LA PRUEBA DEL ÁCIDO

La prueba del ácido
Alberto Aziz Nassif
25 de julio de 2006


Muchas veces en el pasado nos ha tocado estar frente a una crisis postelectoral: Chihuahua 1986; la sucesión presidencial de 1988; San Luis Potosí y Guanajuato al inicio de los años 90; la sucesión de 1994; Tabasco 1994 y 2000, etcétera. En diversos casos me tocó analizar y defender posiciones en contra del fraude electoral. Durante años muchos mexicanos respaldamos las luchas de Salvador Nava, Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Barrio y del mismo Andrés Manuel López Obrador. Los fraudes electorales caracterizaron una larga etapa de la transición a la democracia y siempre terminaron en la protesta callejera, porque no había un marco institucional para resolver el conflicto. Con la reforma de 1996, la creación del IFE y el Tribunal Electoral, se pensó que habíamos dejado atrás esa negra etapa del país; sin embargo, hoy estamos de nuevo ante unas elecciones cerradas que tienen al país sometido a la prueba del ácido.


Las instituciones electorales han pasado por varias pruebas que han superado a lo largo de los últimos 10 años: las intermedias de 1997 y 2003, y las presidenciales del año 2000. Hasta la fecha, las resoluciones del tribunal, que son definitivas e inatacables, han sido la última palabra para los actores políticos. Durante el proceso electoral de 2006 el IFE, y sobre todo sus consejeros electorales, han perdido credibilidad y confianza para una parte importante de la sociedad, por su origen y su desempeño ineficiente. La metáfora de Clara Jusidman ilustra bien lo que ha sucedido con el IFE a partir de la renovación del 2003: "El IFE es como un portaviones guiado ahora por una tripulación de barco pesquero de ribera. con sus notables excepciones" (Proceso 1549).


Frente al problema de credibilidad del IFE, ubicado sobre todo en sus consejeros electorales, queda el recurso del tribunal. Uno de los grandes aciertos de la reforma electoral de 1996 fue el diseño institucional de contar con un tribunal de pleno derecho dentro de la estructura del Poder Judicial. Con este tribunal, el país cambió de un paradigma contencioso político, que funcionó desde 1824, a otro de carácter contencioso judicial. En lugar de que el propio Poder Legislativo califique las elecciones (era juez y parte), como lo hizo en el pasado, hoy tenemos un organismo autónomo, tanto en materia jurisdiccional como administrativa.


En los 10 años del tribunal, se ha desarrollado un complejo mecanismo de medios de impugnación que cubre dos sistemas contenciosos, uno de tipo administrativo, que tiene que ver con los recursos de revisión del IFE, y otro de tipo jurisdiccional, que dictaminará sobre la elección del 2 de julio. Uno de los magistrados del tribunal expone en números y porcentajes cómo se ha comportado el tribunal frente a los recursos presentados por los partidos, con lo cual se puede establecer un criterio de confiabilidad: entre 1996 y 2005, el PAN presentó 802 medios de impugnación y se le ha dado la razón en 166, en un 21%; el PRI presentó 831 y ganó 169, un 20%; y el PRD 856 y ganó 193, es decir, un 23%, (J. Jesús Orozco Henríquez, Justicia electoral y garantismo jurídico, Editorial Porrúa).


Este tribunal ha emitido sentencias que han sido muy discutibles y muchas veces han dejado inconformes a los actores políticos, sobre todo cuando la justicia electoral ha ido en contra de los intereses específicos de un partido o de alguna organización. Hay casos conflictivos y polémicos como las anulaciones en Tabasco, Colima y Ciudad Juárez, en los que hubo una intervención facciosa de la autoridad gubernamental que desequilibró el resultado electoral. También han sido criticadas las decisiones contrarias de no anular, como en los cerrados comicios de Veracruz y Oaxaca en 2004.


Otro tema ha sido el de la protección de los derechos políticos y la democracia interna de los partidos, como sucedió con el Partido Verde, al que se le obligó a hacer de nuevo sus estatutos porque tenían un perfil completamente autoritario. Uno de los problemas frecuentes que ha dictaminado el tribunal es el de las multas y sanciones por motivos de financiamiento ilegal de los partidos, como sucedió con los expedientes de Amigos de Fox y Pemexgate.
La impugnación sobre el 2 de julio ha presentado un conjunto muy extenso de 359 recursos de inconformidad, de los cuales 227 han sido interpuestos por la coalición Por el Bien de Todos, 131 por el PAN y sólo uno por la Alianza por México, El Universal, 14/VII/2006). Al mismo tiempo, el PRD y AMLO demandan al tribunal que haga un conteo de voto por voto. En este sentido se enfrentan dos posiciones, una que apunta hacia una solución por la legitimidad que demanda revisar toda la elección y volver a contar los 41 millones 762 mil 798 votos, y otra que indica que no se pueden abrir todos los paquetes, sino sólo los que permita la ley. Junto con este proceso judicial que tiene plazos, reglas y procedimientos establecidos, se abre la pista política de movilización social como la que se hizo durante el proceso de desafuero.


Sin embargo, hay diferencias con el desafuero, porque la parte legal estaba bajo sospecha y era evidente la manipulación política del expediente, además era ridícula la causa y oscuras las alianzas políticas que hubo entre PRI, PAN, Presidencia y Poder judicial, para sacar de la jugada a AMLO. Con la elección presidencial estamos ante un escenario diferente. El marco legal está plenamente establecido, la legitimidad del tribunal no está condicionada a su resultado, o no debería estar, y se supone que los actores del proceso están jugando las cartas de la legalidad. Sin embargo, hay que tener cuidado con la movilización, porque el mismo AMLO ya declaró que la aceptación del resultado del tribunal será acatado dependiendo de lo que "diga la gente".
Estamos ante un escenario crítico para la incipiente democracia mexicana; no sólo el tribunal tendrá que pasar la prueba del ácido con la calificación electoral, sino el sistema político en su conjunto estará a prueba. Ante la crisis postelectoral, el Tribunal Electoral está obligado a dar una respuesta extraordinaria para conjuntar gobernabilidad y estado de derecho. De esa resolución depende una buena parte del futuro democrático del país.
Investigador del CIESAS