Crecimiento y equidad
Crecimiento y equidad José Luis Calva 11 de agosto de 2006 |
" La lucha contra la pobreza no sólo sirve a los pobres; también es positiva para toda la sociedad". Esta frase no es de Andrés Manuel López Obrador, sino de Guillermo Perry, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina, al presentar el informe Poverty reduction and growth: virtuous and vicious circle, recientemente publicado. El informe documenta la existencia en nuestra región de círculos viciosos entre bajos niveles de crecimiento económico y altos niveles de pobreza, que a su vez generan bajos niveles de crecimiento. A juicio del Banco Mundial, para transitar a "círculos virtuosos en los cuales la reducción de la pobreza y el crecimiento elevado se refuercen mutuamente", el desafío más urgente consistiría en transformar al Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades. Parece un paso hacia el aire fresco.
Sin embargo, es necesario ir más lejos: el círculo vicioso entre pobreza y bajo crecimiento económico constituye una suerte de nudo gordiano que sólo puede ser desatado al estilo Alejandro Magno, es decir, de manera heterodoxa, mediante un conjunto articulado de políticas públicas -en su mayoría herejes al Consenso de Washington-, que incluya no sólo políticas sociales reductoras de desigualdades, sino también políticas industriales y macroeconómicas contracíclicas, además de políticas sociales de cobertura universal y programas microeconómicos y microrregionales que incorporen a la población marginada a las tareas y los beneficios del desarrollo. Por eso, durante los últimos tres lustros ha venido conformándose un consenso entre los economistas del desarrollo de América Latina (neoestructuralistas y poskeynesianos) en el sentido de que el crecimiento sostenido con equidad sólo será factible mediante estrategias que tengan por lo menos cinco componentes:
Primero: políticas macroeconómicas contracíclicas para minimizar la volatilidad en el crecimiento del producto nacional y del empleo. Su necesidad deriva de los elevados costos económicos y sociales de esta volatilidad -que en América Latina es la más alta del mundo-, la cual genera una enorme subutilización promedio de la capacidad productiva instalada, afectando las utilidades empresariales y reduciendo las tasas medias de crecimiento de la inversión, del PIB y del empleo, con impactos adversos sobre el bienestar de los hogares.
Segundo: políticas de fomento económico general y sectorial que amplíen y mejoren la infraestructura, impulsen el desarrollo de las ramas productivas estratégicas y estimulen los encadenamientos productivos. Su pertinencia deriva de la necesidad de crear sinergias permanentes entre los sectores productivos para asegurar la generación de suficientes empleos dignos; para reconstruir y articular los eslabones de las cadenas productivas, hoy rotas por el creciente componente importado de las exportaciones industriales; para cerrar la brecha tecnológica y de productividad entre nuestros países y el mundo industrializado, impulsando el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, pero también las industrias y servicios de alta tecnología, como lo han hecho países exitosos que han partido de un nivel de desarrollo inferior. Esto permitiría mejorar la calidad de los empleos, diversificar nuestra planta productiva y elevar su eficiencia, permitiendo mejorar el nivel de vida de la población de manera sostenible.
Tercero: políticas educativas, de desarrollo científico-técnico, capacitación laboral e inducción de la innovación, que contribuyan a la elevación general de la productividad y al desarrollo de industrias del conocimiento. Hay que recordar que la formación de recursos humanos a través de estas políticas se encuentra en la base del éxito económico de las naciones; constituye una poderosa palanca para elevar la productividad y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es la clave para ir cerrando las brechas -de productividad, ingreso y calidad de vida- que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.
Cuarto: políticas sociales de cobertura universal (además de la educación, sistemas eficaces de salud, seguridad social, nutrición, vivienda digna, etcétera), combinadas con una estrategia claramente orientada a mejorar gradualmente la distribución del ingreso. Estas políticas resultan ser -como lo evidencian las economías exitosas- componentes esenciales de un desarrollo económico robusto e incluyente, sustentado en un vigoroso mercado interno y en una sólida cohesión social.
Quinto: programas orientados a la atención de los grupos sociales más vulnerables y rezagados (ergo, marginados), los cuales son cruciales para romper los círculos viciosos de la desigualdad, a través del acceso integral -acelerado- a los satisfactores básicos de alimentación, vestido y vivienda, así como a los servicios de salud, educación, infraestructura, pero también a través de programas microeconómicos y microrregionales que impulsen la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos locales.
La plena incorporación de todos los segmentos sociales a las tareas y los beneficios del desarrollo no sólo es palanca fundamental para una sociedad más equitativa y cohesionada, sino también para lograr un crecimiento económico acelerado y una inserción digna en la economía internacional.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE M?XICO, apoyemos a Obrador
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