Lunes 7 de agosto de 2006

Carlos Montemayor

El tribunal

He comentado aquí, hace algunas semanas, que en la democracia hay que saber perder. Pero también, y sobre todo, que en la democracia hay que saber ganar. Particularmente en México, donde el poder político ha formado parte del patrimonio privado de pequeñas familias revolucionarias, económicas, o de la transición democrática. Estas familias no aprenden a perder. Pero aun reteniendo el poder, no han aprendido a ganar. En la democracia, aprender a ganar significa aceptar resultados de comicios donde no haya la menor sombra de duda.

En el México de 2006, aprender a ganar debería significar que el recuento de voto por voto sería la mejor manera de confirmar cuál fue verdaderamente el voto ciudadano. De lo contrario estaríamos obligando a los ciudadanos a creer que el que gana tiene que hacerlo como sea, sin demostrar hasta el último instante que ganó. También estaríamos proponiendo que el perdedor tiene que aprender a perder como sea, sin que le demuestren que efectivamente perdió.

Pero en el México de hoy conviene que anotemos otro rasgo además de la naturaleza indudable que exigimos del proceso electoral: la legalidad, el someter a derecho, a cauces de leyes también indudables, los recursos de inconformidad que los partidos políticos consideren necesarios para confirmar la validez de los comicios. Esto implica que los partidos políticos deben aprender también a acotar sus propios espacios de persuasión, presión o negociación política durante las campañas o fuera de ellas, y a reconocer los espacios donde el derecho y los recursos procesalmente válidos son el único camino para asegurar la transmisión pacífica y legítima del poder. Es decir, debemos aprender a perder y a ganar, pero también aprender derecho. Cada partido o coalición de partidos debe tener políticos hábiles, ciertamente, y combativos, pero ahora, además, abogados hábiles, competentes y combativos.

Afirmo esto porque a ninguna de las partes contendientes parece haber dejado satisfecha la primera decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este conflicto. En su alegato ante el tribunal electoral, la coalición Por el Bien de Todos argumentó errores en 72 mil l97 casillas, pero ante el IFE sólo interpuso recursos formalmente en 2 mil 249 casillas. El tribunal electoral juzgó necesaria la apertura de paquetes en 11 mil 839 casillas, no en 2 mil 249.¿Qué debemos esperar de un tribunal electoral? O mejor, ¿cómo queremos que actúe un tribunal electoral? La presión política sobre los magistrados es diversa y compleja. La visible es la presión de la coalición. La invisible y seguramente más poderosa y violenta es la de las elites del poder federal y empresarial. Esta presión invisible doblegó a los consejeros del IFE y produjo el conflicto poselectoral que estamos viviendo.

Pero la respuesta de los magistrados a tales presiones sociales debe corresponder a su carácter de magistrados, no de negociadores políticos. Si hemos establecido en México un tribunal electoral es para que actúe como tal, no como instancia última de negociación política. Si el tribunal electoral no debe apegarse a la ley para atender todos los recursos de inconformidad que se le presenten, sino actuar en función de la presión política, entonces ¿para qué queremos tribunal y leyes electorales? Debemos reflexionar en esto, ahora que estamos a tiempo.

La desconfianza que los mexicanos tenemos en el Poder Judicial es inmensa. Desde los jueces de primera instancia hasta en ocasiones la Suprema Corte de Justicia (caso de la reciente extradición de seis ciudadanos vascos), las resoluciones suelen apartarse de la ley y someterse a intereses de autoridades políticas o de grupos económicos. Mal comienzo sería el nuestro si los magistrados del tribunal electoral se dieran a la opción de no actuar conforme a la ley, sino conforme a la presión o negociación política.

Que la ley es un camino más largo y más técnico que la presión, la corrupción, el autoritarismo o la negociación política nadie lo puede negar. Pero durante décadas el poder político ha actuado por encima de leyes. Durante décadas el poder se ha acostumbrado a negociaciones políticas sólo entre las mismas elites, en el interior de la misma familia del poder. Desde el fraude de 1988 el neoliberalismo ha sentado sus reales ininterrumpidamente a través de las administraciones de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox. Ahora esta nueva familia política aspira a continuar con la administración de Felipe Calderón. Por ello es importante que acotemos ya los espacios propios de la acción política y de la acción jurídica.

La vieja familia revolucionaria no sabía negociar fuera de ella. La nueva familia neoliberal (engrandecida ahora en su faceta económica con el fraude Fobaproa-IPAB) tampoco sabe negociar políticamente fuera de ella misma. Por eso creo conveniente proteger el espacio jurídico del tribunal electoral. Hacer a un lado las leyes electorales que hemos acordado nosotros mismos podría allanar el camino a una incertidumbre jurídica donde la negociación política, a veces justa y útil, la mayoría de las veces injusta y simulada, tendría siempre la primera y la última palabra. Acotar los espacios propios de la acción política y de la acción jurídica es lo más conveniente y útil para el país hoy y mañana. La ley es incómoda cuando se aplica y cuando debemos someternos a su lógica. Pero más peligroso es favorecer la consolidación de un poder que se acostumbre hoy y mañana a no tener ley.

Hay espacios para la política y espacios para la ley. Quizás son cada vez más escasos los espacios para la ley en el México actual. No hay ley en la intervención arbitraria y violenta del gobierno federal en las organizaciones sindicales mineras. No hay ley en los centenares de allanamientos y aprehensiones en Atenco. No hay ley en la extradición inconstitucional de ciudadanos vascos. No hay ley en el apoyo del gobierno federal y del gobierno de San Luis Potosí a la trasnacional Minera San Xavier, pisoteando sentencias de jueces de distrito que demuestran la ilegalidad de los actos de la compañía trasnacional. No hay ley en el desmantelamiento del sector energético. No hay ley en la protección permanente a los fraudes del Fobaproa-IPAB. Tenemos poco espacio para la ley. México está a merced de la elite económica y de las elites políticas que aplauden la ley o la sustituyen cuando les place.

¿Queremos quitar también el dique legal que constituye el tribunal electoral? Si lo eliminamos México quedará solamente a merced de la negociación política. Y México ha perdido siempre ante los más fuertes. Conviene que la coalición esté presente en el recuento selectivo que ha decidido el tribunal electoral. Con esta decisión de los magistrados no han concluido las acciones del tribunal. Falta un proceso de calificación que podría verse influido de manera relevante e imprevisible por este recuento inicial. No le conviene a ningún partido ausentarse de este recuento. No acabemos antes de tiempo ni apresuradamente con este proceso legal que se ha iniciado.

La presión social tiene su espacio. Las leyes, si las queremos efectivas, también. La negociación política es un camino más corto de solución. El derecho es un camino más largo y técnicamente más complejo, y quizás tedioso para muchos. Pero es más seguro para civilizar a los poderes económicos y políticos que suelen enseñorearse de México.