de acuerdo con la representación de este partido ante el Instituto Federal Electoral, en las 3 mil 996 impugnaciones que presentó este partido se apegaron a estas causales de su nulidad, y se estima que la próxima semana se desahoguen todas las casillas involucradas en los juicios que promovió el blanquiazul.

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Sus representantes cuestionan apertura ilegal de paquetes y falta de listas nominales

Rechazó el tribunal propuesta de la coalición para garantizar recuento

JESUS ARANDA Y ALONSO URRUTIA

Desde el 7 de agosto pasado, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) conoció de las inconformidades sobre la forma en que operaría el nuevo escrutinio y cómputo de votos en las 11 mil 839 casillas a revisión, en las cuales la coalición Por el Bien de Todos advertía sobre la necesidad de "transparentar" el recuento.

La propuesta, que fue rechazada por los magistrados del TEPJF (el conteo empezó el pasado 9 de agosto), abarcaba desde la forma en que tenía que formalizarse la designación de magistrados y jueces que encabezan las diligencias y la acreditación de representantes de partidos políticos y coaliciones, hasta los elementos que debía contener el "acta circunstanciada" correspondiente a cada casilla.

La petición señalaba qué hacer en los casos en que hubiera sospecha sobre apertura ilegal de casillas y de las bodegas de resguardo, así como cuando faltaran listas nominales, aspectos que han sido de los más cuestionados por los representantes de la coalición durante la revisión de los paquetes electorales.

Las quejas presentadas por partidos o coaliciones acerca de las condiciones en que fueron encontrados los paquetes electorales (si había o no cajas abiertas), el resguardo de las bodegas, la falta de sellos de seguridad, los reportes porque no se confrontaron los votos sufragados con la lista nominal y la existencia o no de éstas, serán resueltos, "en su caso", cuando la sala superior reciba, a más tardar el próximo domingo, toda la información sobre el nuevo conteo de las 11 mil 839 casillas y esté en condiciones de continuar el desahogo del "recurso madre" interpuesto por la coalición, número SUP-JIN-212/2006.

En la "aclaración de sentencia" correspondiente a la decisión del tribunal del pasado 5 de agosto, en la que se aprobó la apertura de 9.07 por ciento de los paquetes electorales, Horacio Duarte Olivares, representante legal de la coalición, solicitó, infructuosamente, que los magistrados tomaran en cuenta cuestiones "no previstas" en las reglas dictadas por el pleno de la sala superior.

Entre los aspectos centrales de la propuesta destacan lo relativo a las "condiciones de la bodega de resguardo" de los paquetes electorales y garantizar que los mismos no hubieran sido abiertos ilegalmente antes del nuevo escrutinio.

Proponía que, "con la finalidad de que ese tribunal cuente con todos los elementos para resolver el incidente", la sala superior ordenara que, con posterioridad al conteo de los votos, se procediera a extraer del paquete el acta de la jornada electoral y la lista nominal de electores (si no hubiesen sido enviadas previamente a la sala superior).

Además, que en las actas circunstanciadas -elaboradas por los magistrados o jueces por cada casilla- se agregara "el rubro relativo a los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, y que en las diligencias se realice el conteo de los ciudadanos que aparecen en dicho listado como sufragantes, asentando el resultado de ese cómputo en el formato asentado en el acta".

Cabe señalar que la demanda de la coalición sobre el acta circunstanciada y la lista nominal resulta de particular importancia, porque, precisamente, una de las principales críticas de los representantes del candidato de la coalición sobre la forma en que se ha llevado el conteo radica en que no se ha permitido confrontar los votos emitidos con la lista nominal de electores. O bien, que hay casos en que los paquetes no contienen las listas nominales de electores.

Y es que, como parte de los diversos juicios interpuestos por la coalición, los magistrados electorales han solicitado a decenas de juntas distritales las listas nominales de las casillas impugnadas.

En otro orden, en ninguna de las instrucciones emitidas por la sala superior se hace referencia al manejo de la lista nominal de electores.

Las instrucciones para jueces y magistrados que encabezan las diligencias sólo tienen que ver con el procedimiento para llevar a cabo el recuento de votos y la forma para llenar el acta circunstanciada de cada casilla, que contiene: número de votos (con letra y número) obtenidos por cada candidato, sufragios para candidatos no registrados, votos nulos, boletas sobrantes e inutilizadas y, "en su caso, votos reservados para su calificación en la sala superior del TEPJF".

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Mañana viaja a esa entidad para apoyar al candidato a gobernador Juan Sabines

La unión PRIAN en Chiapas, a cambio de imponer a Calderón, afirma AMLO

El recuento, plagado de irregularidades; el TEPJF tiene oportunidad de limpiar el proceso

ENRIQUE MENDEZ Y ANDREA BECERRIL

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, durante la asamblea informativa permanente realizada ayer en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México Foto Carlos Ramos Mamahua

El respaldo del Partido Acción Nacional (PAN) al Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas constituye "una moneda de cambio" para que los priístas avalen la intención de imponer a Felipe Calderón Hinojosa como "el presidente espurio de la derecha", denunció ayer Andrés Manuel López Obrador, al dar a conocer que mañana viajará a esa entidad para respaldar la candidatura de Juan Sabines.

Ante miles de simpatizantes congregados en el Zócalo de la ciudad de México, refrendó que continuará la lucha porque se limpie la elección del 2 de julio, sobre todo a partir de las irregularidades que han surgido en el recuento parcial ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La dupla de un sector de aquellos partidos que no tienen escrúpulos y pretenden mantener la impunidad y la corrupción en el país, han formado desde siempre el PRIAN, mismo que impuso un Consejo General en el Instituto Federal Electoral (IFE) conformado por allegados a Felipe Calderón y a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, recordó.

"Por ello, el árbitro del proceso estuvo, desde un principio, cargado a favor de nuestros adversarios, y es inexplicable que algunos intelectuales sostengan aún que el IFE es una institución extraordinaria y que la elección fue muy limpia y transparente".

Insistió en que a pesar de los espots que transmiten en radio y televisión, donde aseguran que la elección fue muy limpia y que gracias a ello no se dieron irregularidades mayores, la verdad es que "intervinieron funcionarios que llevaban la consigna de distorsionar y falsificar los resultados electorales".

Cada vez que hacía mención al IFE, sus simpatizantes gritaban: "¡Vendidos, rateros!", y de manera constante surgían recordatorios familiares con silbidos.

Salinas corrompió al blanquiazul

López Obrador se refirió a los fundadores del PAN, quienes, dijo, mantuvieron apego a sus principios, pero sus sucesores se dejaron corromper por Carlos Salinas de Gortari "y ahora están entregados por entero a la inmoralidad".

Simpatizantes de López Obrador en uno de los campamentos instalados sobre Paseo de la Reforma Foto Víctor Camacho

Inclusive, recalcó, si resucitaran muchos de los fundadores de Acción Nacional "se volverían a morir de vergüenza por lo que están haciendo quienes ahora tienen en sus manos al partido". Esta vez, el grito de sus seguidores se enfocó a esos panistas: "¡Traidores, traidores!"

"Ahora están ya de plano descarados, haciendo una alianza con el grupo del PRI, son los del PRIAN", insistió, y también se refirió al acuerdo anunciado en Chiapas por el dirigente panista Manuel Espino Barrientos. Una alianza que, sostuvo, se tramó en la Secretaría de Gobernación con la finalidad de ganar a toda costa la gubernatura del estado.

Explicó que tanto el candidato del PAN, Francisco Rojas Toledo -ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez y diputado federal-, como el aspirante del Partido Nueva Alianza (Panal), Emilio Zebadúa -diputado por el PRD, dejó este partido cuando no obtuvo la candidatura a gobernador en Chiapas-, declinaron en favor del priísta José Antonio Aguilar Bodegas.

El tabasqueño sostuvo que no cuesta trabajo imaginar cuál fue la moneda de cambio, "porque son muy primarios y seguramente en sus encerronas llegaron al acuerdo de que si el PAN en Chiapas daba su apoyo al candidato del PRI, este partido reconocerá al presidente espurio, al candidato de la derecha, nada más que no toman en cuenta a los chiapanecos y a todo el movimiento democrático nacional".

López Obrador recalcó que en la coalición Por el Bien de Todos estarán muy atentos a lo que ocurre en Chiapas y, por esta razón, mañana sábado iniciará un recorrido en esa entidad, donde habrá elecciones el 20 de este mes.

Asimismo, señaló que el 2 de julio pasado ganó en Chiapas con más de 60 mil votos de diferencia, por lo que en la elección para gobernador triunfará Juan Sabines.

Después se refirió al recuento parcial que se lleva a cabo en más de 11 mil casillas, proceso que ha demostrado serias y graves irregularidades. "No podíamos esperar otra cosa: la verdad es que el IFE, y de manera particular sus consejeros, no cumplieron con su responsabilidad y se dedicaron nada más a hacerle el juego al candidato de la derecha".

Aludió al informe que momentos antes rindió Horacio Duarte ante la asamblea permanente, en el cual se demuestra "lo que sostuvimos desde un principio, que la elección había sido totalmente irregular, que aun descontando el fraude de Estado, la falta de equidad y la guerra sucia, teníamos elementos suficientes para probar que el día de la elección se dieron, para decirlo suavemente, muchas irregularidades".

Ante los datos conocidos del recuento, los magistrados del TEPJF tienen la oportunidad de transparentar todo el proceso para saber qué sucedió realmente el 2 de julio, dijo.

En otra parte de su intervención, López Obrador se refirió de nueva cuenta al papel que ha desempeñado buena parte de los medios electrónicos y escritos de comunicación, a los que volvió a responsabilizar de convertirse en "alcahuetes de la derecha" y de prestarse a convalidar el fraude. Esta vez, sin embargo, pidió respeto para los periodistas encargados de la cobertura del plantón y de sus actividades, ya que se trata de trabajadores que cumplen sus órdenes de trabajo.

Denunció la actitud "de algunos noticiarios de radio y televisión, y de periódicos que permanentemente cuestionan las acciones de resistencia civil, pero callan todo lo relacionado con el fraude electoral. Gritan como pregoneros para criticarnos por las protestas que nos hemos visto obligados a llevar a cabo, pero callan como momias cuando se trata de defender la democracia".

Mencionó que medios con una tradicional postura plural y de apertura, ahora están "embarcados en esa aventura" para respaldar a Calderón, y les recordó que de mantenerse en esa posición perderán credibilidad, porque el pueblo de México no es susceptible de manipulación.

Sin embargo, insistió en que las críticas deben enfocarse a los propietarios de los medios, no contra reporteros y camarógrafos. "Muchos de los trabajadores de los medios, yo diría que la mayoría, están a favor de nuestro movimiento, pero ellos tienen que cumplir con las órdenes que les dan", y a pesar de ello no pueden renunciar a su empleo.

"No es justo que los estemos fustigando, los tenemos que respetar, inclusive a los que no están con nosotros", afirmó.

Esta aclaración de López Obrador era necesaria, debido a que el enojo de los ciudadanos por la embestida mediática se ha manifestado en actos de hostilidad de los manifestantes hacia los reporteros. Aun así, detrás de las vallas continuó el coro: "¡Que digan la verdad!"

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