EL ASTILLERO

Astillero

Julio Hernández López

¿Quién gana?, ¿quién pierde?

Interinato judicial

Legalismo, no justicia

Actas y paquetes manipulados

Cenas, voceros y correos

Todos pierden (menos Fox y quien o quienes en estos meses han mecido la cuna presidencial). El IFE es declarado oficialmente sospechoso en un nueve por ciento de las cuentas comiciales que pretendía pasar como impolutas (¡oh: ¿el tribunal electoral federal estará dudando en un nueve por ciento de Juan el plomero, Rosalba la doctora, Elba Esther la profesora?). Felipe Calderón es sometido a una nueva fase de incertidumbre que mengua su de por sí quebrado capital político y sigue suspendido en la condición de rehén intercambiable de Los Pinos (o, mejor dicho, de quien o quienes mandan allí y que no es una cándida pareja presidencial). Andrés Manuel López Obrador es obligado a multiplicar su capacidad ofensiva (y a desgastarse, de cara a una virtual segunda vuelta, en esa aceleración) para impedir que por falta de pelea a fondo se llegase a colar Felipillo -I (léase: menos uno).

Y el proceso electoral presidencial se encamina políticamente al escenario previamente diseñado de la invalidez (o, como suele decirse, la anulación), que a su vez genere un presidente interino débil y condicionado, que negocie con las fuerzas vigentes, que saque adelante las reformas constitucionales tan deseadas por los grandes capitales (el grupo Carlyle y Luis Téllez como franquiciatarios consentidos de lo energético, lo financiero y lo militar) y que convoque a nuevas elecciones en el plazo conveniente para que el PRI y el PAN construyan candidaturas distintas y el PRD y sus aliados hayan sido suficientemente estigmatizados por haber desarrollado una enérgica resistencia contra el calderonismo.

Extrañas consecuencias políticas de una decisión judicial sujeta a grandes presiones (la revisión de votos, por ejemplo, alcanzará cotos calderonistas como Jalisco, donde el represor Francisco Ramírez Acuña ha sido padrino económico y político de Felipillo, y dos plazas donde corren rumores fuertes de que grupos de delincuencia organizada cooperaron fuertemente a la campaña electoral: el de Tijuana y el del Golfo: Baja California y Tamaulipas; capos y Profesora).

Porque, siendo una de sus funciones constitucionales la de garantizar certeza, el tribunal electoral federal arrojó ayer a México a un rebuscado desasosiego. Con criterios legalistas -la letra de la ley, la gramática jurídica, el punto y coma-, el citado tribunal eludió su magna responsabilidad constitucional y produjo una politiquera resolución ambigua que coloca a las partes contendientes en la antesala de una confrontación más aguda.

Bajo criterios de promotor de productos médicos -la muestra (del nueve por ciento) como prueba máxima- el citado tribunal electoral ha creado -conforme a la moda sexenal- su propio reino de fantasía: Trifelandia. Los solemnes señores magistrados se deleitaron frente a las cámaras (de televisión) en el consumo autista de las idílicas hechuras jurídicas que poco tenían que ver con una realidad política y social que ha abarrotado la Plaza de la Constitución y sus alrededores y que hoy mantiene un plantón cívico del Zócalo al Periférico.

El resultado oficial de ese ejercicio judicial endogámico no constituyó, por lo demás, una sorpresa. Desde un día antes se aseguraba que había un acuerdo de los magistrados para abrir una selección del diez por ciento de los paquetes electorales impugnados (la cifra quedó, finalmente, en 9.07 (¡oh, dioses del ¿a ver, no?: ¿qué acaso 907 no fue el año del segundo milenio después de Cristo en el que faltaban tres años para el estallido revolucionario: 810, 910, 010?).

Tan visto era el resultado que, según ha hecho saber a esta columna un comensal que había ido la noche de este jueves a un restaurante de Polanco con su pareja, el embajador panista César Leal celebraba con un senador electo del PAN que ya se había cerrado el trato con el tribunal electoral federal para abrir un porcentaje reducido de paquetes electorales seleccionados. La información del caso llegó la noche del jueves, ya cuando la columna del día había sido despachada.

Visto y más que visto había sido el vocero presidencial, Rubén Aguilar, en las instalaciones de ese mismo tribunal una semana atrás, el mismo domingo de la tercera asamblea lopezobradorista y de la comparecencia descompuesta de Felipe Calderón ante los magistrados del IFE para plantearles que no debería ser abierto ningún paquete electoral.

Pero lo más grave de todo este montaje jurídico inatacable (un lector jalisciense corrigió ayer: inacatable, no inatacable) es que el parto electoral de los montes se ha dado en relación con un conjunto de papeles previamente manipulados para que la gracia de los señores jurisperitos caiga controladamente sobre ellos. Los mapaches del IFE entraron y salieron de las juntas distritales -sobre todo antes de que en ciertas ciudades se instalara vigilancia del perredismo y sus aliados- sin autorización más que de sus jefes con antifaz ejecutivo. En cierto momento, los fabuladores comiciales quisieron involucrar al tribunal electoral en sus andanzas, pero éste dijo que nunca había dado permiso para tales faenas de maquillaje.

El cierre de pinza electoral se dio el miércoles 26 del pasado julio (según se reportó aquí) cuando un centenar de empleados medios del IFE, bajo la supervisión personal del secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, se dedicaron casi clandestinamente (en oficinas de Xochimilco) a desarrollar un operativo oficialmente llamado "Atención de dudas sobre la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo de casilla". Según la referencia 04015.3, a cargo de la Subdirección de Estadística Electoral del IFE, los comisionados para esa tarea especial deberían revisar, aclarar, reorganizar y "modificar" los datos en las boletas que fueran ilegibles, confusos o dudosos. En diez días, todo quedó listo para que el tribunal electoral federal anunciara lo que con toda oportunidad le habían preparado los nueve por ciento dudosos directivos del IFE y los platicadores cibernéticos de apellidos Nava y Molinar Horcasitas que, curiosamente, mantenían desde antes criterios operativos parecidos a los que ayer con tanta formalidad fueron aprobados por los señores magistrados integrantes del nuevo poder en curso, el del interinato programado.

Y, mientras López Obrador anuncia el nivel que alcanzará la resistencia civil en esta nueva etapa, ¡hasta mañana!

Fax: 5605-2099 juliohdz@jornada.com.mx