Cuarta República
Germán Robles08 de febrero 2007
Caso Atenco, la última oportunidad.
Contrario a lo que muchos aseguraban, que lo que se impondría, sería la negativa de la SCJN de atraer la investigación sobre las violaciones de derechos humanos el pasado mayo de 2006 en Atenco; el martes la corte dio un giro inesperado y el pleno decidió asumir la facultad de investigación que le otorga la constitución para determinar si hubo o no violaciones a las garantías individuales a los manifestantes de San Salvador Atenco, durante el operativo policiaco para restablecer el orden.
La fuerte presión que ejercieron diversos organismos de DD.HH. tales como los de la CNDH y AI, fueron decisivos; la corte estableció que ante todo no buscará revisar los hechos per se, sino determinar si hubo realmente violaciones a garantías individuales de los detenidos durante la trifulca.
Es la última oportunidad para que las autoridades mexicanas rectifiquen sobre su lamentable actuar y den el primer paso para el cumplimiento del orden legal y la redignificación de su labor así como la administración de justicia para los atenquenses que fueron víctimas del cerco policiaco del pasado 3 y 4 de mayo de 2006. Ese paso es reconocer a cabalidad violaciones a derechos humanos a las garantías individuales y demás violaciones de la autoridad de carácter penal.
Esperemos que la SCJN de un paso más allá y se atreva a deslindar responsabilidades; que señale plenamente a los culpables y exija a los ministerios públicos cumplir con sus resolutivos, que se reabran los casos y se sigan procesos contra los responsables. La corte se ha atrevido en los últimos años a asumir un papel protagónico en el ejercicio del poder mostrando autonomía del ejecutivo; empero eso desde la lógica del viejo régimen parecería un adelanto; lo lamentable es que en momentos de definición política frente a la amenaza al statu quo, la suprema corte no actúa de motu proprio, ello se reflejo en su negativa de investigar los sucesos electorales del pasado 2 de julio, tildando al artículo 97 constitucional de “estar escrito por con los pies” (¡sic! Para el otrora presidente Mariano Azuela).
No es que quiera abundar en el pesimismo pero la experiencia pasada en el actuar de la SCJN no da elementos para suponer que se atreva a llevar al máximo sus facultades investigativas; ellos mismos (destacando a los detractores de dicha resolución) reconocen que no pueden sancionar, ni reparar daño alguno; que “los datos que recabemos serán los mismos que tiene Derechos Humanos”; esa actitud leguleya no aporta en nada al paso indispensable de carácter moral que es fundamental para el restablecimiento de la justicia y es aceptar el error, la equivocación en esta caso lo que conduciría a aceptar violaciones múltiples a derechos humanos y con ello una ventana para la justicia.
Razón fundamental, justo por la cuál se crean las comisiones de la verdad en distintos países, se hacen cortes de caja con el pasado y se comienza con la reparación moral al menos de los daños y perjuicios cometidos contra las víctimas de San Salvador Atenco en este caso. Es un primer paso claro, la exigencia debe ser que se procesen a todos los responsables de los hechos y haya para todos sanciones penales, tal como lo ameritan los hechos. Mal haría la corte en pasarse la pelota y dotar de impunidad a las autoridades federales como las locales del Edomex involucradas.
Una de las recientes experiencias de esa irresponsabilidad judicial ocurrió en 2001 cuando la SCJN declaró improcedentes los más de 320 recursos de controversias constitucionales interpuestas por el mismo número de municipios en el país que estaban en contra de “la ley de derechos y cultura indígena” aprobada en 2001 a consecuencia del “zapatour” y las demandas de los acuerdos de San Andrés que por cierto fueron ignoradas. La corte no se atrevió a dar ese paso; y millares de pueblos indígenas en el país vomitaron esa ley.
Algo parecido podría ocurrir, aunque no se compara la gravedad de ignorar controversias a la de ignorar matanzas, sangre, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales en contra de los atenquenses, entre otros afectados; miembros del Frente Amplio de Pueblos en Defensa de la tierra. Pero el mensaje que dejaría en caso de no fallar a favor de estos sería pésimo para el restablecimiento de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y más los afectados. Quedaría el recurso de apelar ante la Comisión Interamericana de DD.HH.; lo cuál si queda como última instancia el poder judicial quedaría hecho añicos en su credibilidad.
Demos sin embargo el beneficio de la duda en lo que hace a la suprema corte; pero nosotros los ciudadanos sabemos y documentamos perfectamente las violaciones en San Salvador Atenco, sabemos que los policías a cargo de Wilfredo Robledo y Peña Nieto actuaron deliberadamente en las violaciones y por consigna; se trata de policías no profesionales y lo que los desenmascara es la virulencia y complacencia con la cuál las autoridades los protegen y escudan. Los hechos, la matanza de hombres, entre ellos un miembro de “La Otra” un joven estudiante Alexis Benhumea, no se olvidan. Los afectados podrán tener oportunidades de justicia y por ello lucharan. El estado mexicano tiene la última llamada ante el caso Atenco.
El traspatio.
Después del niño caído a tapar el pozo mediático; el yunquísmo por medio de la Profeco aseguró en Jalisco 118 mil 750 toneladas de maíz de supuestos acaparadores en Jalisco. La medida significa la aceptación implícita de que el aumento alarmante de la tortilla en enero fue consecuencia deliberada de beneficiar a grupos monopólicos por parte de Calderón como pago de facturas electorales; en el discurso los barones del maíz industrializado aludieron a la alza de los precios internacionales por distintos fenómenos como la sobreproducción de Etanol. El gobierno hablaba de los acaparadores pero no les ponía nombre y apellido, y sigue sin hacerlo. Más atole con el dedo y sigue la caza de “especuladores” a destiempo. Pero ni un dedo a don Maseco que con el alza hinchó más las arcas del único banco “orgullosamente mexicano”.
Felicidades por su valentía al joven Omar Nava quién le dijo sus verdades a Calderón al salir de su evento en una secundaria en Tlaquepaque; a saber del propio joven Calderón devolvió a Omar los reclamos con gesticulaciones y el levantamiento del dedo medio desde la ventanilla de su vehículo; ¡nombre finísima persona el gerente adjunto de México!, si se evidencia como porro del Stablishment; él es una autoridad (¡sic!) “legalmente constituida” y si puede mentar la madre; pero si lo hace alguien de abajo es un delito,¿verdad abogado José Luis Guizar?. Y si yo por este medio se la “miento” a usted, ¿como comprueba el cuerpo del delito? ¿Y con que autoridad lo haría?; Hasta mañana en esta columna desmañanada.
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE MEXICO, apoyemos a Obrador
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